La propuesta del Gobierno de España de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha generado un intenso debate, con la CEOE mostrando una férrea oposición. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha acusado a la patronal de realizar un «cálculo político» para perjudicar al Gobierno de coalición, priorizando sus intereses ideológicos sobre el bienestar de los trabajadores.
Pérez Rey ha lamentado la falta de compromiso de la CEOE en la mesa de diálogo social. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Trabajo por alcanzar un acuerdo, la patronal no ha presentado ninguna propuesta por escrito desde el inicio de las negociaciones en enero. Esta actitud obstruccionista contrasta con la flexibilidad demostrada por el Gobierno y los sindicatos, CCOO y UGT, que buscan un pacto que beneficie a todos.
Según el secretario de Estado, resulta incomprensible que la CEOE, representante de las empresas españolas, se margine de una medida de tanta trascendencia. Desde la década de 1980, la productividad ha experimentado un aumento considerable, lo que justifica una reducción de la jornada laboral sin merma de la eficiencia.
El debate de la jornada laboral
La CEOE argumenta que la reducción de jornada debe negociarse a través de los convenios colectivos. Sin embargo, Pérez Rey considera este argumento un «subterfugio», ya que en los últimos 40 años la negociación colectiva no ha logrado reducir la jornada para más de 12 millones de personas.
El secretario de Estado de Trabajo defiende que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales no debe ser un privilegio exclusivo de los empleados públicos o de las grandes empresas, sino un derecho para todos los trabajadores, independientemente del sector en el que se desempeñen. Para él, trabajadores de supermercados, repartidores, empleados de peluquerías o del sector de la hostelería también merecen una jornada laboral que les permita conciliar su vida personal y profesional.
Pérez Rey ha criticado duramente la actitud de la CEOE, acusándola de defender un modelo obsoleto basado en largas jornadas, horas extras no remuneradas y excesos de jornada. El Gobierno se mantiene firme en su propósito de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, convencido de que esta medida es esencial para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, impulsar la productividad y modernizar el mercado laboral español.
