El Partido Popular (PP) presenta este jueves una enmienda de totalidad al proyecto de ley que busca crear una nueva Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Este organismo, impulsado inicialmente por el anterior Gobierno, pretende unificar la gestión de reclamaciones entre clientes y entidades bancarias. Sin embargo, el PP considera que esta reforma supone un coste económico excesivo e innecesario, proponiendo alternativas más eficientes para proteger a los consumidores.
El PP argumenta que la creación de esta nueva agencia no se ajusta al principio de eficiencia en el uso de los fondos públicos, especialmente en el contexto actual de restricciones presupuestarias y nuevas reglas fiscales europeas. La formación conservadora cuestiona la necesidad de una estructura administrativa tan compleja y costosa, recordando el caso del Reino Unido, donde una autoridad similar ha experimentado un crecimiento exponencial de su plantilla, superando los 4.000 funcionarios. El PP defiende que existen alternativas más eficientes para proteger a los clientes financieros, particularmente a los más vulnerables, como las personas mayores o los residentes en zonas rurales, sin necesidad de incurrir en un gasto tan elevado.
Se critica la duplicidad de funciones con organismos ya existentes, como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros, que actualmente ya gestionan las reclamaciones de los clientes financieros. El PP considera que la creación de una nueva autoridad generará una superposición de competencias y un aumento innecesario de la burocracia, sin aportar beneficios significativos para los consumidores. Además, se cuestiona la independencia de la nueva Autoridad, expresando la preocupación de que pueda ser instrumentalizada políticamente, como se argumenta que ha sucedido con otros nombramientos en instituciones clave.
El PP propone el modelo «twin peaks» como alternativa
En lugar de la creación de una nueva agencia, el PP propone el modelo «twin peaks» de supervisión, un sistema ampliamente utilizado en otros países, que divide la supervisión financiera en dos pilares: la supervisión de la solvencia y la supervisión de la conducta de mercado.
En este modelo, el Banco de España sería el encargado de supervisar la solvencia de las entidades financieras, garantizando su estabilidad y capacidad para hacer frente a sus obligaciones. Por otro lado, la CNMV se centraría en la supervisión de la conducta de mercado, velando por la transparencia, la competencia y la protección de los inversores y consumidores.
El PP argumenta que este modelo es técnicamente más sencillo, económicamente más eficiente y evita la duplicidad de funciones. Además, permite una mayor especialización de los organismos supervisores, lo que se traduce en una supervisión más eficaz y una mejor protección de los clientes financieros.
El PP insiste en la necesidad de priorizar la eficiencia en el gasto público, especialmente en un contexto económico complejo. La formación considera que la creación de una nueva autoridad supone un gasto innecesario que podría destinarse a otras áreas prioritarias, como la sanidad, la educación o las políticas sociales.
