El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dictado hoy un auto en el que requiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la mayor brevedad posible, un informe sobre la situación económico patrimonial del ex ministro José Luis Ábalos y de su hijo Víctor, conforme resulte de la consulta de fuentes abiertas, expresivo de las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; de los bienes inmuebles o vehículos que se hallaren registrados a nombre de uno u otro; y de su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes.
El juez, que instruye la causa que se sigue en el Supremo por diversos delitos en relación con contratos de emergencia suscritos durante la pandemia de la COVID formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, ha dictado un auto en el que retoma las diligencias una vez obtenido el suplicatorio del Congreso de los Diputados que suspende la inmunidad de José Luis Ábalos.
Además de designar a la UCO como policía judicial para actuar en la causa y encargarle el informe citado, el juez cita de nuevo a Ábalos para el 18 de febrero, ya con el estatus propio de investigado en la presente causa especial tras la concesión del suplicatorio, teniendo lugar tras la comparecencia la ponderación de la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal respecto a él, según señala el auto. El ex ministro declaró en la causa el pasado mes de diciembre de forma voluntaria.
LLAMADAS ENTRE ÁBALOS Y LOS DEMÁS
El juez requiere también a la UCO informe efectuado a partir de las comunicaciones telefónicas realizadas y demás actuaciones efectuadas hasta el momento de los hechos que conciernen a los tres investigados en la causa (José Luis Ábalos Meco, Koldo García Izaguirre y Víctor Gonzalo de Aldama Delgado), debiendo expresarse, además, la totalidad de los terminales o dispositivos intervenidos a cualquiera de los dos últimos en el curso de las investigaciones ya practicadas, con especial referencia a los mensajes que, en este momento de la investigación, aparezca pudieran haber intercambiado, desde cualquiera de los terminales intervenidos, Aldama con José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, el ministro Ángel Víctor Torres o subordinados de éste, el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, o con cualquier otra persona aforada ante el Tribunal Supremo.
Asimismo, pide la identificación de las personas que procedieron a contratar laboralmente a Jessica Rodríguez García, primero en INECO y luego en TRAGSATEC.
Igualmente interesa de la UCO que de manera periódica se participen al instructor los avances en la investigación que pudieran resultar de los materiales intervenidos hasta este momento en el procedimiento, aún pendientes de ser analizados.
En el auto, el juez cita para el mismo 18 de febrero de nuevo al investigado Koldo García Izaguirre al efecto de que sea requerido para la formación de un cuerpo de escritura (comprensivo de firmas y texto), a los fines de practicar la correspondiente prueba pericial caligráfica con el propósito de establecer la eventual coincidencia entre su letra y la que figura en los documentos aportados por Aldama (relación de obras presupuestadas y “pantallazo” aportado en su declaración conteniendo nota manuscrita sujeta por una mano). A este mismo fin deberá ser designado perito calígrafo que elaborará al respecto el correspondiente informe.
Igualmente, se designará un perito, agente de la propiedad inmobiliaria, resultando el primero disponible de los mencionados listados a fin de que emita informe sobre el valor de mercado correspondiente a una determinada vivienda sita en Madrid cuyos datos se especifican.
El auto acuerda además requerir a través de su representación procesal a Víctor de Aldama para que aporte, en un plazo de diez días, relación de los pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que, según expresó, participaban el ministro Ángel Víctor Torres y/o don Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos en Madrid, fechas de los contratos y estancias y pago de los mismos. Y para que indique también si hubo algún pago a las «señoritas» a las que se refirió en su declaración y, en su caso, quién lo abonó.
También se deberá oficiar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al efecto de que informe acerca de los viajes oficiales, tanto dentro de España como hacia el extranjero, en los que, entre los meses de noviembre de 2018 a diciembre de 2022, Jessica Rodríguez García pudiera haber acompañado a José Luis Ábalos, así como la identidad de la persona o el número de cuenta desde la que se abonaron los gastos generados como consecuencia de la presencia de aquélla en el viaje.
El juez cita además como testigos a 17 personas entre los días 25 de febrero y 5 de marzo, entre ellos los ex altos cargos de Transportes Jesús Manuel Gómez García, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera, el director de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno Medina, Joseba García Izaguirre (hermano del investigado Koldo), Víctor Ábalos (hijo del investigado José Luis), la empresaria Carmen Pano y su hija, así como Jessica Rodríguez García, y varios empresarios. El auto señala que quienes, de ellos, estuvieren investigados en otras causas por hechos relacionados con la que se instruye en el Supremo, deberán comparecer asistidos de letrado.
