Cuerpo y Díaz dinamitan la paz social con los empresarios

Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo dinamitan la paz social empresarial con la aceleración de los trámites para reducir la jornada laboral de las 40 a las 37,5 horas semanales. Los ministros de Trabajo y de Economía, respectivamente, toman la decisión de forma unilateral tras consensuar con los sindicatos la bajada del número de horas trabajadas, apartando a la CEOE en la negociación, un hecho que rompe por completo los consensos establecidos hasta ahora.

Carlos Cuerpo frenó los pies a Yolanda Díaz, pero la presión del ala más izquierdista ha abocado a la «vía de urgencia» para conseguir la reducción de la jornada laboral. Según Cuerpo, la decisión se ha adoptado tras una supuesta revisión de estudios y análisis, que no ha dado a conocer el Ministerio de Economía. Con estas prisas, la reducción de la jornada laboral vería la luz entre abril y mayo, es decir, justo antes de la época de contratación de cara al verano, con un récord de turismo en España.

La medida va en paralelo con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se ha quedado en el tintero hasta ahora. Este incremento junto con la reducción de la jornada supone la ilusión económica para quienes no lleguen a los 1.184 euros al mes o lo que es lo mismo 16.576 euros en 14 pagas frente a los 1.134 euros actuales o 15.876 en 14 pagas.

EL PNV, A FAVOR; TODO DEPENDERÁ DE JUNTS

Con la luz verde de Economía, que tenía que tener también el visto bueno de otros Ministerios, como Hacienda y Seguridad Social, entre otros. El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a poner de manifiesto que se pueden aprobar medidas de urgencia, mientras mantiene como rehenes a los pensionistas y trabajadores por la sonora derrota de su ‘decreto ómnibus’, congelando así las pensiones para este 2025, como ya hiciera el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se volverá a reunir este martes 29 de octubre con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, en la que previsiblemente será la última reunión para negociar la reducción de la jornada laboral si la patronal sigue sin aceptar llevar el tiempo de trabajo por ley de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial. En este nuevo encuentro, tal y como avanzó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el Ministerio de Trabajo pondrá encima de la mesa "la última oferta" para sumar al acuerdo a la patronal española: ayudas directas a la productividad para aquellos sectores más alejados de las 37,5 horas, como el comercio, la limpieza o las peluquerías. "Haremos la última oferta en la mesa del día 29, esperaremos a que las organizaciones nos respondan, y si podemos contar con la patronal, será para nosotros una gran noticia, pero si no podemos contar con ella, intentaremos un acuerdo con las organizaciones sindicales", advirtió Pérez Rey. La ministra del ramo, Yolanda Díaz, ya venía avisando de que la negociación estaba "en la recta final" y que convocaría alguna mesa más para negociar la medida, pero para cerrar un acuerdo ya sea para el "sí o para el no". "La patronal tiene que decidir si se coloca del lado de los intereses de las pequeñas empresas o hace otra cosa, como ya hizo en el salario mínimo", afirmó Díaz. El Ministerio de Trabajo y Economía Social lleva negociando la reducción de jornada desde enero con sindicatos y patronal, con encuentros que se han producido tanto de manera bipartita --sindicatos y patronal -- como de manera tripartita --Ministerio y agentes sociales--. Durante este tiempo, Trabajo ha intentando atraer a la CEOE al acuerdo a través de distintas ofertas: un plan de acompañamiento y asesoramiento a pequeñas y medianas empresas de menos de 10 trabajadores afectadas por la reducción, un plan de bonificaciones a la conversión de contratos a tiempo parcial en empleos a tiempo completo, así como bonificaciones de contratos indefinidos que realicen las pymes de menos de 10 trabajadores como consecuencia de la aplicación de la rebaja de la jornada. A estas propuestas, se sumará la oferta que el Ministerio de Trabajo planea poner encima de la mesa este martes para que CEOE y Cepyme muevan ficha y decidan sumarse al acuerdo. De lo contrario, Trabajo ha avisado que dará la negociación por finalizada e intentará un acuerdo solo con las organizaciones sindicales. "Nosotros hemos llegado hasta aquí, creo que hemos demostrado que sí es posible un acuerdo, que hemos propuesto todo tipo de medidas encima de la mesa y ahora tiene que dar una última respuesta la patronal a esta última medida", indicó Díaz el pasado lunes. GARAMENDI (CEOE) AVISA DE QUE NO LE GUSTAN LOS "ULTIMÁTUMS" Por su lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha avisado a la ministra de que no le gustan los "últimátums", en referencia al aviso de Trabajo de que la reunión del martes será la última, y ha asegurado que él está defendiendo "la negociación colectiva" y que "se cumplan los convenios". De igual manera, Garamendi ha asegurado que pese a los anuncios del Gobierno de bonificaciones y ayudas directas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a poner en marcha la reducción de jornada, la patronal española no ha recibido ningún documento todavía. "No sabemos de qué se está hablando", recalcó Garamendi. CCOO Y UGT PEDIRÁN A TRABAJO UN ACUERDO "SIN CONCESIONES" Por su lado, desde CCOO y UGT han trasladado a la ministra de Trabajo que en caso de que la CEOE no se sume al acuerdo y el Gobierno tiré por la vía parlamentaria para reducir la jornada, pedirán al Ministerio un acuerdo "sin ninguna concesión" a la patronal. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha avisado a la CEOE de que "se le acaba el tiempo", ya que el Gobierno mandará al Parlamento la medida "haya acuerdo o no" tras plantear la última propuesta este martes en la mesa de negociación. Por su lado, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha indicado que la postura de la patronal en la mesa de negociación es de "puro obstruccionismo", y ha añadido que la negociación "ya no da más de sí". Estas denuncias han sido realizadas por los líderes sindicales desde hace varios meses, después de que las negociaciones quedaran encalladas en verano por la negativa de la CEOE de mover ficha. Por este motivo, ambos líderes sindicales han pedido al Gobierno que se "valiente" y reduzca la jornada después de 40 años desde que el Gobierno rebajara el tiempo de trabajo por última vez, y para cumplir también con el compromiso del acuerdo de coalición.

Cuerpo afirma que la negociación parlamentaria correrá también rápido una vez se retome la normalidad en el Congreso de los Diputados al ser declarado el mes de enero inhábil. La negociación pasará también por Junts y el PNV, más proclives ahora a relajar las tensiones a los empresarios y protección de las empresas afincadas en Cataluña y el País Vasco. Los nacionalistas vascos rechazaron el impuesto a las eléctricas, pero está por ver el signo de su voto con la reducción de la jornada laboral, aunque son favorables a reducir la jornada laboral.

Además, también está por ver la forma de presentarla en la Cámara Baja. En el PSOE no descartan un nuevo decreto ómnibus con esta medida y la revalorización de las pensiones con el fin de presionar aún más al PP y al resto de la oposición.

Por el momento, en Economía muestran sus reticencias a la hora de hacer realidad esta medida, dado que conseguir los apoyos será una cuestión de pacto y Carles Puigdemont no está por la labor de mantener al PSOE en La Moncloa sin precio alguno. De hecho, no se descartan modificaciones respecto al texto inicialmente aprobado.

LAS ADVERTENCIAS DE FEDEA A LA REDUCCIÓN DE JORNADA

La medida ha sentado como un jarro de agua fría en la CEOE, que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad debido a que este tipo de asuntos debe discutirse en el seno del diálogo social, torpedeado por el propio Ejecutivo. Según la normativa vigente, es la «negociación colectiva» la que tiene «toda» la capacidad para reducirla y distribuirla con gran flexibilidad.

La reducción de la jornada laboral traerá una subida de los costes salariales unitarios para buena parte de las empresas

Algunos análisis, como Fedea, apuntan que este tipo de medidas con salarios constantes supone una «subida de los costes salariales unitarios para buena parte de las empresas, dado que se calcula que la medida afectará al 67% de los ocupados según la EPA -o al 74% de los trabajadores sujetos a un convenio colectivo».

Además, «esta imposición podría tener efectos adversos sobre la competitividad de las empresas y la evolución del empleo y el PIB». Cabe esperar, además, que «las empresas traten de revertir sus efectos sobre los costes en la negociación de futuros convenios».

Otra de las consecuencias adversa de la reducción de la jornada laboral se centra el incremento del «uso de las horas extraordinarias, la compensación de la reducción con más días de vacaciones sin un cambio real de las jornadas laborales, la expulsión del tiempo de trabajo efectivo de pausas o permisos, el aumento de contratos a tiempo parcial de escasas horas, o la puesta en riesgo de la desconexión digital si se mantienen exigencias de rendimiento».

LA CEOE CARGA CONTRA DÍAZ POR LA REDUCCIÓN DE JORNADA

El líder de los empresarios, Antonio Garamendi, ha cargado contra Díaz por las formas utilizadas en la negociación por la ministra de Trabajo. «El Gobierno no puede separar por tramos, por fascículos, los temas que afectan a los costes de las empresas (…) Nosotros queremos hablar de todo. Si no estuviera encima de la mesa el tema de las horas, posiblemente estaríamos hablando del salario mínimo. Lo que decimos es que hay que hablar de todo, en conjunto», ha señalado el presidente de la CEOE.

Yolanda Díaz, seria tras tener que dar explicaciones en el caso Errejón
Yolanda Díaz, seria tras tener que dar explicaciones en el caso Errejón

Garamendi, además, ha cargado contra el «monólogo social» de Díaz al señalar que las decisiones contrarias a las empresas estaban tomadas con antelación. «La ministra llama diálogo social a algo que no es. El diálogo social es tripartito, el bipartito es solo de trabajadores y empresas», ha señalado.

El grave problema de romper este diálogo social pesará especialmente en gremios formados por autónomos y pequeñas empresas, como peluquerías, panaderías o bares, quienes deberán abonar ahora 2.000 euros al mes por trabajador, independientemente de donde residan, pueblos pequeños, medianos o grandes urbes. El montante es muy elevado y pone en riesgo el desarrollo de la España rural.