El auto de la juez que instruye diligencias por varios delitos contra la Administración Pública contra David Azagra Sánchez, hermano del presidente del gobierno, y que lo llama a declarar para enero de 2025 ha desvelado también que «no se ha encontrado evidencia de que el investigado posea una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el valor de 1,4 millones de euros», tal y como reza en la declaración de bienes que presentó ante la juez que instruye la causa contra él. Así consta en el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado a la juez.
David Sánchez Pérez-Castejón presentó a petición de la juez una declaración de bienes donde acreditaba poseer esta cantidad de dinero en acciones de este banco. Sin embargo, «se explica por la UCO, que se trataría de un cálculo erróneo motivado por el hecho de que en las declaraciones relativas a los años 2017, 2019 y 2021 en el campo «valor nominal» se refleja la unidad de medida en euros y en la de 2022 y 2023 no se concreta dicha unidad, por lo que se habría interpretado que se trata de número de acciones y no del valor en euros de las mismas».
Para aclarar este asunto, la juez ha librado un oficio al banco donde Sánchez dice poseer las acciones «con el fin de que informe a este juzgado sobre el valor nominal de los depósitos de diversas acciones de cotización oficial que consten en dicha entidad bancaria a nombre de David Sánchez Pérez-Castejón en las siguientes fechas: noviembre de 2017, noviembre 2019, diciembre 2021, noviembre 2022 y junio 2023».
Para tratar de desenredar las cuentas de David Azagra la juez también llama a declarar el 8 de enero de 2025 a los tres expertos que realizaron el informe fiscal «con la finalidad de ratificar y aclarar determinados extremos del informe presentado por la Agencia Tributaria a los responsables de su realización de «forma conjunta» según el oficio que consta (…) quienes son la Inspectora Regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín, el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño y la Delegada Especial de la AEAT de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez».
No obstante, la juez tomará los testimonios por separado, comenzará por Cabezas, que está llamada a las 11 de la mañana, luego a las 11.30 pasará Emilio Hurtado y cerrará las testificales Clara Isabel Santos, a las 12 horas.
Antes de los expertos de Hacienda tomará declaración a dos directores del Conservatorio Superior de Música y a la actual directora del Conservatorio Profesional de Música de Badajoz.
Hace unos meses la Agencia Tributaria extremeña respondía a la juez que instruye la investigación contra David Sánchez, David Azagra, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en relación a sus bienes y sus obligaciones tributarias con la Hacienda Española, que los autores del informe de Hacienda sobre David Sánchez Pérez-Castejón son los tres cargos más altos de Hacienda a nivel regional en Extremadura.
LA JUEZ RECLAMÓ LA IDENTIDAD DEL FUNCIONARIO QUE REALIZÓ EL INFORME fiscal DEL HERMANO DE SÁNCHEZ
La juez reclamó mediante un oficio el 2 de septiembre la identidad del funcionario que había hecho el informe de 31 folios sin firma digital, ni número de funcionario, que había recibido tras una petición anterior del 18 de junio de 2024 vía oficio judicial. Nadie que conozca el cuerpo de inspectores de Hacienda y su funcionamiento interno cree que ninguno de los tres haya intervenido directamente en la redacción del citado documento. Sin embargo, la juez los ha llamado a declarar como testigos por separado.
Extrañamente ese informe tiene tres autores, cuando, por ejemplo, la auditoría realizada al ministerio de Transportes de Óscar Puente sobre la compra de mascarillas, mucho más compleja, más larga, y con más número de entrevistas, sólo tiene una autora, que tiene rango de subdirectora.
Además, dos de los funcionarios firmantes fueron nombrados en esos puestos por el actual gobierno socialista. La inspectora autonómica y el jefe regional fueron promocionados en 2022, mientras que la jefa de ambos, delegada especial en Extremadura, fue nombrada en julio de 2011. A ésta última, Clara Isabel Santos Diéguez iba dirigido el oficio para conocer el nombre del funcionario autor del informe. Obviamente los tres son funcionarios de carrera.
RESIDENCIA FISCAL
La juez Beatriz Biedma quería saber si David Sánchez tenía su residencia fiscal en España o en Portugal, para dar respuesta a la denuncia interpuesta por el colectivo de funcionarios Manos Limpias, que denunció a Sánchez entre otras cosas por delito fiscal y por tanto, si «sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz». La juez también pidió las cinco últimas declaraciones de la renta y que la Agencia Tributaria investigase los incrementos de patrimonio y la compatibilidad de este incremento con sus ingresos.
Pero el informe no recogió nada sobre el incremento patrimonial de 1,4 millones de euros de David Sánchez, mientras estaba de excedencia por paternidad en la Diputación. El documento no ve delito o dolo en el hecho de que un trabajador en un organismo oficial español, como es la Diputación de Badajoz, sea residente fiscal en Portugal, con quien España tiene firmado un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) y que por la tanto no es ilegal trabajar en nuestro país pero no residir fiscalmente en España. El informe tampoco aclara las donaciones recibidas de Pedro Sánchez Fernández, su padre, ni cómo tributaron.
En su descargo, la Agencia Tributaria dice que el requerimiento del Juzgado no se encuadraba «ni como informe de delito fiscal, ni como auxilio judicial» y por tanto, «se tramitó como una petición de cesión de información no estructurada regulada por el convenio supra citado (7/9/10 entre el CGPJ, la Agencia Tributaria y el ministerio de Justicia)».
Por eso, «el pasado 29 de julio y de acuerdo con lo previsto en el convenio, se puso a disposición del CGPJ el expediente electrónico generado que incluía, entre otra documentación, un documento en el que se daba contestación a la petición de información», según el escrito remitido al juzgado. Pero no explica si es normal que los informes los realicen y firmen los cargos más altos de Hacienda a nivel autonómico, conjuntamente como se afirma, o si este hecho es fruto de la casualidad.
Ese informe inicial, «era un ‘informe fantasma’», según afirman funcionarios de Hacienda consultados por MONCLOA. «Es una anomalía que deja en mal lugar al organismo y a los propios funcionarios. Debió identificarse al funcionario. Debieron saltar las alarmas, pero no saltaron», indican.
David Sánchez no realizó la Declaración de la Renta en España durante al menos los últimos cuatro ejercicios fiscales, según admite el propio informe de la Agencia Tributaria al constatar una simulación de lo que tendría que haber percibido e ingresado. El informe ‘olvida’ las sanciones y multas si un contribuyente no realiza la Declaración del IRPF. Ni David Sánchez comunicó la anomalía y la Agencia Tributaria no realizó comprobación alguna sobre el hermano de Pedro Sánchez ni se recoge la cuestión de las multas.
«Con la información disponible a efectos de la elaboración de este informe y, por tanto, sin haber realizado un procedimiento de comprobación o investigación, se analiza a continuación la posible existencia y cuantía de cuotas defraudadas, si las hubiese, o el importe de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados, si existiesen, y si, en caso afirmativo, diesen lugar a cuotas superiores a ciento veinte mil euros, límite objetivo del tipo penal del delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal», se informó a la juez Beatriz Biedma.
Para el examen, la Agencia Tributaria comparó los importes autoliquidados en las declaraciones presentadas por «el obligado tributario y los rendimientos que, según la información que consta en las bases de datos de la Agencia Tributaria». Así, se utilizó la información de los últimos cinco ejercicios fiscales. En concreto, la renta disponible, una vez sumada la retribución y restados la retención y gastos deducibles, sumó un total de 124.285,82 entre los ejercicios 2019 y 2023.
La Agencia Tributaria explicó que en 2022 se le imputó, a través de la Diputación de Badajoz, un total de 36.645,65 euros «sujetos a retención; el resto corresponde a rentas exentas imputadas
por ésta misma entidad por dietas y asignaciones para gastos de viaje -240,13 euros,
exceptuadas de gravamen conforme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento del
Impuesto- y por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por prestaciones públicas por
paternidad exentas (15.453,76 euros)».
La Agencia Tributaria también realizó los cálculos para los «rendimientos de actividades profesionales». Así, apuntó al modelo 296 en el ejercicio 2023, una declaración para conocer las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente. Se trató de un resumen anual que aportó la Diputación de Badajoz, que declaró los importes por «el subconcepto CL-19», el correspondiente a las «rentas de actividades profesionales».
Para analizar los rendimientos del capital mobiliario y dar respuesta a las cuestiones planteadas por la juez Biedma, que instruye el caso de David Sánchez, imputado por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, malversación, y un tercero en relación a fraudes y exacciones legales.
LOS RENDIMIENTOS ENTRE 2019 Y 2023 DE DAVID SÁNCHEZ
En el modelo de rendimientos del capital mobiliario, el resumen de rentas explícitas imputadas en el modelo 193, referente a la Declaración Informativa. Así, se calcularon las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre determinados rendimientos del capital mobiliario. Además, en los ejercicios 2022 y 2023, tiene las siguientes imputaciones en el modelo 296 -Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del IRNR. Resumen anual-, con el subconcepto CL-01 dividendos y otras rentas.
Por rendimientos de capital inmobiliario, «según los datos declarados por el obligado tributario en el IRPF y en el IRNR, los rendimientos de capital inmobiliario procedentes del arrendamiento de inmuebles (sitos en Madrid), ascienden a los siguientes importes:
También se calcularon las pérdidas y ganancias patrimoniales de participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) y de derechos de suscripción, así como la donación de 240.000 euros, según constó en el modelo 651, declarado en Madrid en 2023. Todo ello, tras realizar pagos de 69.072,91 euros y retiradas de efectivo por importe de 1.870,52 euros, con una tarjeta de crédito en la que figura como autorizado y que está vinculada a una cuenta corriente titularidad de Pedro Sánchez Fernández (su padre).
«No se dispone de información referida a las disposiciones en cuestión, por lo que no es posible, sin llevar a cabo actuaciones de comprobación, calificar la naturaleza de esas operaciones», señaló la Agencia Tributaria. Ahora la juez quiere aclarar algunos de estos datos.
