Una constructora que litiga contra la ex alcaldesa de Gandía y actual ministra del Gobierno de España, Diana Morant, amenaza con llegar hasta el último peldaño judicial para tratar de hace Justicia. Eso amenaza y mucho el posible regreso de Morant a la carrera política por la Generalitat valenciana. En realidad lo hace la constructora Inmobles Reunits de Catarroja SL (IRC), que ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Valencia el auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Instrucción 3 de Gandía sobre una denuncia que afectaba a la ministra socialista durante su etapa como alcaldesa de esta localidad.
El asunto se remonta a junio de 2015 cuando Morant, entonces alcaldesa que apenas llevaba unos días en el cargo acudió en apoyo de unos inquilinos que no pagaban el alquiler del edificio donde vivían, en la calle Perú de esta localidad valenciana, propiedad de IRC, convertidos de facto en okupas. Cuando una comisión judicial fue a desalojar el edificio donde se encontraban los okupas los policías locales de Gandía no acompañaron a la comitiva, al encontrarse entre los manifestantes antidesahucio a la alcaldesa Diana Morant y otros dos concejales de la corporación municipal de entonces.
UN PROBLEMA DE MORANT
En 2006 el Ayuntamiento adjudicó a la citada empresa IRC la construcción de 79 viviendas de protección pública en régimen de alquiler para personas mayores discapacitados o menores de 35 años, con un plazo de duración de la concesión de 50 años desde el acuerdo de adjudicación. En 2011 concluyeron las obras y las viviendas se explotaron en régimen de alquiler, por el que se estableció un canon a cargo de la contratista. Entre los derechos de la concesionaria figuraba percibir las contraprestaciones por el uso del inmueble por las rentas de quienes habitaban las viviendas. Pero los inquilinos dejaron de pagar y la empresa inició los trámites para el lanzamiento, que un juzgado aprobó y quiso ejecutar en junio de 2015.
Cuando la Comisión Judicial de los Juzgados de Gandía que iba a ejecutar la sentencia se encontró con miembros de la Plataforma Antidesahucios (PAH) de la Safor junto a la nueva alcaldesa y dos concejales de Més Gandía (Sumar) y sin el auxilio de la policía municipal decidieron dar media vuelta y volver sobre sus pasos sin echar a nadie.
DENUNCIAS
Entonces la constructora denunció al ayuntamiento de Gandía y al equipo de gobierno por prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Junto a ellos en 2023 también presentó denuncia el anterior alcalde de la localidad, el popular Arturo Torró. Las denuncias siguieron su cauce legal, pero mientras esto ocurría Morant dio el salto a la política nacional, llamada por Pedro Sánchez para formar parte de su gobierno en representación del cupo socialista valenciano que entonces lideraba Ximo Puig y ahora lidera la ministra.
Aquel «no desahucio» provocó un efecto llamada entre otro tipo de okupas, más peligrosos y menos inocentes que los que vivían allí entonces, y el bloque se convirtió en un edificio de narcopisos, donde incluso se produjo un asesinato en 2017.
Cuando Diana Morant fue nombrada ministra de Educación, en julio de 2021, los denunciantes pidieron que la querella fuese trasladada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo dada su nueva condición de aforada como ministra de España. Pero el juzgado de Instrucción de Gandía decidió hacer oídos sordos a la petición de la acusación y nunca dio traslado de la querella al Supremo y siguió adelante con la instrucción. Los querellantes también pidieron que se enviase copia de las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción y que se aportasen los informes que realizaron la arquitecta municipal y el jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Gandía.
Pero el juzgado instructor de Gandía incluso llegó a decir en una providencia el 19 de noviembre de 2023 que «a la vista del acuse negativo por motivo «ausente en reparto» a Diana Morant Ripoll, procédase a la averiguación domiciliaria para su conocimiento», ignorando la condición de ministra de Morant.
En su recurso ante el juzgado cuando dio por finalizadas las diligencias la constructora argumentaba lo que parecía obvio y era que «lo cierto es que pese a la relevancia y notoriedad de Diana Morant, el conocimiento que se presupone tiene del proceso habida cuenta de su indubitada vinculación con el resto de los investigados no consta que haya dado cumplimiento a su deber de ponerse a disposición de este Juzgado, por lo cual entendemos que debe procederse a su inmediato emplazamiento a fin de evitar que Diana Morant alegue en el ejercicio de su derecho a la defensa, cualquier tipo de indefensión que pueda conllevar una eventual nulidad de actuaciones, atendiendo al avance y estado de la causa a día de hoy».
Además, el ex alcalde Arturo Torró, que también ejerce la acusación en el caso pidió la prórroga de la instrucción durante seis meses más para evitar su caducidad: «La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) establece que las diligencias de instrucción se practicarán en el plazo máximo de 12 meses a contar desde la fecha del auto de apertura de diligencias previas o el sumario, si bien, en el caso de que no se pueda concluir la instrucción en el término acabado de referencia, se podrá declarar la complejidad de la causa, a petición del Ministerio Fiscal o de cualquier otra parte acusadora personada en el procedimiento antes del plazo para la finalización de la instrucción, solicitándose su prórroga por períodos iguales o inferiores a 6 meses», ya que faltaban testificales por tomar y el examen de numerosa documentación aportada.
La empresa Inmobles Reunits de Catarroja SL, a la que el Ayuntamiento obligó a realizar obras de reforma y mejora en el mismo a pesar de no poder cobrar los alquileres, pedía 777.476,23 euros en concepto de responsabilidad patrimonial a la entonces ministra de Educación y ahora ministra de Ciencia.
El juzgado instructor decretó el sobreseimiento provisional de ambas denuncias pero tanto la constructora como Torró acudieron a la Audiencia Provincial de Valencia en apelación para pedir que tanto Diana Morant como Isabel Santapau, asesora jurídica del ayuntamiento de Gandía, y José Manuel Prieto, actual alcalde de Gandía. Pide, igual que la constructora, que se «revoque el archivo dictado por el Juzgado Instructor, ya que su actuación (de los querellados) además de ser constitutiva de delito de prevaricación y constituir un fraude a la administración, se ha cometido produciéndose un grave perjuicio a las arcas municipales (…)».
Ahora la Audiencia Provincial deberá decidir si reabre la causa o si envía al Tribunal Supremo todas las diligencias practicadas para que se pronuncie sobre el mismo. Pero de momento, la espada de la Justicia se cierne sobre Diana Morant.
