El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, centran ahora la atención por sus responsabilidades en la gestión de la peor DANA del siglo. Las contradicciones del jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del propio Gobierno han desatado una nueva tormenta política tras las críticas de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, en la picota por su ausencia durante la reunión clave del CECOPI en la tarde del fatídico 29 de octubre, en la que murieron 219 personas y aún quedan desaparecidos por encontrar.
El Gobierno de Pedro Sánchez, con Marlaska también el foco, quien se ha vuelto a librar por enésima vez de una sesión de control, aseguró que la UME se movilizó tras la petición del ejecutivo de Mazón, según apuntó en un tuit. Javier Marcos, general jefe de la UME, corroboró esta versión el pasado 5 de noviembre durante una rueda de prensa, al asegurar que su unidad estaba lista en apenas 15 minutos, pero debían esperar a la petición de Mazón para entrar en misión. La respuesta dejaba a los pies de los caballos a Mazón y a todo el sistema de emergencias. ¿Qué hubiera ocurrido si al presidente de la Generalitat se hubiera quedado atrapado por la riada?
Sus palabras llegaron después de que el presidente del Ejecutivo asegurase que si Valencia necesitaba más recursos que los pidieran. «Si necesitan más recursos, que los pidan», dijo Sánchez hasta en tres ocasiones. La UME fue activada en la zona de Utiel desde primera hora de la mañana de aquel martes de hace tres semanas. Esa vez sí actuaron a petición, pero se olvidaron por completo de iniciar la labor de rescate hasta que ya era demasiado tarde.
«En un nivel 2 de alerta, quien dirige la emergencia es la comunidad autónoma, quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad. Es el director de emergencias quien nos dice dónde actuamos, y eso hemos hecho con disciplina», afirmó Javier Marcos, el jefe de los soldados destinados a dar respuesta a una crisis o catástrofe, como ocurrió el 29 de octubre. «Puedo desplegar y movilizar a mis hombres, pero yo no puedo entrar hasta que el director de emergencias de la Generalitat me autorice», afirmó hace apenas dos semanas en La Moncloa.
El pasado 15 de noviembre, Javier Marcos volvió a salir a la palestra para mostrar su contradicción, una declaración que tumba por completo el relato del PSOE y del Gobierno. En este sentido, admitió que la UME se desplegó en Valencia a las 15.41 horas, «antes de recibir órdenes oficiales» debido a que «la situación se estaba poniendo francamente difícil». Es decir, la UME sí se movilizó sin esperar a Mazón, mientras Sánchez aseguró que el propio Ejecutivo autonómico debía pedirlo si necesitaban más recursos.
No nos podíamos mover. Obedecíamos órdenes so pena de ser incluso expulsados
Mientras tanto, Robles y Marlaska impedían a las unidades de élite del Ejército, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil movilizarse a pesar de las peticiones de sindicatos, plataformas y asociaciones que pedían actuar. «No nos podíamos mover. Obedecíamos órdenes so pena de ser incluso expulsados», aseguran las fuentes. El principal problema de los soldados era salir con el uniforme para poder auxiliar. Algunos de ellos salieron de paisano para poder ayudar, pero otros llegaron a criticar públicamente a las instituciones. Lo mismo ocurre con los agentes de la Guardia Civil.
El regimiento de Bétera estuvo sin movilización, en alerta, pero sin poder cruzar la puerta. Tampoco hubo movimiento en la Unidad de Intervención Policial (UIP), a pesar de las insistentes peticiones a Marlaska, encargados de contener a multitudes en las puertas de Ferraz; e incluso a los GRS de la Guardia Civil. Por este motivo, Vox se querelló contra Sánchez, Marlaska y Robles al entender que concurría un supuesto delito de omisión de socorro.
El Ejército, como aseguran fuentes de toda solvencia, no se movilizó a pesar de que los soldados estaban preparados y listos en el regimiento de Bétera. «No se nos permitió salir», afirman las fuentes. Apenas 20 km les separaban de toda la zona cero y con equipamiento suficiente para poder socorrer a los españoles y extranjeros que trataron de sobrevivir ante la devastadora riada, provocada por una cadena de errores que comienzan desde hace 30 años y terminaron con un caos en la organización y coordinación de todas las unidades de emergencia disponibles.
EL GOBIERNO OLVIDA LOS MUERTOS DE LETUR, MIRA Y MÁLAGA
Las palabras de Javier Marcos en el inicio de noviembre mostraban así un plan de emergencias sin sentido, ni pies ni cabeza, como tampoco sentido común. Y es que, se dejó toda la responsabilidad en una única voz, a pesar de que la DANA dejó siete muertos: seis personas fallecieron en Letur (Albacete) y uno más en Mira (Cuenca). Pedro Sánchez no ha visitado ninguno de los dos municipios de Castilla-La Mancha, sí lo han hecho Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Tampoco ha ido el presidente del Gobierno a visitar la zona de Málaga, donde se encontró un muerto más. Muertos y afectados de primera y de segunda, un movimiento que responde a un criticado cálculo político en el que el PSOE ha pasado de dar la mano a los ‘populares’ de Mazón para crear un «Gobierno técnico» a descartar cualquier acuerdo y pedirle la «dimisión». Eso sí, los socialistas de Requena se apresuraron para montar una moción de censura y expulsar al PP de la Alcaldía.
MARLASKA NO DESPLEGÓ A LA UIP DESDE EL INICIO
Las afirmaciones de Javier Marcos dejan al PSOE y al Gobierno sin coartada para culpabilizar únicamente a Mazón, quien ha asumido los errores y cesado a una de sus consejeras por su falta de empatía hacia las víctimas. Los socialistas, en cambio, no han dado a conocer error propio, mientras ha sido Pilar Alegría, la ministra portavoz, la que ha servido de escudo de Marlaska y Robles ante la insistencia del PP y Vox para que respondieran por estas contradicciones de Marcos.
La desinformación fue la tónica durante ese 29 de octubre. El propio Ejecutivo de Pedro Sánchez llegó a contradecirse en apenas tres minutos a través de la red social X, mientras las cifras de fallecidos se comunicaba a través del Centro de Integración de Datos, mientras el CECOPI mostraba cifras muy distintas en sus actas. Ese día, la cifra de fallecidos alcanzaba los 50, mientras en las actas se mostraron al menos 1.900 desaparecidos. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se centró más en evitar que la riada de voluntarios fuera a socorrer a sus vecinos del sur y del norte que en movilizar todos los efectivos del Estado. De hecho, el grueso de los militares tardó días en llegar a la zona cero, convertida en un campo de guerra.
Marlaska, que había estado al frente del centro del control de mando en los ensayos de emergencia, prefirió mantenerse al margen y centrar las responsabilidades en la Generalitat.
MARLASKA Y JAVIER MARCOS, DOS VERSIONES CONTRADICTORIAS
En un tuit afirmó que la UME fue activada a petición de la Generalitat para hacer frente a la situación provocada por la Dana, pero solo en la zona de Utiel, cuando lo peor estaba aún por llegar apenas tres horas y media después, sobre las 19.00 horas. Javier Marcos afirmó que activó a toda la UME a las 15.41 horas, apenas 15 minutos después del mensaje de la Delegación del Gobierno, que admite que fue el Ejecutivo de Mazón quien lo pidió.
Las incógnitas sobre estas horas cruciales son aún numerosas. La primera de ellas es por qué se actuó tan tarde ante el desastre que se avecinó sobre Valencia al no haber un contingente de Policía Nacional y Guardia Civil, comandados por Marlaska; el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de Teresa Ribera, ambos desaparecidos hasta dos semanas después del desastre; por qué Marlaska impidió la llegada de ayuda desde el extranjero, como Francia, El Salvador y Argentina y la permitió dos semanas después. Por qué llegaron antes voluntarios de emergencias de todas las Comunidades Autónomas y no se envió a la élite de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército.
Otras incógnitas se centran ahora en las zonas afectadas. Los controles realizados por la policía autonómica vasca impide el paso a los municipios de Alfafar, Paiporta y Albal, entre otros, con amenazas como «si dejas el coche en la calle puede ser retirado» sin aviso previo. Según el protocolo de emergencias, cualquier obstáculo en la vía es susceptible de ser movido.
