El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha acordado citar como testigo al director de la Asesoría Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Gabriel Ramón Navarro Azpiroz el próximo 18 de noviembre a las 11.30 horas. El letrado de la UCM presentó ante el juez Peinado un escrito el pasado mes de julio de 2024 en el que daba cuenta de las investigaciones llevadas a cabo por la UCM al sospechar que Begoña Gómez se había apropiado, presuntamente, de una licencia de software desarrollada con fondos universitarios. Ahora el juez quiere conocer los detalles de ese informe.
El juez Juan Carlos Peinado va a preguntarle por qué en su informe consta que «esta administración no ha podido alcanzar una conclusión» y cuáles son las gestiones realizadas por la UCM para tratar de averiguar lo ocurrido con ese software desarrollado para la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), que impartió la esposa del presidente del Gobierno.
Según el informe realizado por el letrado de la UCM, «las actividades desarrolladas se han encaminado a procurar determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta Universidad (plataforma o software); y más en concreto, el producto objeto de licitación de los siguientes contratos y gastos celebrados en el marco de la mencionada Cátedra».
Navarro mencionaba entonces la factura presentada por «la empresa Making Science Group SA por la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, por importe de 24.200€, IVA incluido». También se investigó otro «contrato menor cuyo objeto fue el «Servicio de Consultoría y Asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva» Expediente 2023/001869. Importe de adjudicación: 18.148,79€ IVA incluido». El tercer contrato que investigó el letrado fue un «Procedimiento Abierto Simplificado cuyo objeto fue la «asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa». Expediente 2023/004508. Importe de adjudicación: 60.500 euros, IVA incluido».
Este último contrato es el más llamativo para el juez pues es el que tuvo que contratar Begoña Gómez con la empresa Deloitte para terminar de desarrollar su software a pesar de haberlo encargado antes a grandes multinacionales.
ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA
Pero al juez le llamó profundamente la atención la afirmación del letrado de la Complutense, que aseveraba en ese mismo informe que «la factura abonada y los citados contratos, tramitados por los órganos competentes de la UCM, estarían relacionados con la consecución del objetivo previsto en la cláusula segunda del Convenio para la creación de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, denominada «Programa de Actividades de la Cátedra»» y a continuación recogía el citado compromiso: «A lo largo de los dos primeros años se pondrá en marcha y desarrollará una Plataforma tecnológica digital concebida como una herramienta para la medición de impacto social y su cuantificación, que facilite una aceleración dentro del proceso, que dará como resultado una maximización del impacto social y su cuantificación».
«ESTA ADMINISTRACIÓN NO HA PODIDO ALCANZAR UNA CONCLUSIÓN», ESCRIBIÓ EL LETRADO
El letrado terminaba justificando que «las actuaciones que a continuación se describen se han instrumentalizado con el fin de procurar conocer si ha existido una utilización privativa o apropiación del producto, respecto de los servicios prestados (u objeto) a consecuencia de la factura y contratos antes citados. Esta Administración no ha podido alcanzar una conclusión».
Navarro fue quien firmaba el informe que la UCM hizo llegar en julio al juez en el que se explicaba que después de haber realizado una investigación interna no podían concluir si había existido o no perjuicio sobre su patrimonio por los contratos y pagos derivados del software desarrollado en el marco de la cátedra que dirigía la esposa del presidente de Gobierno.
Aún así el juez Peinado rechazó la personación de la UCM como perjudicada, ya que no podían acreditar el supuesto perjuicio para la Universidad.
La Complutense alegaba que no habían podido concluir que hubiera perjuicio para su patrimonio porque, indicaba, se había dado una «falta de colaboración de determinados intervinientes» y la universidad no estaba dotada de potestades que obligaran a esa colaboración.
Con todo, le decían al juez que le trasladaban sus «actuaciones de investigación» cuyo objetivo era conocer «si en la conducta de los órganos de dirección de la Cátedra existieron conductas no ajustadas a Derecho que hubieran podido causar un daño al patrimonio de esta universidad pública». La Universidad solicitó información al Registro de la Propiedad Intelectual «señalando el carácter meramente informativo de la comunicación evacuada al no poder disponer del DNI de la persona a la que se refería la consulta».
Sin embargo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria «con el fin de conocer si alguna marca, modalidad de patente y/o modelo de utilidad figuraba inscrito a nombre de María Begoña Gómez Fernández o de la Sociedad «Transforma TSC SL»» y el resultado fue que «dicha solicitud arrojó la existencia de dos marcas a favor de María Begoña Gómez Fernández. No constaban otros asientos en favor de la persona física designada».
Y además, el letrado recogía que «sin conocimiento ni participación de esta Universidad Complutense de Madrid, Doña María Begoña Gómez Fernández constituyó una sociedad inscrita en el Registro Mercantil denominada Transforma TSC SL».
La UCM también requirió a la Escuela de Gobierno de la UCM y a la sociedad Deloitte Consulting. En el primer caso interesándose por los contratos menores suscritos y en el segundo a la empresa Deloitte Consulting en relación al contrato de 60.000 euros.
«UN CORDIAL SALUDO, BEGOÑA GÓMEZ»
También pidieron documentación a la propia Begoña Gómez, que les contestó entonces que «le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información/documentación que me solicita en cada una de las cuestiones. Un cordial saludo. Begoña Gómez». Pero ese contenido nunca llegó a la UCM.
Después de aquello la Universidad encargó una auditoría interna sobre los gastos de la Cátedra de Begoña Gómez, que fue realizada y aportada también a la denuncia.
Finalmente, el abogado de la UCM concluye que «las actividades de investigación realizadas no permiten a esta Universidad Complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o no de perjuicio sobre su patrimonio, en particular por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta Administración esté dotada de potestades que obliguen a colaboración». Sin duda, el juez Peinado preguntará a que «intervinientes» se refería Navarro cuando presentó su informe.
El mismo día que está citado Gabriel Navarro Azpiroz también deberán acudir al Juzgado Adriana Ángel, trabajadora del Instituto de Empresa (IE) y Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School desde 2010 y exconsejero de la Comunidad de Madrid.
