Los funcionarios desconfían de Óscar López ante los «continuos incumplimientos» de Muface por la anulación de citas. CSI-F, el mayor de los sindicatos de funcionarios, cifra en «centenares de quejas diarias» por la anulación de las citas tras el fallido concurso público para tratar de contentar a las aseguradoras, que no las tienen todas consigo aún con la nueva subida, adelantada por MONCLOA el pasado fin de semana.
El Gobierno no ha hecho público ni el informe elaborado por la AIReF sobre la eficiencia del sistema de mutualidades ni tampoco los cálculos de las aseguradoras sobre rentabilidad que el Gobierno tampoco ha hecho público.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto un incremento de 330,5 millones de euros a repartir en el próximo trienio del nuevo convenio para tratar de compensar las pérdidas que sufren las empresas que han concurrido hasta ahora. En un inicio, el Ejecutivo ofertó un incremento del 17,5% frente a la anterior licitación, para después aumentarlo al 33%. No obstante, la subasta pública quedó desierta ante el reguero de números rojos que supone para las aseguradoras, cercanas a los 400 millones de euros.
El Ejecutivo se plantó por completo y decidió dejar la pelota en el tejado de las aseguradoras. En caso de no acudir, los 1,5 millones de beneficiarios, funcionarios y sus familiares, debían integrarse en el sistema público de Sanidad, de por sí tensionado por la falta de facultativos y el aumento exponencial de pacientes en los últimos años.
LAS ASEGURADORAS COBRARÁN UN 41,5% MÁS
Adeslas, DKV y Asisa deben mirar ahora las condiciones aprobadas por el Consejo de Ministros y considerar si realmente cubren así las pérdidas registradas de cara a la nueva licitación. Desde el inicio, estas tres empresas han exigido un aumento de las primas de al menos el 40%, mientras que ha sido en esta última oferta la que ha superado este listón, con un 41,5%, hasta los 4.808 millones de euros. Es decir, Muface engrosará su presupuesto en 1.276,5 millones respecto al convenio anterior.
Muface gozará de una nueva financiación adicional de 330,5 millones de euros bajo la excusa de incrementar las primas de aquellos grupos etarios que más precisan de una adecuada cobertura en los próximos años
En esta licitación, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido también al límite de la negociación. El pasado sábado y a menos de 48 horas para que expirase el plazo para presentar ofertas se anunció la modificación íntegra de la licitación, es decir, borrado y cuenta nueva para proceder a cambios significativos en los pliegos. No se trataba de un error aritmético o de una fecha cambiada, sino de una remodelación integral, una nueva reforma y un nuevo convenio.
Todo ello, tras un «análisis de las condiciones» para dar entrada a la compensación de las pérdidas, una nueva financiación adicional de esos 330,5 millones de euros bajo la excusa de «incrementar las primas de aquellos grupos etarios que más precisan de una adecuada cobertura en los próximos años». Este montante se acerca y mucho a los casi 400 millones de euros que perdieron las aseguradoras en el pasado convenio y que exigían ser compensadas por ello en la nueva licitación.
EL GOBIERNO SE NEGÓ A INCREMENTAR EL CONVENIO DE MUFACE Y HA ACABADO HACIENDO TRES OFERTAS
El Gobierno se negó desde el inicio, pero cuando ha visto las orejas al lobo ha cambiado de opinión para permitir esa subida. La contraoferta ha levantado una cierta polvareda en el ala de Sumar y Yolanda Díaz, contraria a Muface y a un convenio que consideran un sistema obsoleto tras 50 años en vigor.
El cambio de rumbo en Muface se debe a las «consultas» por parte de los licitadores, así como a la nueva información, sin que la mutua de los funcionarios y sus familiares haya dado a conocer en qué consistieron dichas dudas. Según pudo conocer este medio, este cambio se debe única y exclusivamente a la petición de las aseguradoras para la compensación de pérdidas. Sin esta premisa no habría ofertas y concurso resuelto por la vía desierta. Los funcionarios volverían a la Seguridad Social, sanidad pública y quien pueda pagar la privada que se quedase en la privada.
LOS RECHAZOS Y ANULACIÓN DE CITAS, A LA ORDEN DEL DÍA EN MUFACE
El principal problema es que Muface también la utilizan los funcionarios y familiares jubilados, de más de 70 años, una edad que supone una auténtica barrera para entrar en el sistema privado de salud. «Los rechazos por edad son constantes. Si no es por motivos de salud, lo es por motivos económicos al exigir unas altas primas a los pacientes», destacan fuentes de los funcionarios.
A este mismo problema se enfrentan los empleados del sector privado, quienes ven incrementadas las cuotas a partir de cierta edad, así como también por Muface, que se sufraga con un 17,5% de los mutualistas y un 80% del Estado. En la nueva oferta de Muface se mantiene el trienio del concierto y la nueva estructura de primas, que aumentará en función de la edad, con un incremento total del 41,2% a lo largo de los tres años.
En cuanto al concierto para la asistencia sanitaria en el exterior, se ha presentado una oferta en la licitación convocada con las condiciones aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 17 de diciembre, así que el proceso prosigue su tramitación con el análisis de viabilidad de la oferta presentada. Con todo, se mantiene la asistencia de los mutualistas hasta que se realice y ejecute la nueva licitación. No obstante, este es el principal obstáculo de toda la licitación.
LA HUELGA GENERAL ACECHA A TODOS LOS FUNCIONARIOS
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mantiene su convocatoria de huelga general para el próximo 13 de febrero ante la crisis en Muface «por la falta de un acuerdo definitivo entre Gobierno y aseguradoras que permita la firma del próximo concierto sanitario».
CSIF no solo tiene el respaldo mayoritario de los funcionarios, sino que suma también en otros colectivos afectados por la falta de una solución a Muface, como Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, cuyos agentes tienen prohibido acudir a la huelga general.
Tras reconocer el acercamiento de Adeslas para alcanzar un acuerdo modificando las condiciones ofrecidas a las aseguradoras y dejando sin efecto el plazo de presentación de ofertas, CSIF indica que miles de mutualistas y sus familias han visto comprometida su atención sanitaria.
En este sentido, apuntan que las miles de citas anuladas y las quejas recibidas en el sindicato han sido el detonante de esta huelga general que tendrá lugar el próximo 13 de febrero. No es la única gran acción de este sindicato liderdo por Miguel Borra, ya que ha denunciado la situación ante la Fiscalía General del Estado por las responsabilidades que pudieran derivarse de esta situación, sin descartar a la vía judicial que corresponda.
