La Generalitat Valenciana ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la única responsable de alertar sobre el riesgo de desbordamiento de los barrancos durante la DANA que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre. La administración autonómica critica la falta de información precisa y oportuna por parte de la CHJ, argumentando que esta entidad debía haber evaluado el riesgo y aconsejado las medidas de protección necesarias, en lugar de limitarse a transmitir datos pluviométricos. Esta acusación de negligencia se produce tras las declaraciones del ministro del Interior, que negó cualquier vacío informativo.
La Generalitat insiste en que la CHJ, como miembro del Grupo de Seguimiento de Riesgos del Comité Asesor del CECOPI, tiene la obligación de informar al Centro de Coordinación de Emergencias sobre los incrementos relevantes de caudal en ríos y barrancos. Además, según el Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, la CHJ debe proporcionar datos en tiempo real de las precipitaciones, recomendar la activación de alertas hidrológicas y, en caso de alerta, transmitir información inmediata sobre el riesgo de desbordamiento. Estas funciones, claramente definidas en la normativa, implican una responsabilidad directa en la gestión de las emergencias por inundaciones. La Generalitat subraya que la CHJ no cumplió con estas obligaciones, lo que contribuyó a la gravedad de las consecuencias.
El caso del Barranco del Poyo
La Generalitat ha calificado de «imprecisas y parciales» las informaciones que apuntan al envío de avisos de Protección Civil por parte de la CHJ la tarde del 29 de octubre. Según la administración autonómica, los avisos recibidos eran meramente datos pluviométricos, sin ninguna referencia al riesgo real de desbordamiento. Este tipo de información, a pesar de ser relevante, resulta insuficiente para una correcta gestión de la emergencia. La Generalitat denuncia que, durante un periodo crítico de dos horas y media, la CHJ no informó sobre la evolución del caudal del Barranco del Poyo, a pesar de que el caudal pasó de 28,7 m3/s a 1686 m3/s, un incremento dramático que evidencia la necesidad de una monitorización constante y una comunicación fluida entre las instituciones.
La Generalitat Valenciana argumenta que, para una correcta evaluación del riesgo, no basta con los datos de pluviómetros. Se requiere un análisis hidrológico completo de la cuenca, incluyendo la estimación de caudales y la predicción de la evolución de la inundación. Sugerir que el Centro de Coordinación de Emergencias debía haber deducido el caudal del Barranco del Poyo a partir de datos pluviométricos, según la Generalitat, demuestra un profundo desconocimiento de la hidráulica fluvial o un intento de desviar la atención de la responsabilidad de la CHJ. La omisión de información crucial por parte de la CHJ, según la Generalitat, privó a las autoridades de la posibilidad de tomar medidas preventivas más efectivas y agravó las consecuencias de la DANA.
La ausencia de avisos sobre episodios de lluvias superiores a 100 l/m2 en 12 horas, tal y como exige el Plan de Emergencias, y el silencio de la presidencia de la CHJ durante la reunión del Cecopi, a pesar de tener conocimiento de la situación del Barranco del Poyo, son otros puntos criticados por la Generalitat. Estos hechos, según la administración autonómica, refuerzan la tesis de una gestión deficiente de la emergencia por parte de la CHJ.
La Generalitat Valenciana reclama una mayor implicación de la CHJ en la gestión de futuras emergencias. Señalan la necesidad de protocolos de comunicación más claros y eficientes, así como una formación específica para el personal encargado de la monitorización y la alerta temprana. La prevención de futuras inundaciones, según la Generalitat, pasa por una mejor coordinación entre las instituciones y una mayor inversión en infraestructuras hidráulicas.
