El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’, Ismael Moreno, ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revise los dispositivos telefónicos y digitales intervenidos para comprobar si hay algún dato que corrobore lo mantenido por una empresaria -Carmen Pano- que dijo haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que rechaza la petición tanto de Iustitia Europa como del PP de citar a declarar a esa empresaria y a Leonor María González Pano como testigos.
Ambas acusaciones populares habían solicitado esta diligencia en base a las declaraciones efectuadas por Carmen Pano en un medio digital, en las que mencionaba su intervención en la compra del inmueble situado en la localidad de La Alcaidesa -que la UCO considera que pudo ser una dádiva de la trama para el exministro José Luis Ábalos- y en la supuesta entrega en la sede del PSOE de dinero en octubre de 2020 por orden o encargo del presunto conseguidor Víctor de Aldama.
El juez, previo informe del fiscal Luis Pastor, interesa ese oficio de la UCO y avanza que dependiendo del resultado de esas verificaciones «acordará lo que proceda».
Y puntualiza que la declaración prestada por esa empresaria en un medio digital «entra en contradicción con el contenido del informe de la UCO -previo- que se basa en el contenido de las evidencias digitales intervenidas».
El magistrado aprovecha esta misma resolución para confirmar su decisión de aceptar la personación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en calidad de acusación popular, pese a los recursos de varias de las acusaciones populares al respecto.
