El grupo popular de la Diputación de Alicante ha anunciado que presentará una moción para impedir que el Gobierno central «recorte» el trasvase Tajo-Segura y reclamar que defienda su «plena operatividad, con el mantenimiento de las reglas de explotación», según ha afirmado la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna.
La también vicepresidenta segunda de la institución provincial ha manifestado que esta propuesta se someterá al próximo pleno a través de una moción para «evitar la importante reducción de los trasvases efectivos que propone el Ministerio de Transición Ecológica», ha informado el PP en un comunicado.
Serna ha añadido que «no es el momento oportuno para este procedimiento», ya que «estamos en plena fase de participación pública de los Esquemas de Temas Importantes para la planificación hidrológica» y «cualquier revisión debería realizarse una vez se cuente con los nuevos planes hidrológicos y utilizando series representativas que tengan en cuenta las situaciones de sequía sufridas en los últimos años».
Asimismo, ha señalado que desde el PP pedirán al Ministerio que los municipios receptores de agua procedente del trasvase Tajo-Segura dispongan de una representación en la Comisión de Explotación del Trasvase, «en las mismas condiciones en que se encuentran representados los municipios ribereños del Alto Tajo».
La diputada ha subrayado que «los recortes propuestos supondrán un grave perjuicio para todos los sectores económicos de nuestro territorio, desde la agricultura hasta la industria o el turismo, sin olvidar que se pone en peligro también el abastecimiento de muchos municipios». Además, ha señalado las «importantes» repercusiones ambientales en la lucha contra la desertificación y el cambio climático.
Actualmente, el 66% de la superficie regable de la provincia de Alicante depende del trasvase Tajo-Segura y un millón de habitantes se abastecen gracias a esta infraestructura, ha remarcado.
La moción manifiesta la defensa del trasvase «como garantía del abastecimiento urbano, las actividades turísticas, la industria y las actividades agrarias», así como «garantía del empleo, el desarrollo socioeconómico de nuestra población, la seguridad alimentaria, la lucha frente a la desertificación y el cambio climático».
Serna también ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que «no se pliegue ante el Gobierno de Castilla-La Mancha que, según se ha publicado, quiere redactar una ley autonómica para vetar o frenar el trasvase de agua al Segura».
La responsable ‘popular’ ha recalcado que las competencias en materia de trasvases «son exclusivas del Estado». «Aquí, quien tiene que tomar las decisiones es el Ministerio para la Transición Ecológica y no el presidente de Castilla-La Mancha, el señor García-Page. Su objetivo siempre ha sido el mismo: acabar con el trasvase», ha alertado.
