Los tres altos cargos de Hacienda que han intervenido durante las testificales de hoy ante la juez Beatriz Biedma, que instruye la causa contra David Sánchez, hermano del presidente, por varios delitos en Badajoz, han confirmado que era la primera vez que hacían un informe similar para un juzgado.
La juez ha comenzado haciendo la misma pregunta a los tres testigos, ¿por qué no habían firmado el informe remitido al juzgado sobre la investigación tributaria al hermano del presidente del Gobierno. Y todos han respondido que «es lo normal». Luego la juez ha preguntado cuántos informes habían realizado para los juzgados y la respuesta ha sido similar en los tres: «es el primero».
La Agenda Tributaria extremeña respondía hace unos meses a la juez que instruye la investigación contra David Sánchez, David Azagra, en relación a sus bienes y sus obligaciones tributarias con la Hacienda Española, para desvelar que los autores de ese informe de Hacienda que llegó al juzgado extremeño sin firmar, son los tres cargos más altos de Hacienda a nivel regional en Extremadura.
Los supuestos autores que hoy han declarado como testigos son la delegada especial de la Agencia Tributaria en esa comunidad autónoma, Clara Isabel Santos Diéguez, el Jefe de la Agencia a nivel regional, Emilio Hurtado Valiño y la inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín. La juez decidió llamarlos a declarar el pasado 27 de noviembre para que aclaren las numerosas lagunas que presenta el informe sobre la fiscalidad de David Sánchez.
La juez instructora reclamó el 2 de septiembre de 2024 la identidad del funcionario que había hecho el informe de 31 folios sin firma digital, ni número de funcionario, que había recibido tras una petición anterior del 18 de junio de 2024 vía oficio judicial. Nadie que conozca el cuerpo de inspectores de Hacienda y su funcionamiento interno cree que ninguno de los tres haya intervenido directamente en la redacción del citado documento.
Sin embargo, extrañamente, ahora ese informe tiene tres autores, cuando lo habitual es que a requerimiento judicial ese tipo de informe tenga una sola autoría. Por ejemplo, la auditoría realizada al ministerio de Transportes de Óscar Puente sobre la compra de mascarillas, mucho más compleja, más larga, y con más número de entrevistas, sólo tiene una autora, que tiene rango de subdirectora.
Además, resulta sospechoso que dos de los funcionarios firmantes hayan sido nombrados en esos puestos por el actual gobierno socialista. La inspectora autonómica y el jefe regional fueron promocionados en 2022, mientras que la jefa de ambos, delegada especial en Extremadura, fue nombrada en julio de 2011. A ésta última, Clara Isabel Santos Diéguez iba dirigido el oficio para conocer el nombre del funcionario autor del informe. Obviamente los tres son funcionarios de carrera.
RESIDENCIA FISCAL
Cuando pidió el referido informe la juez Beatriz Biedma quería saber si David Sánchez tenía su residencia fiscal en España o en Portugal, para dar respuesta a la denuncia interpuesta por el colectivo de funcionarios Manos Limpias, que denunció a Sánchez entre otras cosas por delito fiscal y por tanto, si «sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz».
La juez también pidió las cinco últimas declaraciones de la renta y que la Agencia Tributaria investigase los incrementos de patrimonio y la compatibilidad de este incremento con sus ingresos.
el informe no aclara las donaciones recibidas de su padre pedro sánchez fernández
Pero el informe no recogió nada sobre el supuesto incremento patrimonial de 1,5 millones de euros de David Sánchez, mientras estaba de excedencia por paternidad en la Diputación. El documento no ve delito o dolo en el hecho de que un trabajador en un organismo oficial español, como es la Diputación de Badajoz, sea residente fiscal en Portugal, con quien España tiene firmado un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) y que por la tanto no es ilegal trabajar en nuestro país pero no residir fiscalmente en España. El informe tampoco aclara las donaciones recibidas con origen en el padre de David, Pedro Sánchez Fernández, ni cómo tributaron.
En su descargo, la Agencia Tributaria dice que el requerimiento del Juzgado no se encuadraba «ni como informe de delito fiscal, ni como auxilio judicial» y por tanto, «se tramitó como una petición de cesión de información no estructurada regulada por el convenio supra citado (7/9/10 entre el CGPJ, la Agencia Tributaria y el ministerio de Justicia)».
Por eso, «el pasado 29 de julio y de acuerdo con lo previsto en el convenio, se puso a disposición del CGPJ el expediente electrónico generado que incluía, entre otra documentación, un documento en el que se daba contestación a la petición de información», según el escrito remitido al juzgado. Pero no explica si es normal que los informes los realicen y firmen los cargos más altos de Hacienda a nivel autonómico, conjuntamente como se afirma, o si este hecho es fruto de la casualidad.
David Sánchez no realizó la Declaración de la Renta en España durante al menos los últimos cuatro ejercicios fiscales, según admite el propio informe de la Agencia Tributaria al constatar una simulación de lo que tendría que haber percibido e ingresado.
«Con la información disponible a efectos de la elaboración de este informe y, por tanto, sin haber realizado un procedimiento de comprobación o investigación, se analiza a continuación la posible existencia y cuantía de cuotas defraudadas, si las hubiese, o el importe de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados, si existiesen, y si, en caso afirmativo, diesen lugar a cuotas superiores a ciento veinte mil euros, límite objetivo del tipo penal del delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal», se informó a la juez Beatriz Biedma. Los testigos han ratificado este miércoles ese mismo informe.
Para el examen, la Agencia Tributaria comparó los importes autoliquidados en las declaraciones presentadas por «el obligado tributario y los rendimientos que, según la información que consta en las bases de datos de la Agencia Tributaria». Así, se utilizó la información de los últimos cinco ejercicios fiscales. En concreto, la renta disponible, una vez sumada la retribución y restados la retención y gastos deducibles, sumó un total de 124.285,82 entre los ejercicios 2019 y 2023.
Hacienda explicó que en 2022 se le imputó, a través de la Diputación de Badajoz, un total de 36.645,65 euros «sujetos a retención; el resto corresponde a rentas exentas imputadas
por ésta misma entidad por dietas y asignaciones para gastos de viaje -240,13 euros,
exceptuadas de gravamen conforme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento del
Impuesto- y por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por prestaciones públicas por
paternidad exentas (15.453,76 euros)».
La Agencia Tributaria también realizó los cálculos para los «rendimientos de actividades profesionales». Así, apuntó al modelo 296 en el ejercicio 2023, una declaración para conocer las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente. Se trató de un resumen anual que aportó la Diputación de Badajoz, que declaró los importes por «el subconcepto CL-19», el correspondiente a las «rentas de actividades profesionales».
CALCULÓ EL PATRIMONIO DE DAVID SÁNCHEZ SIN COMPROBACIONES
También se calcularon las pérdidas y ganancias patrimoniales de participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) y de derechos de suscripción, así como la donación de 240.000 euros, según constó en el modelo 651, declarado en Madrid en 2023. Todo ello, tras realizar pagos de 69.072,91 euros y retiradas de efectivo por importe de 1.870,52 euros, con una tarjeta de crédito en la que figura como autorizado y que está vinculada a una cuenta corriente titularidad de Pedro Sánchez Fernández (su padre).
«No se dispone de información referida a las disposiciones en cuestión, por lo que no es posible,
sin llevar a cabo actuaciones de comprobación, calificar la naturaleza de esas operaciones», señaló la Agencia Tributaria.
NADIE SABE QUIEN BORRÓ LOS CORREOS
Los primeros testigos que declararon este miércoles ante la magistrada Beatriz Biedma, la juez de instrucción de Badajoz que investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, han explicado que «alguien» intervino sus correos electrónicos para hacer desaparecer mensajes, ya que ellos no recordaron haberlos borrado en ningún momento. En esos archivos borrados figurarían detalles de la contratación de David Sánchez.
El primero de los testigos en declarar fue Evaristo Valentí, anterior director del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz. Su declaración era importante porque una de sus superiores imputada en la causa, justificó la contratación de Sánchez por una petición suya, algo que ha negado ante la juez, aunque ha distinguido entre las cuestiones culturales y el ámbito académico.
Seguidamente ha detallado algunos detalles extraños que se produjeron durante la contratación. «Es la primera vez que se contrata a un director de música sin ser profesor de música», ha comenzado, ya que David Sánchez es músico y director de orquesta, pero no tiene titulación pedagógica para dar clases. Seguidamente ha explicado que «el puesto se hizo ad hoc» y ha señalado al tribunal de selección que otorgó la plaza a David Sánchez. Aunque luego ha defendido la contratación del hermano del presidente desde «el punto de vista de las actividades».
La segundo testigo que declaró fue Rosario Mayoral, actual directora del mismo conservatorio. Mayoral ha afirmado ante la juez Biedma que «cuando llega David Sánchez de vez en cuando nos reuníamos en su despacho o en el mío durante una hora al mes». Sin embargo, más adelante ha reconocido que las reuniones desaparecieron por completo, dando veracidad a las denuncias internas de absentismo laboral. Ninguno de los testigos que han declarado ha sabido decir o aportar nada sobre la Oficina de Artes Escénicas, el departamento que dirige David Sánchez.
Dos de los testigos, Rosario Mayoral y Yolanda Sánchez, actual directora de uno de los conservatorios y tercer testigo del día, al ser preguntadas por el borrado de correos electrónicos que ha certificado la UCO de la Guardia Civil, han explicado que desconocen quién llevó a cabo la eliminación de mensajes y que había tenido que ser alguien ajeno a ellas.
Incluso Mayoral ha admitido que desde antes del confinamiento no mantiene relación profesional alguna con David Sánchez, a pesar de que supuestamente es su superior jerárquico. La otra directora señaló que tampoco tiene una relación profesional con David ‘Azagra’ desde 2022, pero porque pensaba que con el cambio de puesto del hermano del presidente del Gobierno -de coordinador de Conservatorios a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas- dejaba de ser su jefe. En ese momento, se le ha mostrado en la sala el organigrama de la Diputación y éstas han expresado su ignorancia sobre que David Sánchez fuera jerárquicamente su jefe.
El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha sido como estaba previsto el que ha formulado las preguntas al haberse unificado en este sindicato las acusaciones particulares. Al finalizar las declaraciones, ha considerado que ya «se va acreditando», que David Sánchez Pérez-Castejón «no ha ejercido funciones de coordinación» de actividades de los conservatorios, algo que en su valoración «ha quedado absolutamente claro».
Alexis Aneas, letrado de la asociación Liberum, que ejerce una de las acusaciones populares, ha explicado ante los medios de comunicación que el puesto de trabajo de David Sánchez no parecía que «originalmente tuviera prioridad», se creó y «no se sabe realmente a petición de quién» y ha advertido de que de las declaraciones se desprende que las personas que trabajaban en los conservatorios «no consideraban la prioridad» la creación del puesto de trabajo y que la Oficina de Artes Escénicas «nadie sabe dónde está» mientras ha advertido del borrado de los mensajes de los correos electrónicos, aunque se desconoce por parte de quién, de dos de los testigos.
Emilio Cortés, abogado del hermano del presidente del Gobierno, ha señalado al terminar las testificales que «la verdad es que no ha parecido un procedimiento penal porque hemos estado debatiendo cuestiones que son de estricta legalidad administrativa y fiscal para comprender qué tipo y qué calidad de trabajo ha ido desarrollando mi cliente, cosas extraordinariamente curiosas, pero en cualquier caso alejadas del ámbito penal de naturaleza criminal». Para Cortés, estos hechos no deberían guardar relación con un proceso penal en un Estado de Derecho: «Suena más a una auditoría y mucho más si se relaciona con el absentismo laboral», recalcó.
