Óscar Puente trata de desmontar las afirmaciones del escrito de José Antonio Choclán, abogado defensor de Víctor de Aldama. En concreto, el ministro de Transportes de Pedro Sánchez se centra en la declaración son los contratos «preadjudicados» por el Ministerio desde 2019 a 2022. Y todo tras encargar una auditoría que señaló a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, por los contratos de las mascarillas, los únicos que levantaron sospechas y por los que están imputados Aldama, Ábalos y Koldo García, el «asesor para todo» de Ferraz, entre otros.
Las nuevas revelaciones de Aldama ponen bajo sospecha a varios contratos de infraestructuras, algunas de ellas licitadas durante la etapa del ‘popular’ Íñigo de la Serna en el Ministerio, mientras que otros se habría efectuado durante la corta estancia de Raquel Sánchez (PSC) en la institución pública. Otras licitaciones, no obstante, no han llegado a ponerse en marcha.
ALDAMA RECTIFICA SOBRE EL ALQUILER DE ATOCHA PARA TORRES
Las palabras de Aldama apuntan a los principales ministros de Pedro Sánchez, pero algunas de sus afirmaciones se han desmontado pro el propio imputado, como el supuesto alquiler del piso en Atocha para el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Óscar Puente trata de desmontar por completo los cimientos de la defensa de Aldama al asegurar que solo uno de los contratos preadjudicados se habría realizado durante la época de Ábalos, al que señaló el pasado mes de agosto con una demoledora auditoría por el contrato de las mascarillas a través de Puertos del Estado y Adif, entre otros organismos públicos. Ningún otro Ministerio ni administración pública ha realizado un estudio semejante para fiscalizar los contratos.
Puente insta a seguir analizando y profundizar a partir de la documentación judicial a pesar de que el gobierno no es acusación
El movimiento de Transportes se produce después de que el Tribunal Supremo haya pedido a la UCO de la Guardia Civil comprobar la veracidad de las declaraciones de Aldama. El análisis de Transportes abarca única y exclusivamente los contratos conocidos por los medios, pero insta a «seguir analizando y profundizar a partir de la documentación judicial», a pesar de que el PSOE ni Transportes ni ninguna administración están personadas en la causa. De hecho, los socialistas podrían quedar al margen del caso por haber esquivado la votación a sus bases, según el recurso presentado contra la personación del PSOE.
PUENTE ESPERA TENER MÁS DATOS DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL, PESE A QUE EL GOBIERNO Y EL PSOE NO ESTÁN PERSONADOS
Óscar Puente ha dado su versión sobre siete de los contratos señalados por Aldama. En concreto, sólo uno de los subrayados coincide con la etapa de Ábalos. En concreto, se refiere al tercer carril de la asturiana A-66. La adjudicación se dio a la UT de Lantania SLU y ASCH Infraestructuras y Servicios SA el 29 de octubre de 2010 y con un presupuesto de 30 millones de euros. La obra se puso en servicio el 19 de octubre de 2023. El adjudicatario se llevó la mejor nota en la fase técnica y fue el segundo en la oferta económica, pero no se ha observado nada irregular, aunque tampoco se podría descartar si Aldama entregara pruebas de estas nuevas declaraciones.
Con este comentario se desconoce por completo si las palabras de Aldama están o no en lo cierto, al no demostrar absolutamente nada. Que la segunda mejor oferta económica se adjudicara la obra tampoco prueba al quedar acreditada la parte técnica, con el primer puesto de las licitadoras.
Puente tampoco desmonta la afirmación, pero no le corresponde a él exculpar a nadie, sino a Aldama, que debe corroborar con documentación, grabaciones, conversaciones o mensajes que hubo amaño en dicho contrato, así como en todos los demás. Por el momento, todas las empresas niegan haber pagado mordidas a cambio de supuestas adjudicaciones públicas.
ÓSCAR PUENTE DETECTA CONTRADICCIONES EN ALDAMA
Óscar Puente, no obstante, sí muestra contradicciones en las declaraciones de Aldama, quien señaló contratos por al menos 54 millones de euros en la época de Ábalos como ministro, pero las fechas de estos subrayados no coinciden con la oficial. De esta forma, dos de los contratos analizados por Transportes señalan a Raquel Sánchez y otros dos a Íñigo de la Serna, el último ministro de Mariano Rajoy antes de perder la moción de censura.
El contrato al que se refiere Puente para vincularlo con la etapa de De la Serna es el del acceso al aeropuerto de Alicante, licitado en 2017 y adjudicado en mayo de 2018. Como ocurre también con el ramal de la A-67 en Cantabria.
Para señalar a Raquel Sánchez, Puente señala al tercer carril de la A-7 en Alicante, licitado en septiembre de 2023, formalizándose en junio de este año, con el propio ministro Puente al frente. La ministra del PSC también licitó la ampliación de la A-67 entre Santander y Polanco en mayo de 2023 y con la formalización del contrato en marzo de este 2024, con Óscar Puente como ministro.
ALDAMA APUNTA A CONTRATOS SIN LICITAR
Tanto la A-21 en Jaca como el tercer carril de la A-7 entre Monteagudo y Fortuna, ambos señalados por Aldama, no hay licitación «todavía». «Tenemos que seguir analizando y profundizar a partir de la documentación judicial. Pero ya resulta llamativo que lo que el investigado ha elegido para destacar en su escrito quede desacreditado», ha indicado en X Puente.
Todos estos contratos estarán incluidos junto con el resto de los señalados por Aldama en un informe detallado y que se aportará al tribunal que está instruyendo la causa. «Queremos ser
proactivos y no esperar a que se nos requiera», ha afirmado. Puente no ha explicado el por qué se apartó entonces a Ábalos, como tampoco lo explicó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Asimismo, Puente cree que las palabras de Aldama en cuanto a estos contratos «no tiene ni pies ni cabeza» debido a la etapa de las licitaciones.
ALDAMA Y SU RELACIÓN CON LAS CONSTRUCTORAS
Aldama solicitó al juez Leopoldo Puente el volcado de su teléfono móvil para poder corroborar todas sus afirmaciones, pero el magistrado se ha negado a ello por ahora, mientras la UCO indaga sobre esa declaración para conocer realmente si el presunto «nexo corruptor» dice la verdad. El escrito del principal comisionista en el caso Koldo, además, ha provocado un aplazamiento de la declaración voluntaria de Ábalos, prevista inicialmente para el próximo 12 de diciembre, con el fin de analizar los nuevos datos y poder preparar una mejor explicación ante el juez.
Aldama señaló a las adjudicatarias por «mantener relaciones comerciales» con ella, como el caso de Lantania, que se ocupó de las obras de demolición del edificio de la calle Juan Pérez Zuñiga, núm. 18; Levantina Ingeniería y Construcción SL., que intervino en las obras del Club de Natación de Sevilla, y Ortiz, Construcciones y Proyectos S.A, en el acondicionamiento de la Nave nº 3 en San Agustín de Guadalix, calle Cancheras. Esta sociedad fue en UTE con Lantania en varios contratos públicos.
«Las obras se realizaron en favor de don Víctor de Aldama sin contraprestación, en retribución de la mediación realizada frente al Ministerio de Transportes, para su adjudicación, sin perjuicio de las comisiones abonadas a los otros investigados en esta causa especial», según el escrito presentado.
