Claudio Rivas Ruiz-Capillas, considerado por la UCO como uno de los dos «cabecillas» de la trama Hidrocarburos que presuntamente defraudaron a la Hacienda Pública 182 millones de euros, declaró el pasado 10 de octubre de 2024 tras su detención en León y ser trasladado a Madrid. El empresario, propietario de Villafuel, declaró el 10 de octubre ante el juez Santiago Pedraz, del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. Solo respondió a preguntas de su abogado y su declaración apenas duró 15 minutos. Una de las preguntas hacía referencia al dinero en metálico encontrado por la UCO durante el registro de su domicilio, en concreto una cantidad cercana a 13 mil euros que explicó que «eran para pagar una montería, puestos de caza, a 700 y pico euros cada uno».
De hecho, a Claudio Rivas se le intervinieron 3 rifles, 1 escopeta y 328 cartuchos en la armería de su casa de campo en Cilleros, provincia de Cáceres. Es aficionado a la caza. Además de las armas, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que intervinieron en la operación, se incautaron de 2 furgonetas Toyota, 5 Quads, una motocicleta de la marca Honda, un Boogie y un Land Rover. Al resto de miembros de la trama también se les incautaron cantidades importantes de dinero en metálico durante los registros.
Según los informes de la Guardia Civil la operativa de la trama se apoyaba en «disponer de una
estructura empresarial y personal que lo posibilite, y contar con la suficiente cualificación y conocimiento del mercado como para operar con efectividad. Del mismo modo, cuanto mayor sea el conocimiento de éste, mayor volumen de operaciones realizarán, ergo, mayor volumen de fraude obtendría la organización criminal. Es, en este punto, donde la dirección de la organización criminal anteriormente descrita conformó un grupo de personas con la cualificación suficiente como para desarrollar una operativa comercial, efectiva, rentable y exitosa, que operó bajo la dirección de los tres primeros».
Las investigaciones realizadas por la UCO y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), pusieron de manifiesto que Villafuel valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos, autorización sin la cual el fraude no habría tenido lugar», recoge el informe.
OPERATIVA DE HIDROCARBUROS
Los agentes continúan explicando que «esta operativa criminal, según se desprende de la investigación y del informe de 7 de mayo de 202416 de la Dependencia Regional de Inspección
de la Delegación Especial de Madrid de la AEAT, tenía como fin principal lograr la elusión del pago del 21% de IVA. Así, la organización criminal obtendría un «beneficio directo» que, posteriormente y a través de distintos canales de blanqueo, pondrían a su disposición para su
disfrute».
El informe de la UCO también recoge que «la investigación de los canales de blanqueo
empleados para el alejamiento y transformación de los presuntos fondos obtenidos ilegalmente, se ha considerado una de las principales líneas de investigación desarrolladas a través de la elaboración individualizada de los correspondientes catálogos de bienes titulados o vinculados por cada uno de los responsables de la organización criminal18, principalmente sobre los
aflorados durante éste periodo de investigación».
Este mismo miércoles MONCLOA relata como los investigadores de la Benemérita han logrado seguir el rastro de parte de ese dinero, en concreto 73 millones de euros, hasta cuentas bancarias ubicadas en Portugal, Colombia y China, así como identificar «sociedades receptoras de fondos procedentes de la operadora y de las suministradoras involucradas en la comisión del fraude, como punto intermedio o final, de canal de blanqueo que permitió, a los miembros directivos de la organización criminal, ocultar 73.902.852,60 euros de procedencia delictiva».
La UCO cree que tanto Aldama como Rivas usaron siete empresas como testaferros de la trama para evitar pagar a Hacienda el IVA de las ventas de hidrocarburos. La investigación comenzó con una denuncia de la Agencia Tributaria que se sustanció en un informe de mayo de 2024. Luego la Guardia Civil cotejó los movimientos de Víctor de Aldama, uno de los principales imputados en la Causa Koldo, con las conversaciones mantenidas dentro de la trama Hidrocarburos y es precisamente Aldama quien une las dos tramas, al lograr reunir a los responsables de Villafuel con responsables de Industria para intentar presuntamente mediar en la concesión de permisos para operar como mayorista en España.
Pero en esta caso solo se investiga el presunto fraude a la Hacienda pública y el posterior blanqueo de capitales.
