Unos días después de conocerse que la denunciante de Nacho Cano, Leslie Ochoa era imputada por el Juzgado de Instrucción nº 22 de Madrid, por un presunto delito de amenazas contra el cantante, el equipo de defensa del creador de Malinche, Cremades & Calvo-Sotelo, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando el sobreseimiento libre de las actuaciones y diligencias contra Cano, además de la expulsión de Comisiones Obreras del procedimiento como acusación popular.
Orly señala claramente a la jueza María Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado Instrucción número 19, asegurando que «fue elegida a dedo saltándose el proceso de reparto normal». «El auto de la policía llegó en papel al reparto [de temas por parte del Decanato] y en nueve minutos fue asignado por un funcionario a la misma juez que lleva el caso del novio de Ayuso», explican fuentes de la defensa de Nacho Cano.
Orly señala así la coincidencia de que la jueza Iglesias también sea la encargada de investigar a Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, íntima amiga de Nacho Cano. Ya en su día la jueza saltó a los medios precisamente por su papel en la guerra sin cuartel entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Cuando éste habló de los negocios de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, en la cadena COPE, un ciudadano presentó contra el entonces Secretario General del PP una demanda por revelación de secretos que correspondió a Instrucción nº 19. La jueza Iglesias determinó rechazar la denuncia.
«HA INSTRUIDO EL CASO DE MODO HOSTIL»
«El reparto es un proceso que normalmente tarda días o semanas y las probabilidades de que caiga en el mismo juzgado son 1 entre 58 pero este reparto extraordinario aseguro que el caso fuera asignado al juzgado 19», afirman desde Cremades & Calvo-Sotelo resaltando su perplejidad.
En su escrito, la defensa de Nacho Cano afirma que la jueza Iglesias «ha instruido el caso de un modo manifiestamente hostil» para el músico y que no tuvo en cuenta la opinión de la Fiscalía que «había desestimado la denuncia de Leslie no tener fundamento alguno».
Para los abogados de Cano, la titular de Instrucción nº 19 ha buscado dilatar el proceso de instrucción además de «favorecer descaradamente a la denunciante» al no tener en cuenta pruebas de la defensa que vendrían a validar «el intento de chantaje de las bailarinas o decisiones judiciales que probaban el estatuto legal de los chicos en España».
LA EXPULSIÓN DE COMISIONES OBRERAS
Por todo lo expuesto, la defensa de Cano solicita a la Audiencia Provincial de Madrid sobreseimiento libre de las actuaciones y diligencias contra Cano. Acuden a APM después de presentar «apelaciones repetidamente, rechazadas por la jueza».
También han exigido la declaración del comisario Carba, al frente de la comisaría de Leganitos en el centro de Madrid, así como del Delegado del Gobierno Francisco Martín Aguirre que «repetidamente rechazó de modo arbitrario el visado solicitado en tiempo y forma por los estudiantes mexicano».
También solicita el bufefete del exmiembro de Mecano la expulsión de Comisiones Obreras del proceso como acusación popular. Para Orly, permitir que el sindicato se mantenga se persone en la causa es «el último movimiento» de la jueza María Inmaculada Iglesias en una decisión que consideran «sin legitimación alguna, dado que la inspección de trabajo determinó que los becados no eran trabajadores».
Según fuentes de Cremades & Calvo-Sotelo la jueza «ha accedido a la petición de este sindicato para ejecutar un interrogatorio inaudito a la inspectora de trabajo como presión, para que se retracte de su acta demoledora que tiraba el caso por los suelos».
En conversación con MONCLOA fuentes de la defensa aseguran que tienen todas las esperanzas puestas en este recurso elevado a la Audiencia Provincial de Madrid no descartan «denunciar» a la jueza María Inmaculada Iglesias a la que ahora ponen bajo el foco.
