El vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, se opuso al proyecto de la cátedra extraordinaria sobre la Transformación Social Competitiva (TSC) que dirigió Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La declaración de Coello de Portugal se produjo el pasado miércoles, en pleno desfile empresarial por el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, con Juan Carlos Peinado al frente de la investigación judicial. El juez llamó ese día a los representantes de Telefónica, Indra y Google por ser las empresas que sufragaron los costes del software, así como a personal de la Complutense, como Elvira Gutiérrez y a los representantes de la fundación de Manpower y Arsys, que llegaron a acuerdos con la cátedra de Begoña Gómez.
Según fuentes jurídicas y presentes en las declaraciones, consultadas por MONCLOA, las declaraciones de Coello de Portugal y Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Complutense, volvieron a apuntar al rector de la universidad, Joaquín Goyache Goñi, imputado en la causa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, mientras se investiga a la mujer del presidente del Ejecutivo por esos dos mismos presuntos delitos, junto con el de intrusismo laboral y apropiación indebida.
Las acusaciones, además, se han querellado contra Begoña Gómez por cometer presuntamente un delito de malversación al hacer uso de recursos públicos en su beneficio personal y profesional, ajeno a la Administración.
BEGOÑA GÓMEZ Y SU AYUDANTE BUSCARON LA FORMA DE PATENTAR EL SOFTWARE
Doadrio relató que la iniciativa de la plataforma surgió en 2021 y que lo hizo con Begoña Gómez y su asistente de La Moncloa. Fue él quien les asesoró para patentar el software a nombre de la universidad. «Tengo un wasap de Cristina Álvarez (…) que me dice: «Necesito unos datos tuyos para la patente de la plataforma». El software, no obstante, no quedó en manos de la Complutense, según confirmó por escrito al juez. De hecho, el centro universitario se vio trató de entrar como acusación en el caso al verse afectado.
«En una visita me preguntaron cómo había que pagar porque había que terminar la plataforma», apuntó. La reunión se produjo en su despacho y tras el rechazo de Indra, Telefónica y Google para concluir el trabajo altruista y que había costado más de 150.000 euros.
A pesar de estar citadas, el juez Peinado no toma declaración a Indra por haber enviado a su apoderado y no al representante legal, mientras que Google tuvo problemas técnicos al no poder conectarse por videoconferencia.
El juez Peinado planteó a Coello de Portugal cuatro preguntas que versaron sobre los cambios en el organigrama de las cátedras, la responsabilidad de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid -departamento del que dependían las dos cátedras de Begoña Gómez-, la firma de las adendas de la cátedra extraordinaria y sobre el contacto con las patrocinadoras de los estudios dirigidos por Begoña Gómez.
EL PRINCIPIO DE PRUDENCIA CONTABLE ANTE LA OPACIDAD DE LOS NÚMEROS DE BEGOÑA GÓMEZ
En cuanto al software, el vicerrector tuvo que realizar una serie de aclaraciones cuando afirmó que no se presentaron las memorias de gestión y actividad en tiempo y forma de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. «.
En este sentido, la Complutense inició las diligencias y abrió un expediente informativo. El órgano de la Complutense «realizó requerimientos a la Dirección de cátedra», apuntó Coello de Portugal.
«Tras tres comisiones mixtas, a las que asiste Begoña, se le solicita aportar la memoria, cosa que no hace», afirmó ante el juez Peinado. Coello de Portugal, en este sentido, indica que no conoce la documentación como tampoco el motivo de su no aportación.
A preguntas del abogado de Juan Carlos Barrabés, imputado también en la causa por corrupción y tráfico de influencias, Coello de Portugal negó que hubiera habido un coste o riesgo económico para la Complutense. «No entrañaba riesgo financiero alguno para la Universidad», zanjó.
COELLO DE PORTUGAL DESCONOCE EL ORGANIGRAMA
Por otro lado, el vicerrector de la Complutense aseguró desconocer los cambios en el organigrama de la cátedra extraordinaria TSC, como tampoco recuerda la responsabilidad de la Escuela de Gobierno, aunque apreció una «diferenciación entre la gestión económica y la académica», según su declaración.
En cuanto a las adendas, se firmaron en la Comisión de Seguimiento y en presencia de Reale Seguros y la Fundación La Caixa, mientras no conocía el contacto con las empresas patrocinadoras.
A preguntas de la acusación popular, Coello de Portugal indicó que el objetivo de las cátedras extraordinarias es el patrocinio de las actividades de la Universidad Complutense de Madrid con una labor de mediación en la firma de convenio por distintas entidades, una figura cuyo nombre técnico es el de «Plataformas Permanentes de Colaboración». Asimismo, aclaró que los estudios permanentes dependen directamente del vicerrectorado de la Complutense.
Asimismo, afirmó que hubo tres reuniones en enero de 2023. La primera de ellas fue sobre la memoria de febrero, una segunda para la diligencia de información y finalmente el cierre de cátedra. Es decir, la Complutense habló del cierre de la cátedra extraordinaria un año y cuatro meses antes de que estallara el caso Begoña Gómez, en abril del pasado año.
LOS SALARIOS DE BEGOÑA GÓMEZ
En cuanto a las retribuciones percibidas por los directores, codirectores y la propia Begoña Gómez, el vicerrector de la Complutense señaló que los salarios se fijaron en función de baremos «objetivos», pero aclaró que tenía competencia sobre la cátedra extraordinaria, pero no sobre las actividades concretas ni tampoco en la gestión económica de la misma. En este sentido, apuntó que era el centro gestor de la escuela de gobierno de la Complutense, en concreto de la «profesora Micheleno».
Cabe señalar que el equipo gestor de la Escuela de Gobierno de la Complutense alertó sobre la gestión de Begoña Gómez en relación al dinero público. María José Sánchez Rosales, entonces gerente del organismo dio el aviso por escrito por la polémica adjudicación al proveedor Making Science, que percibió más de 20.000 euros por un contrato tramitado por la mujer de Pedro Sánchez.
La adjudicación se realizó a petición de la directora de la cátedra extraordinaria sin haber seguido presuntamente el protocolo establecido. La propia interventora de la Complutense afirmó que se produjo una «inobservancia absoluta de los procedimientos». Este contrato se realizó a espaldas, supuestamente, de la Escuela de Gobierno.
EL VICERRECTORADO NO TENÍA COMPETENCIA EN LA CONTRATACIÓN DE BEGOÑA GÓMEZ
El vicerrector de la Complutense señaló ante el juez Peinado que carecía de competencia para la contratación de Begoña Gómez como directora de la cátedra extraordinaria de TSC, mientras otros testigos apuntan que fue por orden del rector, Joaquín Goyache Goñi, quien se defendió al asegurar que fue la Comisión Mixta de la propia cátedra la que decidió el nombramiento
Coello de Portugal desconoce, por otro lado, las negociaciones con las empresas que realizaron el software de forma altruista, pero afirmó que tuvo relación con la ayudante de La Moncloa, Cristina Álvarez, quien la acompañaba en la Complutense. Apenas hubo relación entre ambos. «Hola, adiós…» y poco más, puntualizó ante el juez Peinado.
Las respuestas no satisfacieron a la acusación popular al repreguntar sobre la relación con Cristina Álvarez. «Fue una relación espontánea, ella participaba en colaboración con Begoña, además de personal de seguridad y Blanca de Juan», respondió. En cuanto a las conversaciones y comentarios con la ayudante de La Moncloa y amiga personal de la mujer del presidente del Gobierno, solo tenían carácter «informal», siendo la cátedra extraordinaria su único tema a debatir.
DOADRIO SE REUNIÓ CON BEGOÑA GÓMEZ Y SU ASISTENTE
Por otra parte, Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Complutense y en ese cargo durante la contratación de Begoña Gómez para poner en marcha la cátedra extraordinaria TSC, acudió ante el juez Peinado en calidad de testigo, un testimonio que las acusaciones populares le otorgan un protagonismo significativo en esta causa al aportar numerosas pruebas.
Según las fuentes presentes en el interrogatorio a los testigos, Doadrio afirmó disponer de «ciento y pico» correos con Begoña Gómez y con Cristina Álvarez, apuntalando así una más que posible ampliación de querellas por malversación de caudales públicos debido al uso de personal de La Moncloa, adscrito al departamento de Presidencia, para fines privados y particulares de la esposa de Pedro Sánchez, a pesar de no ostentar título o cargo alguno en la Administración.
Cristina Álvarez es la mano derecha de Begoña Gómez desde su llegada a La Moncloa. Fue fichada en junio de 2018 y sucesivamente ha ido renovando su cargo y mantenerlo en la actualidad, aunque no pasó entrevista alguna.
LA ASISTENTE DE BEGOÑA GÓMEZ INTERVINO CON LAS EMPRESAS
Begoña Gómez la antepuso para pedir a las empresas del Ibex 35 y otras firmas para inscribir a empleados como alumnos en su cátedra extraordinaria, por los que cobraba entre 7.000 y 7.500 euros por matrícula al año. Para ello, Cristina Álvarez escribía desde su correo personal, pero también llegó a usar el del Ministerio de Presidencia, tal y como muestran los documentos a los que ha tenido acceso este medio.
Doadrio también explicó ante el juez Peinado que conoce a Begoña Gómez, a Juan Carlos Barrabés y a Juan José Güemes, imputados en la causa, pero aseguró que no tiene relación alguna con ninguno, como tampoco la tiene con el rector de la Complutense, Goyache Goñi.
Doadrio mantuvo al menos tres reuniones con Begoña Gómez para hablar de las adendas de la cátedra extraordinaria, pero ninguna de ellas se produjo en el complejo de La Moncloa, como sí hizo Goyache Goñi. Todos los encuentros con el entonces vicerrector de la Complutense se desarrollaron de forma privada y con el objeto de hablar de las adendas.
Según fuentes presentes en el interrogatorio a MONCLOA, «las adendas no eran son tales, sino convenios con la UCM, revisados por la jefa de servicios, de nombre Marina», pero no recordó los apellidos. Con la firma de las adendas, Begoña Gómez y Cristina Álvarez mantuvieron «reuniones periódicas, pero nunca para hablar de trabajo».
Asimismo, describió tanto la polémica aplicación informática como su funcionamiento, cumpliéndose los objetivos de la misma. «Sí, la plataforma se desarrolló con la financiación de Indra y Telefónica», apuntó. La comisión mixta de seguimiento de la cátedra extraordinaria fue la competente para desarrollar el software, en coordinación con Blanca de Juan.
Doadrio relató su inexistente relación con el Africa Center, ni tampoco conoce a Elvira Sánchez Trompeta, de la que dice que su cargo de interventora en la Complutense. No obstante, la persona que sí respondió a ese nombre niega cualquier vinculación con la Complutense, con Begoña Gómez ni con Goyache Goñi. No obstante, los abogados apuntaron el nombre exacto de la persona que estuvo al tanto de la cátedra extraordinaria y que había dado su testimonio en la Asamblea de Madrid, Elvira Gutiérrez Vierna.
