La Plataforma de Afectados por la Devolución de las Ayudas de los Terremotos de Lorca (PADAT), ha hecho un llamamiento a las Administraciones Públicas para que no se repitan los errores que llevaron a que 5.300 familias afectadas por los seísmos de 2011, tuvieran que enfrentarse, años después, a un procedimiento masivo de reintegro para que devolvieran las ayudas concedidas para la reparación de sus viviendas siniestradas.
La portavoz de esta plataforma, Gloria Martín, ha pedido que los organismos públicos que se encarguen de la gestión de las subvenciones a las que se están acogiendo ya las víctimas de la DANA de Valencia, hagan un «esfuerzo de pedagogía» y adapten el «lenguaje técnico y jurídico de la Administración al de la calle», para que las personas damnificadas entiendan «qué están solicitando y cuáles son las obligaciones y deberes que deberán cumplir».
Martín señaló que las medidas aprobadas por el Gobierno de España y publicadas en el BOE el pasado miércoles «no son ayudas a fondo perdido, sino subvenciones públicas que las víctimas de la DANA tendrán que justificar cuando las administraciones lo reclamen».
Por ello, es muy importante «conservar todas las facturas y los justificantes de las transferencias bancarias» que se realicen a los autónomos y empresas que se encarguen de la rehabilitación o reconstrucción de viviendas y establecimientos comerciales o industriales.
Al respecto, y desde la experiencia, también ha sugerido que, en la medida de lo posible, los afectados recurran a empresas y profesionales locales de reconocida trayectoria. «Al calor de los terremotos de Lorca acudieron muchas mercantiles que después desaparecieron sin facilitar a sus clientes las correspondientes facturas, lo que complicó la tarea de justificación de las subvenciones», ha asegurado.
La portavoz de PADAT también ha recordado que las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros para las personas que tenían contratado un aseguramiento privado, son «compatibles» con las subvenciones públicas.
Sin embargo, en ningún caso, la suma de ambas puede superar la valoración de daños que realicen los peritos. «Si alguna persona afectada recibe una cantidad superior, es recomendable que lo comunique y lo devuelva lo antes posible para evitar el pago de intereses de demora».
Gloria Martín ha recordado que el papel de los ayuntamientos tiene que ser «esencial» en la tarea de acompañar a los afectados en el proceso burocrático relacionado con estas subvenciones. «Es imprescindible que los vecinos y vecinas cuenten con oficinas de atención en sus pueblos, donde personal funcionario, debidamente formado, les expliquen la letra pequeña de los Reales-Decretos de ayuda», ha urgido.
En el caso de Lorca, la portavoz de PADAT recordó que los afectados solo recibieron una carta del órgano gestor de las ayudas, la Consejería de Fomento de la Región de Murcia, donde se les informaba de las cantidades concedidas, sufragadas al 50 por ciento entre el Estado y la Comunidad Autónoma, «y poco más».
«Si en el mismo folio les hubieran explicado claramente los plazos y documentos necesarios para la justificación, nos hubiéramos ahorrado el tsunami burocrático que se les vino encima a los afectados años después de la tragedia y que precisó de la presión social -incluido un encierro en el Ayuntamiento de Lorca- y de la aprobación de dos leyes autonómicas para solucionarlo», ha añadido.
Aún así, recuerda, no se pudo evitar que numerosas familias tuvieran que terminar devolviendo las ayudas, junto a costosos intereses de demora y recargos, y que algunas terminaran con sus bienes embargados por no poder afrontar los reintegros.
Por ello, Martín ha rogado que la experiencia de Lorca sirva para no cometer los mismos errores y que se facilite «al máximo» la tramitación y justificación de las ayudas «a personas que no están familiarizadas con estos procedimientos y que, en estos momentos, bastante tienen con soportar el peso del sufrimiento generado por esta tragedia», ha concluido.
