El PSOE se escuda en una directiva europea que defiende la labor de los periodistas para anular los efectos de las investigaciones de los medios de comunicación ante la Justicia, mientras todas las asociaciones de jueces, incluidas las denominadas progresistas, han mostrado su más absoluto rechazo a la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que ataca directamente al articulado de la Constitución Española. Asimismo, será más fácil la recusación de jueces a la hora de iniciar los procesos judiciales al tener prohibida cualquier manifestación política.
«Estupor» y «miedo» son las dos palabras más repetidas por las fuentes jurídicas consultadas sobre esta nueva ley propuesta y firmada únicamente por el PSOE, con la rúbrica de Patxi López en el texto. Los socios del PSOE, por su parte, no han tomado posición alguna sobre esta norma, más allá de la necesidad de introducir enmiendas al texto para arrancar el acuerdo.
Con todo, los jueces y fiscales consultados muestran «estupor», «miedo» y un enorme hartazgo por las injerencias del Ejecutivo en el poder judicial. Como ocurrió con la amnistía y los indultos tras las elecciones generales y con los continuos ataques a los jueces desde el propio Gobierno, las asociaciones han cerrado filas al considerar que la nueva ley está estrechamente ligada a los casos judiciales iniciados contra los familiares de Pedro Sánchez y obedece a dejar impunes los mismos por orden del Ejecutivo. «Casa muy mal con la igualdad de los ciudadanos ante la ley», ha apuntado María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
JUECES Y FISCALES SE LANZAN CONTRA LA NUEVA LEY
En este sentido, pone de manifiesto la posible inconstitucionalidad de la medida. «Se produce una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24», ha destacado. Para la líder de la APM, el veto del PSOE a la acción popular supone «una limitación tan estrecha y tan restrictiva del ejercicio de la acción que viene a inutilizarlo».
De hecho, las críticas de los jueces se centra en la acción popular que han llevado a cabo los partidos políticos, inmersos todos ellos en el caso Koldo, como PP, Vox y el propio PSOE, al ser «un instrumento contra el adversario político», pero ha permitido «condenas por delitos relacionados con la corrupción política».
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha lamentado que, si bien se está en «una fase muy incipiente de la tramitación parlamentaria», se acude conscientemente «a la peor de las técnicas legislativas imaginables, puesto que la ley por definición ha de tener vocación de generalidad y de aplicación en el futuro» en referencia a la propuesta del PSOE.
Para el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, se trata de un error incluir en esta proposición de ley la regulación de la figura de la acusación popular porque ésta debería abordarse en el anunciado proyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal, «dando un tratamiento coherente y ponderado al cambio de la responsabilidad de instruir».
Para la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a través de su portavoz, Félix Martín, la acusación popular está «consagrada en la Constitución», pero pone de manifiesto los abusos del uso que hacen los partidos políticos de esta figura.
EL SILENCIO DE LOS SOCIOS DEL PSOE
En Sumar se centran en sacar adelante la reducción de la jornada laboral, mientras los ministros del grupo parlamentario, Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy, Sira Rego, Mónica García y Yolanda Díaz se conjuraron para mostrar unidad y hacer frente al portazo del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a esta pretensión debido a la falta de acuerdo para hacer efectiva esta bajada en el número de horas por el mismo sueldo. La reunión se celebraba al mismo tiempo que Patxi López registraba la nueva ley orgánica, sin haberla consensuado previamente con el resto de grupos del denominado bloque progresista.
El PNV, por su parte, centraba el debate en Venezuela y en el reconocimiento de Edmundo González como el presidente legítimo del país latinoamericano, sin pronunciarse sobre la nueva norma que registró Patxi López. Bildu realizaba el discurso contrario que la derecha vasca, aupando a Nicolás Maduro, como el BNG, pero ninguno de ellos se ha pronunciado sobre esta propuesta del PSOE.
Tanto PP como Vox, por su parte, han atacado duramente a los socialistas al considerar que la reforma propuesta vulnera los principios democráticos y atenta contra la Constitución, casi en la misma línea que las acusaciones populares de los casos de corrupción que cercan a La Moncloa, como el caso de Begoña Gómez, David Sánchez y el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se enfrenta a una imputación por revelación de secretos y se indaga ahora en el borrado de su teléfono móvil.
El PSOE presenta esta nueva normativa en plena investigación de estos casos de presunta corrupción que cercan al núcleo familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su principal fiscal, aquella que el propio Sánchez preguntó a un periodista: «De quién depende» la Fiscalía. «Del Gobierno», respondió el entrevistador, a lo que Sánchez remató con un «pues eso».
PATXI LÓPEZ, LA ÚNICA FIRMA EN EL DOCUMENTO
Patxi López ha materializado así la amenaza divulgada por Félix Bolaños, ministro de Justicia, hace solo unas semanas, cuando puso en entredicho la labor de las acusaciones populares y afirmar después que ninguno de los casos investigados y que afectan a familiares de Pedro Sánchez acabaran en condena al no haber «nada», como si todas estas investigaciones fueran meros bulos, a pesar de estar corroboradas no solo por los jueces de instrucción, sino también por instancias superiores.
Mientras las cuatro asociaciones de jueces han puesto el grito en el cielo ante la supresión de la acción popular en los procesos judiciales, un hecho propuesto por el PSOE y que califican de «inconstitucional». En este sentido, apuntan que en los casos de Begoña Gómez, el de García Ortiz y el de David Sánchez quedarían literalmente cerrados.
Por un lado, las fuentes judiciales señalan que la Fiscalía tanto en el caso de Begoña Gómez como en el David Sánchez ha pedido el archivo de la causa, mientras que en el caso de García Ortiz se impide a las asociaciones de fiscales y de jueces personarse en las causas como acusación popular, lo que dejaría fuera a la APIF, la asociación de fiscales que ha denunciado a su jefe por el borrado del móvil.
De esta forma, tres de los casos que acorralan a Pedro Sánchez quedarían en un cajón. En el de Begoña Gómez, la acusación popular se centra en informaciones periodísticas para iniciar la querella, pero se derivó después en ampliaciones de estos escritos al hallarse más indicios relacionados, como la presunta apropiación indebida y presunto delito de intrusismo profesional.
EL PSOE TRATA DE BORRAR LAS CAUSAS COMO HIZO CON LOS ERE
Con la nueva normativa, la asociación de fiscales que acusa a García Ortiz dejaría de estar inmersa en el caso y sería la fiscalía quien se hiciera cargo de la investigación convirtiéndose en un conflicto institucional, mientras el PSOE se libraría de tener que dar explicaciones y exigiría la petición de perdón al resto de partidos de la oposición, como ya avisó Pedro Sánchez en un acto institucional.
el PSOE modificó la ley para modificar el delito de malversación y poder beneficiar así a los exlíderes del PSOE andaluz, como José Antonio Griñán y Manuel Chaves,
Todo por el polémico cambio de una ley, que hasta ahora no se había movido ni con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy como tampoco por el PSOE durante seis años de legislatura, hasta que han saltado los cuatro casos que cercan al partido que sostiene al Gobierno.
Cabe destacar que el PSOE modificó la ley para modificar el delito de malversación y poder beneficiar así a los exlíderes del PSOE andaluz, como José Antonio Griñán y Manuel Chaves, mientras que a nivel político María Jesús Montero afirma que no hubo caso alguno, aunque los andaluces perdieron 680 millones de euros en el mayor caso de corrupción en la historia de España.
