El Gobierno ha convocado a las asociaciones de jueces y fiscales este miércoles para hablar de sus retribuciones y de la huelga convocada para el 19 de noviembre. Esta reunión se produce después de que el Ejecutivo atascara la negociación con cuestiones formales en la mesa de retribuciones, según los convocantes.
El detonante final de la huelga ha sido lo que las asociaciones de jueces y fiscales consideran una actitud “obstructiva” en la mesa de retribuciones. Esta mesa está prevista legalmente desde 2003, pero no se había reunido nunca desde aquel año.
Cuando las organizaciones de jueces y fiscales obtuvieron del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez el compromiso de sentarse a negociar, se convocó por primera vez una reunión de esta mesa. Sin embargo, en lugar de entrar a negociar las retribuciones, derivó hacia la elaboración de un reglamento de funcionamiento.
Esta actuación es criticada por las asociaciones judiciales, que consideran que “la constitución de la mesa de retribuciones se ha intentado subvertir en un organismo burocrático vacío de contenido, con una clara finalidad obstructiva y nada práctica cuando, precisamente, debería ser lo contrario”.
JUECES Y FISCALES FRENTE AL GOBIERNO
En la mesa de retribuciones están representados, además de las asociaciones de jueces y fiscales, tres representantes del Ministerio de Justicia y otros tres de Hacienda, por parte del Gobierno. A éstos se suman otros tres representantes del Consejo General del Poder Judicial y un representante de la Fiscalía General del Estado.
Las negociaciones establecidas con las asociaciones con el anterior Gobierno del PP, concretamente con el ministro Rafael Catalá, no llevaron a la convocatoria de la mesa de retribuciones, sino que se hacían precisamente como reuniones preparatorias de esta mesa.
La mesa de retribuciones tendría que realizar una propuesta no vinculante al Gobierno, fruto de las negociaciones. Con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, las asociaciones de jueces y fiscales se reunieron con la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado. El compromiso que obtuvieron fue el de la convocatoria de esta mesa.
Las asociaciones creyeron que se trataba de abordar sus reivindicaciones salariales con el instrumento previsto en la ley, pero al interponerse como primer punto el reglamento de funcionamiento, han considerado una maniobra dilatoria que les ha llevado a convocar la huelga.
Esta es la segunda huelga convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales. La primera fue la del pasado 22 de mayo. Este paro se produjo con el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras la moción de censura que llevó a los socialistas al Palacio de La Moncloa, las asociaciones de jueces y fiscales dieron un cierto margen a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, hasta llegar a la situación actual, en el que “una vez expirados los plazos dados por ambas partes para tener respuestas concretas”, según los representantes de jueces y fiscales, “todo continúa igual”.
