El PSOE cumple con la amenaza y presenta una ley para amordazar a los jueces y acusaciones populares en las investigaciones de presuntos casos de corrupción en pleno cerco judicial por los casos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; del caso de David Sánchez, hermano del presidente del Ejecutivo; y del caso Koldo, donde se indaga en presuntas mordidas a altos cargos socialistas a cambio de contratos públicos.
A finales de diciembre, el PSOE soltó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como recogió MONCLOA. Este mismo viernes y tras las declaraciones de David Sánchez en sede judicial acusado de tráfico de influencias y presuntos delitos contra la Hacienda Pública, el PSOE ha registrado la Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales por «el acoso derivado de acciones judiciales abusivas».
Bajo esta excusa, los socialistas tratan así de cortar de raíz estas investigaciones que ellos consideran «prospectivas» a pesar de que las audiencias provinciales han dado la razón a las acusaciones populares en los dos casos que afectan al núcleo familiar de Pedro Sánchez.
EL PSOE PONE A LA FISCALÍA AL FRENTE DE LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES: SE ARCHIVARÍAN EL CASO BEGOÑA GÓMEZ Y EL DE DAVID SÁNCHEZ
Con esta norma, los socialistas tratan de frenar la acción de los jueces en las investigaciones, dejando únicamente a la Fiscalía al frente de las mismas. En estos casos, tanto en el de Begoña Gómez como en el de David Sánchez, la Fiscalía ha realizado escritos que ha llegado a suscribir la parte defensora, una muestra de que los intereses son contrapuestos con la acusación popular.
Asimismo, se inadmitirán querellas basadas en recortes de prensa, conocidas jurídicamente como ‘notitia criminis’. A raíz de las informaciones publicadas sobre el caso de Begoña Gómez y del hermano de Pedro Sánchez se presentaron las querellas, como muchos otros casos de presunta corrupción, que el PSOE quiere borrar del mapa.
En este sentido, el PSOE ha ido a más y elimina las ofensas contra los sentimientos religiosos, tal y como dio buena cuenta Félix Bolaños en la red social X durante las vacaciones de Navidad. .
Con la nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se podrá recusar a los jueces por haber realizado manifestaciones en el terreno político.
LAS ACUSACIONES POPULARES, MANIATADAS CON LA PROPUESTA DEL PSOE
Con estas premisas, Patxi López ha desgranado en el Congreso de los Diputados cada uno de los puntos de la reforma, dejando así a la acusación popular únicamente en la formulación de la querella y en el inicio del juicio oral, sin haber podido pedir diligencias, medidas cautelares o ampliaciones de las querellas, como han realizado algunas acusaciones populares en los casos que cercan al PSOE y al núcleo familiar de Pedro Sánchez, denominado como «el 1» en el caso Koldo.
En este sentido, la instrucción del caso «debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal», ha afirmado. En los casos de Begoña Gómez y David Sánchez, la Fiscalía ha pedido el archivo de las causas al no ver delito alguno. «No hay nada», afirma reiteradamente Bolaños, ministro de Justicia. Lo mismo ocurre en el caso del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el primero de su rango en ser imputado por revelación de secretos.
De esta forma, el PSOE pretende liquidar las filtraciones de casos de corrupción al entender que son «objetivos políticos», relegando a la acusación popular en un segundo plano y que solo podrá actuar para recurrir los autos judiciales.
Asimismo, se impedirá a los partidos políticos personarse en las causas si existe un «vínculo concreto con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente». La decisión última en este sentido será de los jueces, que estarán ahora a expensas de los tiempos de la Fiscalía. Esta reforma se presentará en el pleno del Congreso de los Diputados en febrero por cierre durante el mes de enero.
Las reacciones a esta propuesta del PSOE no se han hecho esperar. «.
UNA PROPUESTA DISEÑADA COMO AUTOPROTECCIÓN
«Cualquier persona que tenga pensamiento crítico ve claramente que se trata de una propuesta diseñada a medida como forma de autoprotección y mecanismo de control de lo que ellos entienden como disidencia», ha explicado Pérez-Roldán, letrado de Hazte Oír.
Se trata de un «movimiento muy peligroso», ha asegurado. Además, la asociación lleva semanas advirtiendo de esta propuesta del PSOE. Hoy, de manera concreta, conviene incidir en algo clave: la acusación popular es un derecho fundamental de todos los españoles, una herramienta clave para proteger los intereses generales y defender el bienestar de España frente a los
abusos de poder. Sin embargo, la propuesta del PSOE para limitar este derecho tiene un origen
evidente: el cerco judicial que afecta a diversos cargos socialistas y a sus familiares.
En este sentido, critican la reforma «a medida», que no había sido planteada hace un año, deja claro que su finalidad no es la defensa de derechos fundamentales, sino la búsqueda de impunidad para blindar al partido frente a la justicia». «Una impunidad que buscan a toda costa, incluso pretenden que se apliquen a procesos judiciales en curso», ha destacado.
HACÍA UNA «DICTADURA SILENCIOSA»
«Esta reforma propuesta por el PSOE representa la auténtica Ley Mordaza, ya que al otorgar el control de la fase de instrucción a una Fiscalía General dependiente del Ejecutivo, delitos como malversación, prevaricación, tráfico de influencias y corrupción política vinculados al PSOE quedarían impunes», ha sostenido. «Estamos ante una auténtica ley de “Punto Final” que pretende instaurar el pensamiento único en el ámbito judicial, un primer paso hacia una dictadura silenciosa», han cargado.
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La redacción de la propuesta del PSOE es «confusa», afirman desde Liberum, una de las acusaciones populares personada en casos que afectan al PSOE. «Las entidades privadas pueden actuar como acusación popular al tener legitimación», apunta el artículo 101 de la ley. En el caso del 102, que es el que pretende modificar el PSOE, se excluye a los partidos políticos y sus fundaciones a personarse como acusaciones populares, mientras que el mismo articulado en su apartado 2 excluye a las personas jurídicas del ámbito público.
Esta confusión entra en contradicción con el articulado. «Si lo que se pretende es que las asociaciones privadas no puedan ejercer de acusación popular de cualquier clase sería una vulneración flagrante de la Constitución», advierten desde Liberum. «Estaríamos ante un conflicto evidente», afirman. «Sería el poder el que intentaría amordazar la libertad de las asociaciones», han sostenido.
