Octubre de 2013 y Jordi Pujol era entrevistado en un programa de televisión matinal, Espejo Público, de Antena 3. Durante su discurso intentando negar que tuviese dinero fuera de España llegó a preguntar «¿qué coño es esto de la UDEF?». Se refería a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, que había iniciado una investigación contra él justo un año antes y que en noviembre de 2025 lo sentarán en un banquillo para ser juzgado junto a sus siete hijos por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo, fraude tributario y falsedad documental. En total, la Fiscalía Anticorrupción pide 92 años de cárcel para todos y en el caso concreto del ex presidente de la Generalitat serán 9 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo, aunque será complicado que Pujol padre pise la cárcel pues tendrá 95 años cuando comience el juicio.
La Fiscalía Anticorrupción pide la pena más alta para el hijo mayor del clan, Jordi Pujol Ferrusola, en concreto una condena de 29 años de prisión y a quien se impuso una fianza de 7,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Marta Ferrusola ya falleció. Para los siete hijos de la pareja la Fiscalía pide condenas entre 8 y 29 años de prisión por los mismos delitos, además de atribuirles fraude fiscal, falsedad documental y alzamiento de bienes. La Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer Mercé Gironés y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, interesando para ellos 25, 17 y cuatro años de prisión, respectivamente.
La causa contra Jordi Pujol y sus hijos fue instruida por los magistrados José de La Mata y Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional desde 2012, aunque luego se quedaría en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
DOS SUCESOS CLAVES
Pero hay dos sucesos en la historia del procedimiento que han sido determinantes para sentar a la familia en el banquillo. El más notable fue cuando en 2014 el propio Jordi Pujol echó más tierra sobre al asunto al reconocer que guardaba parte de su fortuna en paraísos fiscales y que ese dinero era heredado de su padre, Florenci Pujol. Otro de los sucesos claves que contribuyeron a terminar con el clan Pujol fue cuando en diciembre de 2012 Victoria Álvarez, ex esposa de Jordi Pujol junior, declaró que había visto bolsas de dinero en la casa familiar del clan. Finalmente, la Justicia determinó que la familia tenía 137 millones de euros en el país helvético.
La causa se inició por dos jueces de la Audiencia Nacional casi al mismo tiempo pero por diferentes denuncias, pero finalmente el juez José de la Mata que se quedó con toda la causa después de inhibirse Pablo Ruz en su favor.
De La Mata en el auto de apertura de juicio oral de este jueves incide en que toda la operativa desarrollada por la familia entre 1992 y 2014 «se ha sustentado en la utilización de efectivo para ocultar la titularidad de los bienes».
El centro de la investigación se centró al comienzo en las cuentas bancarias en Andorra de la familia, que estuvieron ocultas a la Justicia hasta el año 2014 y que según el instructor eran parte de una «compleja estrategia para ocultar los fondos ilícitos que fueron acumulando a lo largo de los años». Se tratarían de 4 millones de euros a los que se sumaron otros 7 millones de euros desde sociedades offshore ubicadas en Panamá. La procedencia de ese dinero sería de varias cuentas en Suiza, que albergaban hasta 137 millones de euros.
PUJOL RECONOCIÓ NO HABER ENCONTRADO «EL MOMENTO ADECUADO» EN 30 AÑOS PARA LEGALIZAR SUS FONDOS
El 25 de julio de 2014 Jordi Pujol reconoció en un comunicado tener dinero en cuentas del banco de Andorra provenientes de una herencia de su padre recibida 30 años atrás y pidió perdón por no haber encontrado en tres décadas «el momento adecuado» para legalizar esos fondos. Tres días después el colectivo de funcionarios Manos Limpias denunciaba a Jordi Pujol y a su esposa Marta Ferrusola, por cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, malversación y falsedad. Un día más tarde, el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas anunciaba que Pujol había renunciado al sueldo como ex presidente y a la oficina que mantenía como presidente honorifico y fundador de CiU, así como al trato de «Molt Honorable Senyor». Fue el principio del fin del clan Pujol, hasta entonces el más poderoso de Cataluña.
OPERACIÓN HADES
Tras la «Operación Hades» de la UDEF de Policía Nacional desarrollada en octubre de 2015 con el registro de varios despachos y residencias de los Pujol en diciembre de ese mismo año el juez De la Mata citaba a Pujol y su esposa como imputados en un delito de blanqueo. El juez explicaba que toda la familia había «orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos, y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos».
En enero de 2017 Oleguer Pujol, el pequeño de la familia, declaró ante el juez y en abril del mismo año el juez decidió enviar a la cárcel al hijo mayor del clan, Jordi Pujol junior, que pudo salir en libertad tras reunir una fianza de 500.000 euros.
La instrucción finalizó en julio de 2020 con el procesamiento de toda la familia, con excepción de la matriarca del clan, Marta Ferrusola, que falleció en julio de 2024. El auto del juez recogía que «la familia Pujol Ferrusola se ha aprovechado de su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».
TODO EL CLAN PUJOL A JUICIO
Finalmente la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional señalaba para el 10 de noviembre del próximo año 2025 el comienzo del juicio a Jordi Pujol Soley, a sus siete hijos y a otras 16 personas, por delitos que el juez instructor calificó como organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia ha fijado las sesiones de esta vista, que se extenderá hasta abril de 2026, y cuyo tribunal estará formado por las magistradas María Riera, como presidenta, María Fernanda García, como ponente, y Carolina Rius.
En el auto con el que puso fin a la instrucción, en el año 2020, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas», acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».
39 TESTIGOS ADMITIDOS
En otra resolución, la Sala ha dictado el auto de admisión de prueba en el que acepta la declaración de 39 testigos siempre y cuando las partes faciliten los datos para poder ser localizados. En el caso de otros 50 testigos, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y otros policías, el Tribunal requiere a las partes para que en el plazo de diez días justifiquen la necesidad y utilidad de estas testificales.
El auto judicial da diez días a las partes para que manifiesten datos de algunos de la treintena de testigos propuestos para su localización, ya que con sólo sus nombres no es posible para el juzgado localizarlos. Sobre otros testigos propuestos como varios de los policías que intervinieron en las investigaciones el auto judicial pide a las partes que justifiquen la necesidad de su testimonio.
La juez también descarta de plano la declaración propuesta de Alicia Sánchez Camacho, ex presidenta del PP de Cataluña y actual diputada en la Asamblea de Madrid «al no considerarse necesaria ni útil», de Jaume Ferrer Graupera, «por ser acusado», de Gustavo de la Garza Ortega, «por falta de datos para su citación y no ser justificada su utilidad» y tampoco de varios cargos del banco andorrano ni de la Generalitat de Cataluña «al no ser admitidas las pruebas documentales anticipadas correspondientes».
El juicio se celebrará en Madrid durante los días 10 a 13 de noviembre de 2025 y los días 24 a 27 del mismo mes en la sede de San Fernando de Henares. Luego se reanudará en diciembre, los días 15 a 18 en la sede de la calle García Gutiérrez. Las vistas para el año 2026 tendrán lugar en enero, febrero, marzo y abril en semanas alternas. Todas las sesiones comenzarán a las 10 de la mañana.
