La juez Beatriz Biedma que instruye la causa contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha pedido a Presidencia del Gobierno en el Palacio de la Moncloa que «a la mayor brevedad informe a este juzgado sobre los puestos que haya ocupado Luis María Carrero Pérez, fecha de inicio y finalización de los mismos, contratos laborales firmados y motivo y fecha de la extinción de su relación laboral». Lo hace porque consta «en los correos electrónicos intervenidos que Luis María Carrero Pérez, cuya relación laboral está siendo investigada, tenía relación personal con el investigado Sr. Sánchez antes de ser contratado por la Diputación».
Hay que recordar que Carrero está ahora adscrito a la oficina de Artes Escénicas de Sánchez, siendo uno de los dos trabajadores bajo su cargo, según declaró el propio músico en sede judicial, pero antes trabajó como funcionario en Moncloa. Numerosos mensajes entre Carrero y Sánchez dan cuenta del grado de afinidad entre ambos, mucho antes de comenzar a trabajar en Badajoz, ya que el primero llama «hermanito» coloquialmente a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno en vario de los mails que se cruzan. Los correos demostrarían que Carrero también colaboró incluso con él en la búsqueda de subvenciones para los proyectos de óperas de David Sánchez. Su puesto actual es el de jefe de la Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, desde su incorporación a la Diputación en noviembre de 2023, pero todo el mundo sabe en Badajoz que es la mano derecha de David Sánchez.
La juez también libra oficio para que «el Teatro Real de Madrid informe sobre si el investigado David Sánchez Pérez-Castejón ha tenido o tiene cualquier tipo de relación laboral con dicha Institución; si ha ocupado u ocupa algún tipo de cargo en cualquier órgano, aportando en su caso las remuneraciones que le hayan sido abonadas y si existen acuerdos o cualquier tipo de Convenio entre el Teatro y la Diputación de Badajoz desde septiembre de 2016 hasta la actualidad». Las acusaciones populares sospechan que Sánchez cobró una «colaboración» con el Teatro Real perteneciendo a la plantilla de la Diputación y por eso la juez practica esa diligencia, «puesto que consta tanto en informe como en declaraciones ya practicadas que no ha solicitado compatibilidad alguna y que la misma no procedería legalmente».
TRABAJO DE DAVID SÁNCHEZ
Entre la prácticas de diligencias probatorias que pide la juez hay un requerimiento «a la Diputación Provincial de Badajoz, a través del letrado del Gabinete de Asuntos Judiciales de la misma (…) para que aporte ante el juzgado la siguiente documental: «documentación relativa al procedimiento de creación y provisión de la Jefatura de Servicio de Coordinación y Gestión Administrativa de los Conservatorios de Música. Las actas de las denominadas Reuniones de Presupuestos, que al parecer tuvieron lugar entre el 10 y el 11 de octubre en la localidad de Valdivia. Los informes periódicos o puntuales sobre el grado de consecución de los objetivos programados y planes de actuaciones, así como de cuantas actividades sean realizadas emitidos por David Sánchez Pérez-Castejón desde el inicio de su actividad en la Diputación hasta el día de hoy».
En otro apartado del auto la juez cita dos testigos el día 14 de febrero, el primero es Álvaro Jaén Barbado, secretario general de Podemos «que según el atestado denunció con fecha 3-7-2017 la creación de un puesto de Alta Dirección objeto de las presentes actuaciones». En el mismo sentido la juez Biedma cita a Francisco Serrano Murillo, «quien como representante del CSIF se opuso a la creación de la plaza en la Mesa de Negociación que tuvo lugar el 26-10-2016, extremo que ha sido objeto de preguntas en las declaraciones ya practicadas».
Estas testificales se unirán a otras previstas para el 7 de febrero de este mismo año. En concreto, para esa fecha están llamados a declarar al actual profesor de violín en el Conservatorio Profesional de Música ‘Juan Vázquez’ y aspirante al puesto de ‘Coordinador de las Actividades de los Conservatorios’, Nersés Avakimyán Gasparóv, y a un trabajador del área de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz José Luis Albarrán.
También ha sido llamado a declarar como testigo ese mismo día el jefe de Servicio del Área de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz, José Ramón Suárez, y Julián Expósito Talavera, encuadrado actualmente en la dirección de Área de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación de Badajoz.
En este último auto la juez también desestima las peticiones de sobreseimiento de la causa para varios de los imputados, entre ellos el actual presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Tanto él como David Sánchez están acusados de delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
