El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos para denunciar la «expropiación» del Gobierno a los ahorros municipales y con la que buscará también que los alcaldes y concejales socialistas se «levanten contra este atropello», según han anunciado fuentes del partido. Además, solicitará la reprobación del presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP), Abel Caballero, por «traicionar al municipalismo» al no defender los «intereses de las entidades locales» y permitir que se rompa un «consenso histórico» en la institución.
El Partido Popular ya anunció el martes que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por «invasión de la autonomía local» tras ese acuerdo impulsado por el Gobierno para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos, que solo contó con el voto a favor del PSOE.
El PP ha criticado duramente que, a pesar de que esa propuesta no contó con apoyo en la FEMP –solo voto a favor el PSOE y salió adelante gracias al voto de calidad de su presidente–, el Consejo de Ministros la aprobara vía real decreto el pasado 4 de agosto, manteniendo «los aspectos más lesivos del acuerdo» rechazado por la mayoría de los miembros que integran la FEMP.
UN «CHANTAJE INACEPTABLE»
En el texto de la moción, el PP recalca que la propuesta que ha impulsado el Ejecutivo «esconde un chantaje inaceptable» que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución, que consagran «los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales».
El PP quiere que los ayuntamientos, diputaciones y cabildos expresen su «profundo rechazo» al procedimiento negociador que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido con la FEMP para lograr un acuerdo que diera una «apariencia» de apoyo unánime de las entidades locales al decreto ley aprobado el 4 de agosto. Además, el texto de la mocón recoge el apoyo al recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Popular en el Congreso presentará contra ese decreto.
La moción incluye solicitar a los órganos competentes de la FEMP la reprobación de su presidente por «no transmitir con la debida diligencia ni transparencia información adecuada sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de los órganos de gobierno de la institución; no defender los intereses de las entidades locales como está obligado a hacer por razón de su cargo; y provocar con esta actitud que, por primera vez en la historia de la FEMP, se rompa» un «consenso histórico».
COMPROMISO CON LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
El PP recoge además en su iniciativa un «compromiso» de los ayuntamientos con la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como «herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el gobierno de la Nación».
Además, el PP quiere que los ayuntamientos expresen su «profundo rechazo» a cualquier medida del Gobierno de España «tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las entidades locales al Estado a devolver a largo plazo».
El PP emplaza además al Ejecutivo a «respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto».
Fuentes de la dirección nacional del PP han indicado que el objetivo de su partido con estas mociones es «defender los intereses» de los ciudadanos «ante la expropiación de más de 15.000 millones realizada por el PSOE contra los Ayuntamientos».
El PP justifica su petición de reprobación a Caballero por «traicionar al municipalismo» con su acuerdo con Sánchez, ya que el Gobierno «no puede confiscar el dinero ahorrado por los ayuntamientos para financiar proyectos de Sánchez».
Aparte de anunciar un recurso al TC, el Grupo Popular ha solicitado la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y con esta moción hace además ahora un llamamiento a los ayuntamientos de toda España, incluidos los socialistas, «para levantarse contra este atropello porque esta batalla no va de colores políticos sino en defensa de los ciudadanos», han agregado las mismas fuentes consultadas.
