Vox Extremadura sugiere realizar pruebas médicas «exhaustivas» para establecer la edad de los migrantes «ilegales» no acompañados

Propuesta de Vox en Extremadura: Pruebas médicas para determinar la edad de inmigrantes no acompañados

El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura ha presentado una iniciativa que ha suscitado un intenso debate en la opinión pública. La propuesta se centra en la necesidad de realizar pruebas médicas exhaustivas para establecer con precisión la edad de los inmigrantes ilegales no acompañados (MENAS) que se encuentran bajo la tutela de la Administración autonómica. Este artículo desglosará los aspectos más importantes de esta propuesta, así como el contexto que la rodea.

Contexto de la inmigración en España

La inmigración ilegal es un tema que ha generado un amplio debate en España, donde un 30,4% de los ciudadanos considera que es el principal problema del país, según el último barómetro del CIS. Esta preocupación ha llevado a la formación política Vox a poner sobre la mesa esta propuesta, argumentando que es necesario establecer medidas más estrictas para gestionar la llegada de inmigrantes y proteger los recursos públicos.

La propuesta de Vox: ¿qué implica?

El diputado de Vox, Álvaro Luis Sánchez-Ocaña, ha sido el portavoz de esta iniciativa, subrayando la importancia de determinar con exactitud la edad de los MENAS. Según su argumento, muchos de estos jóvenes podrían no ser tan jóvenes como aparentan, lo que pone en riesgo tanto la asignación de derechos y beneficios sociales como la adecuada utilización de los recursos públicos.

Sánchez-Ocaña ha afirmado que la determinación precisa de la edad es clave para garantizar un uso justo y eficiente de los recursos. “Proteger a los menores que realmente necesitan la atención del Estado”, ha añadido, señala la necesidad de llevar a cabo pruebas más rigurosas para evitar fraude en la asignación de recursos.

Impacto de la inmigración en Extremadura

Desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre de 2024, han entrado en España 37.970 inmigrantes «ilegales», lo que representa un incremento del 49,1% en comparación con el mismo periodo de 2023. Este aumento ha generado un gasto diario significativo en la atención de estos jóvenes, que asciende a 109,21 euros por día en Extremadura, lo que implica un costo anual de más de 1,3 millones de euros.

Además, una vez que estos jóvenes alcanzan la mayoría de edad, tienen acceso a la Renta Extremeña Garantizada, que les otorga un subsidio mensual de 537,84 euros. Estos datos subrayan la urgente necesidad de gestionar de manera más eficiente los recursos dedicados a la atención de menores no acompañados.

Medidas propuestas por Vox

Vox ha solicitado que la Junta de Extremadura implemente un protocolo generalizado que incluya pruebas médicas más avanzadas, como la radiografía de la cresta ilíaca de la cadera, conocida como técnica «Risser». Esta técnica tiene como objetivo reducir el margen de error que las pruebas actuales pueden tener, que puede llegar a ser de hasta dos años.

Sánchez-Ocaña también ha señalado que, según datos de Aragón, más del 90% de los MENAS sometidos a pruebas periciales fueron declarados mayores de edad, lo que genera serias dudas sobre la edad real de muchos jóvenes bajo la tutela de las administraciones. Esto plantea la cuestión de si gran parte de los recursos destinados a estos jóvenes están siendo mal utilizados.

Peticiones específicas de Vox

Con su propuesta, Vox no solo solicita que se realicen pruebas periciales a todos los inmigrantes no acompañados, sino que también insta a establecer un protocolo generalizado para la determinación de la edad. Esta medida busca alinear la gestión pública con las preocupaciones expresadas por una proporción significativa de la sociedad española.

A través de esta iniciativa, Vox pretende reforzar el control sobre los inmigrantes ilegales bajo tutela, al tiempo que defiende una gestión más eficiente de los recursos públicos. La formación argumenta que se trata de una respuesta a las inquietudes manifestadas por la ciudadanía en relación con la inmigración y el uso de recursos públicos.