El Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno apuntan un nuevo punto de fricción entre el Gobierno central y el del consistorio, entre el PP y el PSOE, la eterna lucha desde hace casi siete años que tiene como principales damnificados a los madrileños. Esta vez es un tema que viene gestándose en el último año y es la inseguridad de la Calle Cullera en el madrileños distrito de Latina, una de las calles más peligrosas de Madrid.
El enfrentamiento se ha recrudecido desde que el verano pasado los vecinos han incrementado sus protestas ante los narco pisos que hay en dicha calle y que provocan un gran inseguridad en la zona. Robos con violencia, peleas y drogas son el pan nuestro de cada día. Y los vecinos continúan viviendo en un estado de alerta continua y bastante miedo.
Estos mismos vecinos relatan, de manera anónima, como es continuo las amenazas que reciben y la impunidad de los vendedores de droga y los consumidores que no solo realizan dichos actos en los pisos, sino que también permanecen en el portal gran parte del día. «Insultos y armas blancas» es lo que se ve a diario en esta calle, relata una vecina de la zona. Unos hechos que reconocen los propios policías que patrullan por la zona, y que a pesar del aumento, de efectivos no se ha podido contra restar del todo.
Estas mismas fuentes policiales indican que es cierto el uso intimidatorio de armas blancas contra los vecinos de la zona, «puesto que saben que son los que están presionando a las autoridades para cambiar la situación de venta y consumo de drogas que están viviendo y sufriendo». Cabe recordar que históricamente son los portales 12 y 14 de la calle Usera los que han sido lugar de predilección para instaurar estos narcos pisos, aunque la policía que vigila la zona, tanto municipal, como nacional, aseguran que esos lugares han mutado y se han movido a otros inmuebles y calles aledañas.
Cabe recordar que a finales del año 2020 tuvo lugar una gran redada policial con el fin de acabar con la venta de drogas en estos pisos que acabó con varios detenidos. Pero a las pocas semanas dichos detenidos volvieron a abrir los citados narco pisos y continuar con su actividad ilícita y perjuicio del vecindario, según comentaron varios vecinos del barrio a MONCLOA.COM. En Septiembre pasado hubo otra similar y el resultado ha sido el mismo, la reapertura de los narco pisos de forma casi inmediata.
Parte a la solución a esta situación es la eterna petición de estos vecinos de instaurar cámaras en la zona, que para los más despistados hay que señalar se encuentra situada cerca de las estaciones de Metro y Cercanías de Laguna. Los mismos vecinos y asociaciones vecinales que piden esas cámaras, son los que también indican que esa instalación anda perdida entre la burocracia y los enfrentamientos entre el Ayuntamiento de la capital y la Delegación del Gobierno. O lo que es lo mismo entre José Luis Martínez-Almeida y Francisco Martín.
TRABAS A LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS
Los vecinos están hartes en lo referente a este tema y recuerdan la difícil situación en la que viven. Además, de también de explicar que la petición de las cámaras data de 2020 y todavía en 2025 no se ha cumplido.
En este sentido, desde la Delegación del Gobierno la semana pasada y tras una visita de Martín a la zona convocó una mesa tripartita con el Ayuntamiento, la Comunidad y la propia Delegación. El objetivo de esta reunión será consensuar una estrategia común para hacer frente a este problema.
Algo difícil de lograr en estos momentos tras las críticas que el delegado del Gobierno realizó a las instituciones madrileñas a las que acusó hace unas semanas de “dejadez” en el ámbito de sus competencias y mostró su preocupación por los delitos relacionados con drogas y actividades delictivas asociadas al vandalismo.
Además, el propio delegado también sigue señalando al Ayuntamiento por la no colocación todavía de dichas cámaras. Martín en palabras a los medios expuso que «no entiende como su instalación en la calle Cullera se sigue demorando. Es incomprensible. La demanda por parte de los vecinos viene desde muchos meses atrás, desde hace años, y todavía seguimos en una realidad sin esas cámaras de videovigilancia». Además, ha querido recordar que desde octubre el propio consistorio aprobó la colocación de dichas cámaras.
Por su parte, y en respuesta a estas acusaciones desde el Gobierno municipal han respondido que cada proceso tiene una serie de trámites, requisitos y tiempos para mantener el orden y la seguridad en todos los ámbitos de los ciudadanos, «los procedimientos administrativos tardan lo que tardan», subrayaron desde el Ayuntamiento.
«Lo que tiene que hacer es ocuparse de sus competencias, que es lo que no hace. Le vamos a pedir que deje de buscar foco y que se ocupe de sus competencias. Seguimos con las cámaras de vigilancia y hemos acortado los plazos, pero ajustándonos a la legalidad. Entendemos la demandad de los vecinos pero los procedimientos administrativos tardan lo que tardan», ha manifestado Sanz para Telemadrid.
Ambas partes no parecen estar cerca de sus posiciones para solucionar esta problemática, los vecinos son los más perjudicados por la situación y demandan una solución pronto. De momento está lejos y como siempre los madrileños en medio de las disputas entre el Gobierno central y el municipal.
