Este pasado martes el empresario Víctor de Aldama aportó ante el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional un escrito para oponerse a su entrada en prisión pedida por la acusación popular ejercida por el PSOE. El juez Santiago Pedraz, que instruye la causa Hidocarburos en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional acabó rechazando esta medida el miércoles. Lo curioso es que entre las pruebas aportadas por Aldama a la Fiscalía Anticorrupción, además de un whatsapp con la mano derecha de la ministra Montero, Carlos Moreno, el empresario también argumenta que en su teléfono móvil todavía se guarda «una amplia lista de contactos, incluso con miembros del Gobierno actual, Jefes de Gabinete o responsables de empresas públicas».
Uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de Aldama y que sirvió para que el juez desestimase su entrada en prisión fue que su «colaboración con la Justicia obviamente no ha terminado. Se está a la espera de completar el análisis del contenido del teléfono móvil (…) donde se contiene información relevante tanto para el esclarecimiento e los hechos a que se refiere el presente procedimiento (…) como a los relativos a la Causa Especial 20775/2020 seguida ante el Tribunal Supremo».
Y añadía que, en particular, «en el referido dispositivo se contiene una amplia lista de contactos, incluso con miembros del Gobierno actual, Jefes de Gabinete o responsables de empresas públicas, con los que se mantuvieron comunicaciones de whatsapp de interés para la investigación y a las que es necesario poder acceder completamente para poder acreditar varios de los hechos que fueron objeto de la declaración prestada el pasado 21 de noviembre ante el Juez Central de Instrucción número 2 y la posterior (…) del Tribunal Supremo (…)».
Asimismo, llama la atención que el propio Aldama pidiera acceder a sus iPhones intervenidos ya que «tras un primera análisis, aunque ya se dispone de datos relevantes, se aprecia que resultará necesario que se nos faciliten los terminales incautados para poder realizar nuevos volcados de parte, al haber apreciado, según informe de perito forense, que algunas de las contestaciones de whatsapp de miembros del Gobierno (no sucede lo mismo con otros interlocutores) aparecen con un mensaje de «el código de seguridad ha cambiado» que impiden acceder a su contenido (…)». Y ponía como ejemplo que «no puede verse la contestación relevante de D. Carlos Moreno sobre la conversación relativa al aplazamiento de la deuda de Pilot Real State».
La defensa de Aldama decía al Juzgado sobre la petición del PSOE que «constituye una calumnia afirmar que se pretende pasar por prueba de colaboración un documento manifiestamente falso elaborado por él o por otro, construido para simular que responsables del PSOE ocultarían cuentas bancarias con saldos elevados en la República Dominicana. El Sr. Aldama no tiene nada que ver con este documento, al que simplemente se refirió por haber tenido conocimiento de que un tercero, perfectamente identificado, lo había presentado en la Fiscalía, a quien en su caso correspondería determinar su autenticidad. Ya solo faltaba que el PSOE se lo atribuya al Sr. Aldama en su afán difamatorio».
RECHAZADA LA PETICIÓN DE PRISIÓN PARA ALDAMA
El recurso finalizaba rechazando de plano la petición del PSOE porque «la pretensíón del PSOE presenta un inequívoco contenido coactivo e intimidatorio, que se sitúa en la estela del delito del articulo 464 del Código Penal (…). Es evidente que la prisión que se solicita no cumpliría ninguno de los fines constitucionales que la legitiman. Tan solo se pretende disuadir al Sr. de Aldama de seguir colaborando con la Justicia mediante su pretendida inocuización, esto es, su neutralización, lo que obviamente es una pretensión que encierra mala fe y abuso de derecho que debe ser rechazada de plano (…)», algo que finalmente ocurrió.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz puso en libertad al considerado como conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, por el caso de un fraude en Hidrocarburos, el 21 de noviembre de 2024. La decisión del juez se producía tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, y después de las confesiones realizadas por el empresario en su declaración voluntaria ante el magistrado que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno.
Aldama se encontraba en prisión provisional desde el 10 de octubre de 2024 cuando el juez Pedraz ordenó su ingreso em prisión por un fraude del IVA en hidrocarburos que supera los 180 millones de euros. De Aldama supuestamente habría hecho un papel de mediador en esta trama que están investigando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción todavía y ha pactado con el fiscal su colaboración a cambio de eludir, de momento, la prisión provisional. Durante todas sus comparecencias ha aportado datos y documentación relativa a las dos grandes causas en las que está inmerso como imputado.
