La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas votará y previsiblemente aprobará este martes la propuesta del PP de que se eliminen trabas a la financiación de los partidos políticos a través de las subvenciones que reciben los grupos municipales de los ayuntamientos, unos fondos que suponen entre el 20 y 24% de la financiación pública que nutre a las formaciones políticas.
PARLAMENTO Y SUBVENCIONES
Este órgano parlamentario, del que forman parte diputados y senadores y en el que el PP tiene mayoría absoluta, analizará en su próxima sesión todas las propuestas de resolución registradas por las distintas formaciones a raíz de la fiscalización de las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales de las capitales de provincia en 2022.
Aquel año, los 50 ayuntamientos de las capitales de provincia aportaron a los grupos municipales dotaciones económicas por un total de 12,9 millones de euros, aunque adicionalmente les sufragaron otros gastos con cargo al presupuesto municipal.
Según los datos del fiscalizador, entre un 20 y 24% de la financiación pública de los partidos políticos procede de las aportaciones que les realizan sus grupos municipales. En concreto, en 2017 las formaciones políticas fiscalizadas recibieron de sus respectivos grupos municipales un total de 41,5 millones de euros (24%), al año siguiente la cifra bajó a los 33,9 millones (20%) y en 2019 volvió a subir hasta los 42,4 millones (24%).
En este contexto, el PP plantea que el Gobierno reforme la Ley de Financiación de Partidos y la Ley de Bases del Régimen Local «para asegurar la financiación de los partidos políticos. En concreto, quieren que se deje claro que «las aportaciones que realizan los grupos municipales» a sus respectivas formaciones «no son subvenciones finalistas y, por tanto, los gastos a los que los partidos destinan estas aportaciones, no tienen por qué ser justificados ante los ayuntamientos para que éstos autoricen su libranza».
JUSTIFICARLAS MEDIANTE CONVENIOS
En sus propuestas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PP hace una mención genérica al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el tribunal en su informe de fiscalización, pero ni los ‘populares’ ni ningún otro partido defiende expresamente la sugerencia del fiscalizador de que los ayuntamientos limiten la cuantía de aportaciones que los grupos municipales hacen a sus respectivas formaciones políticas.
Ningún grupo se hace eco tampoco de otra de las recomendaciones del fiscalizador, que es partidario de que el Gobierno limite en los Presupuestos Generales del Estado las «cuantías máximas de los importes que pueden poner los ayuntamientos a disposición de los grupos políticos».
El tribunal también aconseja exigir la justificación mediante convenios de los fondos de subvenciones municipales que se destinan a los partidos así como los justificantes acreditativos de los gastos incurridos con cargo a dichas aportaciones, «que repercutan en el funcionamiento del grupo».
EL TRIBUNAL ACONSEJA IMPONER REQUISITOS
Asimismo, el Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno que legisle para que la Ley de Bases del Régimen Local «establezca con mayor nivel de detalle la regulación sobre las dotaciones económicas a los grupos políticos». En concreto, pide que se concreten «los aspectos relativos al destino de los fondos asignados» y «los gastos considerados admisibles, incluyendo la eventual realización de aportaciones a las respectivas formaciones políticas».
En opinión del tribunal, esa reforma legislativa debería también establecer una «contabilidad específica de las dotaciones» de los grupos municipales, «las obligaciones formales de su gestión económica-financiera», el «contenido de las cuentas justificativas; y los procedimientos de rendición de cuentas y de control».
El PSOE y Vox hacen suyas estas recomendaciones del fiscalizador en sus propuestas de resolución. Además, los de Santiago Abascal, que tradicionalmente se han mostrado en contra de las subvenciones públicas a partidos y sindicatos, quiere instar a los ayuntamientos a que en su normativa interna prevean «que los grupos municipales rindan sistemáticamente sus cuentas al Pleno municipal sin necesidad de que éste lo pida» y que éstas se sometan «al control financiero de la Intervención sin limitaciones a su ejercicio».
Los socialistas y Sumar también demandan que los grupos tengan que rendir cuentas ante el Pleno y los de Yolanda Díaz añaden, además, como sugiere el tribunal, que se les exija «la devolución de los remanentes no gastados» y el reintegro de las asignaciones «no adecuadamente justificadas».
Los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición incluyen expresamente en sus propuestas de resolución la recomendación del fiscalizador de que los grupos cuenten con un NIF y una cuenta bancaria propia, diferente de la del partido. Sumar recoge también la conveniencia apuntada por el tribunal de que éste sea un «requisito imprescindible» para el abono de esas subvenciones anuales.
CONCEJALES NO ADSCRITOS
El PSOE y Sumar también coinciden en que los consistorios deben estar obligados a publicar la información sobre las dotaciones que hacen a los grupos. Los socialistas emplazan a hacerlo a los ayuntamientos, mientras que Sumar pide que lo haga el Gobierno, por ley, y especifica que deben publicarse las cuantías asignadas a cada grupo pero también los fondos del presupuesto municipal que reciben para sus gastos en medios materiales y personales, las cuentas justificativas de cada grupo y los informes que haga la Intervención sobre las mismas.
Por su parte, el PP quiere que las Cortes insten al Gobierno a «implementar medidas efectivas que promuevan la transparencia y el control en la asignación» de esta dotaciones a los grupos municipales, «asegurando que se establezcan normativas claras que regulen el destino» de las mismas.
Asimismo, demanda una «regulación efectiva de los derechos económicos de los miembros no adscritos a grupos políticos, así como el establecimiento de mecanismos claros para la fiscalización y control de las cuentas de los grupos municipales». En este contexto se suma a quienes piden que tengan que rendir cuentas de forma sistemática «sin necesidad de requerimientos previos» y a que se garantice un uso «adecuado» de esas subvenciones.
