La CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar) ha activado dos semanas después de la devastación producida por la peor DANA del siglo las licitaciones de «emergencia» para arreglar un elevado número de tramos del trasvase Júcar-Turia, destrozados severamente por los efectos de las riadas, así como otros elementos. La última licitación da buena cuenta de estos desperfectos y se ha activado para ello la misma fórmula que fue rechazada por el Tribunal de Cuentas al no seguir los cauces reglamentarios.
El contrato de la CHJ es para «mantener el suministro del abastecimiento a Valencia y su área metropolitana», una licitación que rompe el relato del Gobierno de Pedro Sánchez al asegurar que el estado del agua que se sirve a los valencianos no conlleva ningún tipo de riesgo. La Generalitat de Carlos Mazón, por su parte, ha sido más prudente y pide a los valencianos beber agua embotellada hasta que se restablezca la seguridad en el suministro.
«Restitución del servicio interrumpido por el colapso de los acueductos de la Horteta y el Poyo,
mediante la instalación de un bombeo provisional, asegurando posteriormente el servicio por gravedad mediante la ejecución del by-pass, que discurra paralelo a los acueductos de la Hor-teta y el Poyo», apunta el motivo de la licitación. «Aseguramiento del servicio en el
cruce del río Magro mediante la reparación y estabilización del acueducto y by-pass del río Magro, que sufrieron importantes desperfectos», prosigue.
En concreto, la CHJ ha pedido la autorización «inmediata» de las obras de «emergencia» para la reparación de daños en el canal Júcar-Turia ocasionados por la peor DANA del siglo por un importe estimado de 31 millones de euros para iniciar los trabajos de forma inmediata. En este sentido, ha pedido la designación de Aguas de Valencia, que se llevará el grueso del contrato con 19,2 millones de euros, y Torrescámara y Cía de Obras, que percibirá 10,9 millones de euros.
31 M€ POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LA DANA EN LA CHJ
Para la licitación, la CHJ ha pedido a su servicio de contabilidad efectuar la oportuna retención del crédito por el importe de los 31 millones con cargo al presupuesto de gasto del propio organismo, pero «una vez haya disponibilidad del mismo». Para ello, se abonarán las obras a través de la partida 9292 D, dedicada a contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos de 2024 y por el que se adoptan «medidas urgentes de respuesta ante los daños causados» entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Para poder dar luz verde a la nueva adjudicación, la CHJ dará cuenta al Consejo de Ministros en el «plazo máximo de 30 días», una muestra de la tardanza en actuar para poner en marcha la canalización del agua potable a las zonas afectadas, que la reciben ahora por bombas hidráulicas dos semanas y media después de la tragedia.
Asimismo, la CHJ ha solicitado a la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, dirigida por Teresa Ribera, la autorización «para exceptuar la aplicación de las Instrucciones de la Dirección General del Agua sobre procedimiento de selección de empresas colaboradoras para ejecución de obras de emergencia de la Dirección General del Agua y de sus Organismos Autónomos», aprobadas por el Secretario de Estado de Medio Ambiente en 2015, para la selección de las empresas colaboradoras para la ejecución de los trabajos.
En las dos licitaciones, la CHJ ha escogido directamente a las dos empresas sin realizar un plazo de ofertas públicas. El Tribunal de Cuentas advirtió sobre este tipo de contratos en la Confederación presidida ahora por Miguel Polo al detectar diversas irregularidades en los contratos entre 2008 y 2017 en un informe de fiscalización publicado en octubre de 2020.
LAS PRESAS Y CANALES DE LA CHJ, TOCADOS TRAS LA DANA DEL 29O
El estudio se centró en los contratos tramitados como de emergencia y urgencia, elevando sus conclusiones a las Cortes Generales y al Gobierno. El Tribunal de Cuentas mostró su rechazo a este tipo de contratos en la CHJ por «deficiencias» al establecer precios unitarios a unidades de ejecución o unidades de tiempo, por no poner una garantía del 5% en el importe de la adjudicación al resultar «incoherente» con la forma de determinación del precio ya que el importe de la garantía a constituir está vinculado al presupuesto base del contrato.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas señaló que «las garantías constituidas en estos contratos, adjudicados todos ellos con diferentes bajas sobre los respectivos presupuestos de licitación, fueron inferiores a las requeridas por la normativa».
También hubo irregularidades con la revisión de precios y los plazos de ejecución de las obras al no ser coherente con la legislación vigente, que apunta que el primer año de ejecución debía quedar excluida esta revisión, más cuando los plazos dados en la licitación tenían un máximo de 10 meses de duración. «No debió establecerse la revisión de precios en los pliegos y en los documentos de formalización de estos contratos», señaló el Tribunal de Cuentas.
Asimismo, este contrato por la DANA no ha dado lugar a una presentación de ofertas, sino que se han adjudicado de forma directa. Anteriormente, la CHJ fijó baremos mínimos de 60 puntos para la valoración de la parte técnica del proyecto -criterios no evaluables mediante fórmulas-, que, de no alcanzarse, impedía la valoración de las ofertas económicas, lo que implicaba que la
relevancia teórica del precio quedó reducida en la práctica «porque la ponderación atribuida a los criterios no evaluables mediante fórmulas era, de hecho, del 100% en la primera fase, habida cuenta de su carácter eliminatorio».
«La valoración de dichos criterios debió encomendarse a un comité de expertos, no integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada», destacó el Tribunal de Cuentas. «El establecimiento de dicho umbral, aunque sin implicar infracción de la normativa (…), tuvo, de hecho, un significativo impacto sobre la concurrencia de empresas», apuntó.
La CHJ, perteneciente al Ministerio de Teresa Ribera, tardará así un plazo mayor para que los valencianos puedan disponer de agua potable debido a las roturas de los acueductos, mientras que los ríos se han contaminado con aguas fecales al no funcionar adecuadamente las depuradoras. En algunos municipios se han dado casos de infecciones, como leptospirosis, gastroenteritis, infecciones bacterianas por agua contaminada, así como por las provocadas por el lodo y zonas aún húmedas. Por estas razones, se ha aconsejado a la población beber agua embotellada y protegerse adecuadamente todo el cuerpo, con mascarillas FFP2 o superiores, y trajes impermeables con el fin de evitar la exposición de posibles heridas.
