La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana era una de las mediadas que casi todos los aliados de Pedro Sánchez han llevado en su agenda de peticiones, a la hora de negociar las diferentes coaliciones de gobierno a las que el PSOE ha tenido que hacer frente. Primero Podemos, la medida era una de las peticiones estrellas de Pablo Iglesias, y luego Sumar con la más dócil Yolanda Díaz, tenían entre ceja y ceja derogar una ley que se inventó el ejecutivo de Rajoy para evitar por aquel entonces los tan temidos escraches y manifestaciones que rodeaban el Congreso.
Pero la noticia saltó el 3 de octubre cuando fue Bildu la que acordó con el Gobierno la derogación de varios puntos de tan controvertida ley. El apoyo de la izquierda independentista vasca a los presupuestos a cambio de la derogación de la conocida como ‘Ley mordaza’, entre otras cosas, como las relacionadas con los presos de ETA. Hace poco más de 20 días la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, anunció que se tramitaría una nueva ley que «acabaría» con la actual, además de transmitir que se pondrá fin a sus aspectos «más lesivos».
Con esta nueva modificación se intentaba liberar cuatro cuestiones básicas a la hora de sancionar: la falta de respeto, la desobediencia, las pelotas de goma y las devoluciones en frontera. Con estos cambios se daría paso a una nueva ley de Libertades y Seguridad Ciudadana, que recoge los acuerdos logrados en la legislatura pasada, más los cuatro pendientes que eran la gran petición para todos los detractores de la Ley mordaza. Y que al final fue Bildu la agrupación capaz de derogarla con sus seis parlamentarios con el estupor de las diferentes policías estatales.
REACCIÓN DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
La reacción, en su mayoría, de las fuerzas y cuerpos policiales del estado no se hizo espera. Empezando por la negativa de las mismas a la derogación de dicha Ley, a la que consideran un factor clave para la realización de su trabajo y como elemento de defensa para las agresiones y ataques que reciben por el mismo.
Desde diversas asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil piensan que la reforma de la norma supone la pérdida total del principio de autoridad por parte de sus agentes y un aumento de las lesiones de manifestantes y agentes, al cerrar todo al uso exclusivamente de las defensas por parte de las policías. Además, muchos policías están viendo la reforma como una falta de confianza desde el ejecutivo hacia su trabajo.
Unas mediadas que las diferentes asociaciones policiales acusan de favorecer a elementos contrarios al estado de derecho y que no paran de poner en tela de juicio la labor judicial. Un rechazo generalizado que además choca con que Bildu, herederos del brazo político de ETA, sean los que negocien con el Gobierno una ley sobre seguridad ciudadana, cuando durante años pusieron dicha seguridad en peligro.
MANIFETACIÓN MAYORITARIA CONTRA LA REFORMA
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado están dispuestas a agotar todas la vías para mostrar su malestar y su intención de presionar para que en un futuro los cambios se vuelvan a derogar. Con esa intención y para hacer ruido se van a concentrar 18 asociaciones de representantes de fuerzas y cuerpos de policía del estado el próximo 6 de noviembre a las 13 horas frente a las puertas del Congreso de los Diputados.
“solo benefician a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”
Una protesta que tendrá detrás principalmente a la Plataforma contra la Inseguridad Ciudadana, con su portavoz, Aarón Rivero, como figura destacada y que ha indicado que esta serie de reformas “solo benefician a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
La propia asociación ha remarcado que “esta derogación no mejorará el bienestar social, tampoco generará confianza en la seguridad ciudadana y ataca directamente a nuestra convivencia cívica” y que también “pone en una gravísima situación a los policías y a los ciudadanos, desprotegiéndoles ante los ataques de los violentos”.
Remarcado también lo extraño de la situación, teniendo en cuenta que ha sido una medida negociada por el Gobierno con Bildu, una entidad que desde fuentes policiales y desde la propia entidad convocante han comentado que quiere acabar con el estado de derecho español. Una medida, hay que recordar, aplaudida también por Sumar, principal socio del ejecutivo de Sánchez.
Por otro lado, desde la óptica de los contrarios a la denominada ‘Ley mordaza’, hay que poner en valor la opinión de Podemos a dicha reforma. A la que la formación morada calificó, en boca de su secretario de Organización, Pablo Fernández, calificó como un «retoque estético» y que a penas frenará los supuestos abusos, que según Podemos, en muchas ocasiones cometen los cuerpos policiales.
