El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha citado este miércoles a declarar a los representantes de Google Spain, Indra y Telefonica, las tres grandes empresas que desarrollaron el software para la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez de manera altruista, pero que se retiraron del proyecto antes de su conclusión y eso obligó a la Universidad Complutense a terminar de desarrollar el software, sacando a concurso un contrato de 60.500 euros que se adjudicó finalmente Deloitte, que ejecutó el trabajo entre 2022 y 2023.
Peinado quiere saber por qué las tres grandes tecnológicas aceptaron un proyecto menor y gratuito codirigido por la esposa del presidente del Gobierno. Este miércoles, previsiblemente, Indra enviará a declarar a Gabriel Vila, director de su asesoría jurídica. Lo hace después de la tormenta en los puestos de alta dirección sufrida el fin de semana, con el trasvase del CEO de Indra a Telefonica y el nombramiento de un nuevo CEO en la tecnológica de Defensa.
DOS EMPRESAS DE INDRA TRABAJARON GRATIS
Existe expectación por saber si finalmente declarará Vila, ya que fueron Indra y dos de sus empresas, Indra Business Consulting (IBC) y Flat 101, las encargadas de desarrollar este trabajo para Begoña Gómez, gratis, a pesar de que ya reconocieron ante el juez que el gasto fue de 155.415,27 euros. Indra comenzó su colaboración con la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) tras firmar una adenda con la Complutense para desarrollar de manera gratuita una «Plataforma de Medición de Impacto Recurrente». A ese dinero hay que sumarle los 110.000 euros invertidos por Google también altruistamente y los 60.000 euros pagados por la Universidad Complutense a Deloitte para terminar el trabajo interrumpido.
Tanto IBC como Flat 101 facturaron «internamente esos trabajos a otra compañía del grupo, Indra Soluciones Tecnológicas de la Información». En cualquiera de los casos, la tecnológica le dijo a Peinado que «ni IBC ni ninguna otra compañía de Indra han disfrutado de beneficios o deducciones fiscales por dichos trabajos». En una nota de prensa fechada en mayo de 2024 Indra decía sucintamente lo mismo y además que «Indra y su filial Indra Business Consulting colaboran de forma altruista con diferentes universidades»
Es posible también que Indra alegue ante Peinado el posible conflicto de intereses cuando el Gobierno anunció que aumentaba la participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Indra del 18 al 28 por ciento tras su aprobación en el consejo de ministros y quizás por eso abandonó abruptamente el proyecto en el segundo semestre de 2022.
Por el juzgado también pasarán representantes de Telefonica y de Google. En el primer caso, se especulaba con la posibilidad de que lo hiciese Antonio Bengoa, director de Relaciones Institucionales, pero con los acontecimientos de las últimas 48 horas el nombre del compareciente está en el aire. Por parte de Google Spain se espera la comparecencia de Miguel Escassi, Director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales en Google España y Portugal, aunque cuando se firmó el convenio él no estaba en es puesto.
La empresa Google ya informó al juez Juan Carlos Peinado que invirtió 110.000 euros en el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) del que sospecha que se habría apropiado la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que se encuentra investigada por estos hechos.
Así se desprende de un documento fechado el pasado 22 de noviembre, en el que Google Spain respondió al requerimiento del magistrado. En el mismo, la compañía explica que en diciembre de 2022 Google Ireland Limited firmó un acuerdo de patrocinio con la Universidad Complutense en el que «se comprometía a patrocinar el Proyecto Transforma TSC mediante la aportación de 40.000 euros». «El proyecto consistió en el desarrollo de una plataforma gratuita que permite a las pequeñas y medianas empresas planificar la mejora de sus objetivos de desarrollo sostenible y medir el impacto de las medidas llevadas a cabo», apunta Google en la respuesta al magistrado.
A medida que el proyecto avanzaba, añade el documento, «su complejidad técnica fue aumentando progresivamente y resultó ser superior a la inicialmente prevista». «En este sentido, para garantizar la correcta finalización y ejecución del proyecto de acuerdo con los estándares de calidad de Google, se invirtieron otros 70.000 euros. La cantidad total que Google invirtió en el proyecto fue de 110.000 euros», añade. La compañía apunta además que «los gastos derivados del proyecto tuvieron tratamiento fiscal de gastos ordinarios. Por lo tanto, no supusieron ningún beneficio o incentivo fiscal», concluye.
En cualquier caso los tres deberán explicar si se reunieron con Begoña Gómez, cuántas veces y desvelar el contenido de esas reuniones ante el juez.
PRESUNTA APROPIACIÓN
El problema es que después de terminar el desarrollo del software la esposa de Pedro Sánchez registró la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y además controla el 100% de las acciones de una empresa que lo ofrece. Por eso Hazte Oir, una de las acusaciones populares en la causa, se querelló contra Begoña Gómez por apropiación indebida, acusación que se ha sumado a las de administración desleal, apropiación indebida, malversación e intrusismo.
Según señaló Peinado en un auto del pasado mes de octubre, estos hechos encajarían «evidentemente» con un presunto delito de apropiación indebida. «Se podría inferir, a priori, que la querellada, vinculada como codirectora de la cátedra de Trasformación Social Competitiva a la Universidad Complutense de Madrid, habría inscrito a su favor, como titular de la entidad Mercantil Trasforma TSC SL, la marca TSC Transformación Social Competitiva y posteriormente el software de la Cátedra Trasformación Social Competitiva, que había sido financiado por empresas, pero siempre para la Universidad Complutense de Madrid (UCM)», advertía entonces el magistrado.
BEGOÑA GÓMEZ CULPA A LA UCM
En otro informe elaborado por la Complutense en julio de 2024 la Universidad explicaba al juez que había formulado una solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas y que había confirmado «la existencia de dos marcas a favor de María Begoña Gómez Fernández» relacionadas con el citado software.
El informe también hablaba de la empresa de Gómez, Transforma TSC S.L. para asegurar que «la citada sociedad, entiende esta administración, por cuanto su denominación, persona que la constituye y objeto, pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y promotores del convenio para la creación de la cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva firmado entre la Universidad Complutense de Madrid y otras personas jurídicas».
La mujer de Sánchez negó todas estas acusaciones y durante el pasado mes de noviembre su abogado, Antonio Camacho, presentó en su descarga varios mails para demostrar que solo siguió indicaciones de la Complutense en este caso. Y durante su declaración judicial, afirmó que ella nunca tuvo «ningún afán de lucro» con el software.
