miércoles, 20 noviembre 2024

La vicepresidenta Montero defiende la subida de impuestos al diésel y avisa de los efectos de la reforma fiscal

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido subir la fiscalidad al diésel para luchar contra el cambio climático y ha avisado que de la reforma fiscal que se vota este jueves en el Congreso dependen 7.2000 millones de euros de fondos europeos y el plan fiscal y estructural de España.

En la sesión de control de este miércoles, la vicepresidenta se ha enfrentado a dos preguntas del PP relacionadas con la reforma fiscal con la que el Gobierno pretende introducir un nuevo impuesto mínimo global del 15% para empresas multinacionales y un amplio paquete fiscal, que abarca desde tributos a vapeadores hasta una reforma del Impuesto de Sociedades.

Tanto la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, como el diputado Jaime de Olano han reprochado a la ministra que con esta reforma el Gobierno pretende subir 81 impuestos, al tiempo que han criticado el «esperpento» que fue la Comisión de Hacienda encargada de debatir el pasado lunes la ley fiscal, la cual terminó casi a la una de la madrugada por la falta de apoyos parlamentarios.

Debate parlamentario y críticas de la oposición

La tramitación parlamentaria de la reforma fiscal ha generado un intenso debate político, con la oposición criticando algunos aspectos del proyecto. El Partido Popular ha cuestionado la cantidad de nuevas figuras impositivas introducidas y ha expresado su preocupación por el posible impacto en la economía. Se ha generado un debate en torno a la necesidad de equilibrar la recaudación con el fomento de la actividad económica. El Gobierno, por su parte, defiende la reforma como una herramienta esencial para garantizar la sostenibilidad del sistema público, impulsar el crecimiento económico y avanzar en la transición ecológica.

La controversia también se ha centrado en el proceso de debate parlamentario, con acusaciones cruzadas sobre la falta de diálogo y la celeridad en la tramitación de la ley. El Gobierno argumenta la urgencia de la aprobación de la reforma para acceder a los fondos europeos, mientras que la oposición reclama un debate más profundo y participativo.