jueves, 19 diciembre 2024

Las ZBE siguen causando dolor de cabeza al Ayuntamiento de Madrid

El Grupo municipal de Vox sigue presionando judicialmente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para poner fin a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital, gracias a las sentencias judiciales favorables que el partido de extrema derecha ha recibido estos últimos meses.

El alcalde de Madrid, por el momento, se resiste y presentó recurso para parar el tema de momento. Su excusa fue que los servicios jurídicos del consistorio se lo recomendaron. La realidad, es que pende sobre las arcas del Ayuntamiento la posibilidad de tener que devolver los 330 millones en los que se ha cifrado lo recaudado hasta el momento en multas por estas medidas que ya fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Ese cálculo fue realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Una entidad que recomienda y reclama paralizar la tramitación de las multas y la devolución de lo recaudado, que cifra en 330 millones de euros. El pasado mes de agosto, AEA pidió al Alcalde de Madrid una moratoria de dos años en la aplicación de las restricciones de circulación para los vehículos sin etiqueta, en base a los mismos argumentos que utilizó el TSJM para anular las ZBE de Madrid.

Pero el jaleo para el consistorio no queda aquí. A la reclamación de la AEA, a Vox con Ortega Smith presionando y acosando al alcalde por la cuestión, hay que sumar la demanda, también perdida de momento por el consistorio, que presentó la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM). En todas ellas, un nexo común para ser aceptadas por el TSJM, la decisión de prohibir la entrada en la zona de los vehículos sin etiquetas medioambientales viola el principio de igualdad reflejado en el artículo 14 de la Constitución Española. 

Ahora entre recurso y recurso la preocupación del Ayuntamiento va en alza por si debe devolver lo recaudado y poner fin a radares y otros medios para multar. Un dinero que superaría los 400 millones de euros que serían devueltos y pagados por el consistorio de la capital, un jaleo gordo y que trastocaría bastante los presupuestos municipales para el resto del mandato de Almeida. Como contra ataque a todo desde el Ayuntamiento piensan en crear una nueva normativa que se ajuste mejor a la ley y sumar mediadas alternativas a la movilidad de la ciudad.

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, interviene durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España).

AYUDAS A LA MOVILIDAD Y MORATORIA DE UN AÑO

Para facilitar la movilidad de los madrileños y la descarbonización del transporte particular la Junta de Gobierno aprobado la ampliación del crédito en 4 millones de euros de cara a la convocatoria de ayudas Cambia 360 de 2024, para la adquisición de vehículos particulares de bajas o nulas emisiones que finalizó el pasado 7 de junio, dotada con 10 millones de euros (6 millones para vehículos ECO; 3,5 millones para Cero, y 500.000 para C).

Cabe destacar que este incremento de crédito no supone la ampliación del plazo para solicitar esta subvención, sino para dar respuesta a las numerosas peticiones que quedaron en lista de espera y que cumplen con los requisitos establecidos-

Desde el año 2020, el Ayuntamiento ha dispuesto 107,5 millones de euros a través del Plan de Ayudas Cambia 360 con fondos destinados a la renovación de calderas, la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica, renovación de taxis, adquisición de vehículos de micromovilidad, vehículos de mercancías y particulares.

En este sentido, los fondos destinados a las subvenciones para adquisición de vehículos particulares representan el 44,5 % del total de las ayudas Cambia 360. Desde 2021, se han destinado a la compra de vehículos para particulares 47,8 millones de euros (5,5 millones en 2021; 14,3 en 2022; 14 en 2023, y 14 en 2024). Según el Ayuntamiento, el reclamo por estas subvenciones es tal que el Gobierno municipal ha tenido que ampliar el crédito para las cuatro convocatorias.

Desde 2021, el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha incentivado la compra de 9.446 vehículos nuevos; el 79 %, ECO, el 15 %, CERO emisiones, y el 6 %, de clasificación ambiental C. Esta línea de subvenciones ha permitido achatarrar 1.366 vehículos con clasificación ambiental A (los más contaminantes) en 2021, 2022 y parte de 2023.

Se pueden recibir hasta 8.500 euros por la adquisición de un vehículo CERO emisiones, hasta 5.500 euros por un ECO y 2.500 por un C. Además, el importe de la subvención se incrementa en un 10% cuando el beneficiario cuente con título de familia numerosa y en otro 10 % en el caso de que el beneficiario sea una persona con discapacidad que adquiera un vehículo adaptado.

Por otro lado, el Ayuntamiento concederá una prórroga de un año a los coches sin etiqueta de la DGT empadronados en Madrid, dejando bastante claro desde el consistorio que la moratoria no se aplicará a los no empadronados en el municipio.

Esta prorroga entrará en vigor desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, y su misión será informar a los ciudadanos de la prohibición de circulación por el municipio de cualquier coche, motocicleta o vehículo de mercancía empadronado en Madrid que no tenga etiqueta ambiental.

La prohibición de circulación por la zona de bajas emisiones (ZBE) que abarca toda la capital de vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid o dados de alta en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) arrancará el próximo 1 de enero, aunque el Consistorio no empezará a multar hasta el 1 de enero de 2026.

Esta moratoria ya ha puesto de uñas a la oposición que dirige Más Madrid. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, afirmó que con la moratoria de un año para los coches sin etiqueta residentes en Madrid puedan circular, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida «intenta contentar a parte del electorado de extrema derecha ante la negligente y criminal gestión del PP en Valencia», en alusión a la DANA.

Además, Maestre ha tildado de «chapuza monumental» la gestión municipal de las ZBE. «Lo que constata esto es que Almeida no está preocupado por la policía ambiental ni por el SER, sino por el crecimiento de la extrema derecha y por la negligente y criminal gestión del PP en Valencia. Lo que intenta ahora es contentar a parte de ese electorado con cambios de normativa», recalcó.

La líder de la oposición en la capital subrayó respecto a e este tema que los madrileños quieren explicaciones y normas claras; «no se puede multar a uno y no a otro al día siguiente por hacer lo mismo, es injusto». Por eso, ha insistido en que estos cambios en el protocolo reflejan que «no es la mejor gestión de la contaminación, sino algo partidista y electoralista que nos va a sumir más en el caos que actualmente tenemos».

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Un cartel anuncia la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Plaza Elíptica, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). 

Madrid 360, un modelo de éxito para la sostenibilidad

El Ayuntamiento de Madrid esta dispuesto a todo para mantener el modelo de Madrid 360. Con objetivo de mantener la mejora de la calidad del aire de la ciudad y mantener las políticas medioambientales que le hacen chocar con Vox.

Para Almeida es innegociable reducir las emisiones contaminantes y fomentar la movilidad sostenible y la eficiencia energética para lograr que Madrid lidere la transición hacia la sostenibilidad. Para ello, es necesario involucrar a todos los sectores y ciudadanos con herramientas que les permitan sumarse a este cambio y no con la políticas negacionistas de Vox.

Estas y otras políticas han permitido a Madrid cumplir la directiva europea relativa a la calidad del aire durante 2022 y 2023, infringida por la capital desde 2010 y hasta 2021 de manera continuada. También, que desde diciembre de 2021 no se haya activado en ninguna ocasión el Protocolo por contaminación desde que entró en vigor en 2015. A día de hoy, los registros de dióxido de nitrógeno son los más bajos de toda la serie. Se prevé que este año, la capital cumpla de nuevo con la normativa comunitaria de calidad del aire. El Ayuntamiento insistirá pese a los tribunales.