El Gobierno despliega hoy un amplio paquete de medidas para paliar los efectos devastadores de la DANA en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón. Ayudas económicas directas, exenciones fiscales, facilidades laborales y apoyo a autónomos y empresas son los pilares de este plan integral que busca una recuperación más rápida de las zonas afectadas.
Medidas de apoyo económico y fiscal para la reconstrucción
El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, lo que permitirá canalizar ayudas estatales para la reconstrucción de infraestructuras, viviendas y negocios. Se ha constituido una comisión interministerial para coordinar los trabajos de los diferentes ministerios en colaboración con los gobiernos autonómicos afectados. Se estima que los daños causados por la DANA ascienden a miles de millones de euros en infraestructuras, industria, educación y cultura. El Gobierno ha autorizado a la Comunidad Valenciana a realizar todos los gastos de urgencia necesarios sin límite de recursos, permitiéndole incumplir los objetivos de déficit. Además, se han iniciado los trámites para solicitar la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y otros recursos de apoyo comunitario de la Unión Europea.
En materia fiscal, se han implementado medidas significativas para aliviar la carga económica de los afectados:
- Suspensión del segundo pago del IRPF: Los contribuyentes de la provincia de Valencia, la más castigada por la DANA, verán suspendido el segundo pago del IRPF de la Renta 2023. Esta medida afecta a 200.000 contribuyentes. En caso de que la entidad bancaria ya haya realizado el cobro, se procederá a la devolución en el plazo más breve posible.
- Exención del IBI: Siguiendo el modelo de ayudas implementado tras la erupción del volcán en La Palma, se contempla la exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
- Aplazamiento del pago de otros tributos: Se facilitará el aplazamiento del pago de otros impuestos para aliviar la presión financiera sobre los afectados. Esta medida permitirá a familias y empresas disponer de mayor liquidez para afrontar las reparaciones y la recuperación de su actividad.
Escudo laboral y apoyo a autónomos y empresas
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha puesto en marcha un «escudo laboral» para proteger a los trabajadores de las zonas afectadas. Se prohíbe el despido y se ofrecen permisos retribuidos en situaciones como:
- Peligro para la seguridad y salud del trabajador durante el desplazamiento o imposibilidad de teletrabajar.
- Necesidad de atender a familiares desaparecidos o fallecidos.
- Imposibilidad de acudir al trabajo por pérdida de vivienda o enseres.
- Necesidad de cuidados de familiares por cierre de colegios, residencias o servicios públicos.
El teletrabajo se establece como la forma de trabajo preferente. Cualquier consecuencia negativa impuesta por la empresa por no acudir al trabajo en las situaciones mencionadas se considerará nula. Además, se recupera el «Plan Me Cuida», que permite la reducción de hasta el 100% de la jornada laboral para la conciliación y rebajas de jornada para cuidados.
Para las empresas, se aplicarán las mismas medidas de protección en relación con las cotizaciones sociales que durante la pandemia. Se facilitará el cúmulo de medidas relacionadas con los plazos de cotizaciones sociales, liquidaciones o cuotas. Se establece un subsidio extraordinario de hasta el 70% de la base reguladora para las empleadas de hogar, y se permite la interrupción, no la rescisión, de los contratos temporales.
Los autónomos afectados podrán solicitar la prestación por cese de actividad por fuerza mayor con carácter retroactivo, sin necesidad de la cotización mínima de 12 meses. Los días de prestación consumidos no computarán para futuras situaciones (contador a cero) y se considerarán como cotizados. La cuantía de la prestación es del 70% de la base reguladora.
Se activarán ERTE por fuerza mayor, que permiten suspender temporalmente la relación laboral o reducir la jornada, con una exención del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de empresa y trabajadores. Cualquier trabajador puede acogerse sin consumir la prestación por desempleo.
El Consorcio de Compensación de Seguros ya está tramitando miles de solicitudes de indemnización. Se espera que los primeros pagos lleguen a finales de esta semana. Se han desplegado cientos de peritos en las zonas afectadas para agilizar las valoraciones. El sector bancario ha propuesto una moratoria de tres meses ampliables para préstamos a particulares, autónomos y pequeñas empresas, que se está articulando legalmente con el Ministerio de Economía. Además, se trabaja con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para definir otras medidas de apoyo a los damnificados.
