Ya lo hizo con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Y ahora lo intentará con la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella. El abogado que representa a la Asociación de Afectados por la Venta de Inmuebles de la EMVS, Mariano Benítez de Lugo, solicitará que la ex regidora acuda como testigo al juicio por la venta de 1.860 viviendas públicas madrileñas al fondo buitre Blackstone, después de que la Audiencia Provincial haya obligado el pasado lunes al juez instructor a reabrir el caso por segunda vez.
“Estamos contentos porque por fin el caso se aleja de un juez que ha sido nefasto”, declara a MONCLOA.COM Benítez de Lugo. El juzgado de instrucción número 38 no veía indicios de delito. Sin embargo, la sección 30 de la Audiencia Provincial ha estimado de nuevo los recursos interpuestos por el PSOE, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y la Asociación de Afectados y ha dictado un auto en el que ordena reabrir la investigación.
“De momento no podemos imputar a Ana Botella”, asegura el abogado. Sin embargo, si la Audiencia condenara a los dos imputados, sí que se podría enjuiciar a la ex regidora popular. En caso de una condena firme, se debería anular la operación de venta y habría que restituir a los afectados (así lo contempla el artículo 109 del Código Penal). “Es ahí donde entraría la responsabilidad de Ana Botella”, asegura.
En el auto, la Audiencia apela a la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas en la cual se obligó a Ana Botella y a su equipo a abonar 22,7 millones de euros por haber vendido en 2013 por debajo de su precio de mercado hasta 18 promociones de vivienda pública a un fondo de inversión. Además, los tres magistrados consideran que los dos imputados, Alfonso Benavides, apoderado de Fidere (la filial de Blackstone) y Fermín Oslé Uranga, ex consejero delegado de la EMVS, podrían haber cometido presuntos delitos de malversación de fondos, prevaricación y fraude.
Fermín Oslé era representante público. Por tanto, una condena por malversación, prevaricación y fraude tendría “efectos colaterales”, ya que se anularía la operación de venta, según relata el representante de la Asociación de Afectados. “Deberían devolver a Fidere (la filial de Blackstone) más de 120 millones de euros. Pero si se tienen en cuenta las reformas que realizó fondo inversor, es fácil que nos vayamos a los 200 millones”, comenta.
Respecto a los plazos, el abogado no tiene una respuesta. “No hay plazos en justicia”, asegura entre risas. Lo más probable es que se recurran las diligencias previas y el proceso se alargue más de lo esperado. Tanto el juez instructor como el fiscal no se han mostrado partidarios de continuar con el caso. De hecho, la fiscalía solicitó el sobreseimiento.
Pero el auto de la Audiencia Provincial difiere completamente de las consideraciones tanto del juez instructor como de la Fiscalía. En dicho auto se detalla que la actuación de Oslé “está incursa, al menos, en negligencia grave pues ni se atuvo al canon de diligencia cualificado exigible en la gestión de fondos públicos, ni agotó los medios a su alcance profesional para prevenir y evitar el menoscabo del patrimonio público puesto a su cargo”.
Pese a que las competencias del Tribunal de Cuentas son completamente distintas a las de la Audiencia Provincial, los tres magistrados no descartan “la existencia de indicios de infracción penal” por parte de los acusados. Y consideran que son “suficientes como para entender que entra dentro de un razonable juicio de probabilidad que los investigados pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos”.
ANA BOTELLA, CONDENADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS
El Tribunal de Cuentas condenó en diciembre de 2018 a Ana Botella y a seis de sus concejales a pagar 22,7 millones de euros por vender a precio de saldo vivienda pública madrileña a un fondo de inversión. En la sentencia se condenaba también a Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS, a pagar otros tres millones de euros adicionales al ser considerado “responsable contable directo” de la venta.
Según el fallo de la Cámara de Cuentas, esta operación menoscabó un total de 25,7 millones de euros a las arcas públicas. Además de Oslé y Botella, los otros condenados por la venta fueron la ex delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, varios antiguos cargos del Consistorio (Paz González, Diego Sanjuanbenito y Enríque Núñez) y Dolores Navarro y Pedro del Corral, quienes todavía ejercen cargos públicos. De hecho, este último es ahora diputado del PP de la Comunidad de Madrid. Según el Tribunal, todos ellos cometieron una “negligencia grave”.
Los condenados han recurrido la sentencia ya que, según sus argumentos, no es firme. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ya había solicitado desestimar la demanda al no apreciar responsabilidad contable, un argumento al que se aferran en el recurso. Sin embargo, la Cámara considera probado en su sentencia que el proceso de venta fue un “procedimiento ilegal”.
