UGT-Andalucía ha sido condenada a devolver más de 40 millones de euros por un delito de fraude de subvenciones. La Audiencia de Sevilla ha impuesto penas de cárcel y multas millonarias a varios exdirigentes del sindicato por desviar fondos públicos destinados a cursos de formación. El entramado fraudulento permitía financiar actividades del sindicato ajenas a la formación.
La sentencia condena a tres años de cárcel y 50 millones de euros de multa al ex vicesecretario de Organización, Francisco Fernández Sevilla, y a otros tres ex altos cargos de UGT-A: Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea. Dolores Sánchez, ex responsable de Compras, ha sido condenada como cómplice a seis meses y dos días de prisión y 25 millones de euros de multa. La sentencia también establece la responsabilidad civil subsidiaria de UGT-A por el importe total defraudado, 40.620.256 euros. Se absuelve al resto de acusados, empresarios proveedores del sindicato.
El mecanismo del fraude: el «bote» y otras irregularidades
La Audiencia de Sevilla considera probado que, entre 2009 y 2013, la cúpula de UGT-A orquestó un sistema para desviar fondos públicos. Las subvenciones, otorgadas por la Junta de Andalucía para formación, se utilizaron para financiar gastos de estructura del sindicato. El tribunal describe un complejo mecanismo que incluía:
- Descuentos, comisiones y rappels ocultos en las facturas a la administración. Los proveedores, con el conocimiento del sindicato, aplicaban descuentos que no se reflejaban en la justificación de los gastos. La diferencia entre el coste declarado y el real quedaba en manos de UGT-A.
- Facturas falsas o infladas: se presentaban facturas por servicios no prestados, bienes no entregados o con importes superiores a los reales. Estos gastos se imputaban a las subvenciones de formación, justificando mendazmente su uso.
- El «bote»: un sistema contable interno, gestionado a través de un software llamado Spyro, donde se registraban las facturas falsas o infladas. Los proveedores emitían estas facturas, UGT-A las pagaba con fondos de las subvenciones y los proveedores se convertían en deudores del sindicato por el importe de la factura ficticia. Este sistema permitía al sindicato acumular un saldo acreedor a su favor, nutrido con dinero público.
- Imputación de gastos no subvencionables: se incluyeron en la justificación de las subvenciones gastos como salarios de personal de UGT-A y de Soralpe I+P Asociados S.L. (empresa vinculada al sindicato) que no trabajaba en la formación, así como gastos de estructura del sindicato (luz, teléfono, limpieza, etc.) e incluso el alquiler de locales propiedad del propio sindicato.
La sentencia detalla que Federico Fresneda, con el apoyo de Francisco Fernández Sevilla, María Charpín y Dolores Sánchez, fue el encargado de establecer las condiciones con los proveedores para facilitar el desvío de fondos. La investigación judicial analizó 14 expedientes de ayudas, determinando con precisión la cuantía de los gastos no subvencionables, que asciende a 40.620.256 euros.
