El pasado 24 de octubre la Fiscalía de Venezuela, dependiente de Nicolás Maduro, firmaba una carta dirigida al «Comisario jefe de la División de Policía Internacional (Interpol) del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas» en la que pide que se expida una «alerta roja». Esto no significa que se esté pidiendo una orden de arresto, pero sí que el Estado solicitante, en este caso Venezuela, pide que se califique a un individuo concreto como «un criminal grave a nivel nacional». La orden está firmada por el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab.
En este caso, la Fiscalía pide que Edmundo González Urrutia sea calificado como criminal «por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, desconocimiento a las instituciones del Estado, complicidad en el uso de actos violentos contra la paz pública, difusión de información falsa desconociendo resultados electorales para causar zozobra en la población, sabotaje o daños y sistemas, asociación y legitimación de capitales cometido en perjuicio del Estado venezolano».
La Fiscalía explica que la solicitud «se realiza debido a la investigación penal instruida por esta representación fiscal (…) por la presunta comisión de delitos establecidos en el Código Penal Venezolano, Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo».
El fiscal también le envió la copia de orden de detención que tiene carácter solo nacional y se emitió el pasado 2 de septiembre, además del borrador de formulario de notificación roja. En ese borrador se proporcionan los datos personales de Edmundo González, que incluyen su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, fotografía y datos biométricos de la persona buscada, además de detalles de los supuestos delitos cometido por el individuo, que actualmente se encuentra en búsqueda por ello. Estos datos pueden incluir también la hora y el lugar de los delitos, así como las circunstancias bajo las cuales se cometieron.
NOTIFICACIÓN ROJA DE MADURO
Las notificaciones rojas se utilizan para sobre todo para localizar a individuos cuya ubicación se desconoce, que no es el caso de Edmundo González, que se encuentra en España con una residencia conocida de sobra por las autoridades españolas y venezolanas. Pero se sienta la base de una futura petición de detención internacional y una posterior petición de extradición.
Este movimiento del gobierno de Maduro contraviene el acuerdo adoptado con España en la embajada española en Caracas para la salida pacífica del opositor tras las elecciones generales en el país que Maduro se adjudicó como ganador. Incluso entonces el fiscal chavista, Tarek William Saab, anunció que el caso en su contra, por el que el 2 de septiembre emitieron una orden de detención, quedaría cerrado.
El dirigente opositor recibió asilo en España, a donde llegó a bordo de un avión de la fuerza Armada Española. Desde que llegó a España ha mantenido una intensa actividad internacional en busca de reconocimiento y en apoyo a la lucha democrática en Venezuela, lo que le ha permitido mantener encuentros con Pedro Sánchez, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, además de líderes políticos europeos.
Esta solicitud de alerta roja se habría adoptado en respuesta al anuncio de González Urrutia de regresar a Venezuela para tomar posesión de la Presidencia el próximo 10 de enero en Caracas.
Un tribunal de Venezuela emitió el 3 de septiembre una orden de arresto contra González Urrutia, considerado ganador de la elección presidencial, según las actas del Consejo Nacional Electoral (CNE) publicadas por la oposición, tras aceptar la solicitud del Ministerio Público contra el opositor. Esto después que el órgano electoral anunciara, sin respaldo, la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro, unos resultados que han sido cuestionados a nivel internacional.
El Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo ordenaba entonces la detención de González Urrutia por los supuestos delitos de «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigación a la desobediencia de leyes», «conspiración», «sabotaje a daños de sistemas» y «asociación», según ha confirmado el Ministerio Público en su cuenta de la red social Instagram, que son los mismos que ahora pide para solicitar la alerta roja.
Previamente, el fiscal auxiliar Luis Ernesto Dueñez había pedido la detención de González, una solicitud que llega después de que el candidato opositor no acudiese a la sede de la Fiscalía, que le investiga por la publicación en Internet de datos que acreditarán su victoria en los comicios del 28 de junio, tratándose de la tercera vez que se negaba a acudir.
