El Gobierno ha transformado en decreto ley el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos, por lo que tendrá que llevarlo al Congreso de los Diputados para convalidarlo.
En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto ley no tiene hoy por hoy mayoría suficiente para prosperar.
El Consejo de Ministros ha aprobado, en la reunión de este martes, el Real Decreto-ley de medidas financieras, de carácter extraordinario, para las entidades locales. Según se recoge, la norma permitirá movilizar hasta 5.000 millones para los ayuntamientos con remanentes de tesorería y destinarlos a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural.
Con ello, el Gobierno defiende que «muestra su compromiso con las entidades locales al atender una de las peticiones históricas», que «refuerza la autonomía local al incrementar sus ingresos» para responder «a las necesidades de los ciudadanos en un momento de emergencia sanitaria.
El Gobierno señala que el decreto ley recoge «el procedimiento acordado entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, que permitirá a los ayuntamientos aumentar sus ingresos y, con ello, su capacidad de gasto». En concreto, la norma del Ejecutivo «establece que las entidades locales que así lo deseen constituirán voluntariamente un préstamo a favor de la Administración General del Estado por el total de sus remanentes de tesorería».
En este sentido, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez transferirá a las entidades locales un máximo de 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021. «El dinero se liberará en dos años para atender la petición de la FEMP de dar a los ayuntamientos un plazo suficiente para ejecutar los 5.000 millones», explican en la referencia del Consejo de Ministros, en la que también señalan que «el Estado devolverá el importe íntegro del préstamo en un plazo de 10 años a contar desde 2022 aunque el plazo podría alcanzar los 15 años si la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ofrece condiciones más ventajosas».
«El Gobierno asume la responsabilidad y el coste del incremento presupuestario municipal para asentar la recuperación social y económica», destaca el Ejecutivo, que insiste en que «el objetivo es agilizar al máximo la transferencia a los ayuntamientos de estos recursos necesarios para afrontar los efectos provocados por la COVID-19».
MEDIDAS PARA ALIVIAR LAS ARCAS MUNICIPALES
Además, el decreto aprobado incluye otra serie de medidas que «buscan aliviar la presión sobre las arcas municipales». En concreto, contempla que ante la grave situación provocada por la pandemia, «excepcionalmente no se exigirá el cumplimento de la regla de gasto para las entidades locales durante el ejercicio 2020» y «se permitirá también excepcionalmente prorrogar el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles, cuyos proyectos se iniciaron en 2019 y que se estén financiando con superávits de 2018».
Asimismo, también se recoge que en el próximo curso político se constituirá una mesa de trabajo técnica entre la FEMP y el Gobierno para sentar las bases de la reforma del sistema de financiación local.
Por otra parte, el acuerdo contempla que en los Presupuestos Generales del Estado se incluirá un fondo de 275 millones para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal durante el estado de alarma.
El acuerdo establece igualmente mecanismos para que las diputaciones provinciales y entidades equivalentes den apoyo a municipios con problemas de liquidez o que se encuentren en riesgo financiero. Para ello, se crean dos instrumentos, con los que se permitirá «formalizar préstamos o concertar operaciones de crédito con los ayuntamientos para financiar el remanente de tesorería negativo que presenten dichas entidades al cierre del ejercicio de 2019″.
También se dejarán realizar, «con cargo al superávit de 2019, transferencias corrientes a estos consistorios con problemas, de carácter finalista, considerándose excepcionalmente en 2020 como inversiones financieramente sostenibles y no computando en regla de gasto».
