La Fiscalía Anticorrupción ha enviado un informe al juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’ en el que insta a que se pida al Tribunal Supremo que investigue al exministro José Luis Ábalos al apreciar indicios delictivos. De esta manera, informa favorablemente al juez Moreno para que pida la retirada del aforamiento de Ábalos, actualmente diputado en el Grupo Mixto del Congreso.
Ismael Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el ‘Caso Koldo‘ pedía el pasado jueves al presidente de la Audiencia Nacional que solicite a su vez a la presidenta del Congreso que certifique si el ex ministro socialista de Fomento José Luis Ábalos goza en la actualidad de la «condición de diputado». En un nuevo informe, los agentes de la UCO de Guardia Civil inciden en que «la enumeración lógica de inicios expuestos hasta este momento ofrece una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo (García), (Víctor) Aldama y la organización criminal dinamizada por este último».
El Instituto Armado sostiene que «se debería investigar qué relación tendría el exministro» con la «organización criminal y los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona, actualmente aforada».
La petición del juez Ismael Moreno tiene lugar después de que el Juzgado Central de Instrucción Número 2 recibiera el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de este pasado 9 de octubre donde se refleja que Ábalos habría usado teléfonos seguros proporcionados por la trama de las mascarillas, en concreto por Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil que habría recibidos pagos del empresario Víctor Gonzalo de Aldama.
El juez también lo hace después de tomar declaración a tres de los detenidos en el caso Hidrocarburos, entre ellos Víctor Aldama, uno de los cabecillas de la trama Koldo, que logró vender mascarillas al Estado por 53 millones de euros. Junto a Aldama fueron detenidos el empresario Carlos Rivas y su hermana María Luisa Rivas.
La actuación del juez Ismael Moreno suponía un paso previo a una eventual imputación, dado que para proceder penalmente contra un diputado primero hay que consultar su condición al Congreso y, tras recibir respuesta, tendría que redactar una exposición de motivos para enviarla al Tribunal Supremo, que es el órgano competente para investigar a un diputado.
Ahora, tras recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción, el juez puede solicitar que se le retire el aforamiento a Ábalos y llamarle a declarar como imputado. Fuentes de la citada fiscalía ya avanzaron a la agencia Europa Press que el Ministerio Público estaba pendiente de un informe clave de la UCO para decidir si actuaba contra el ya ex ministro.
En la providencia dictada el pasado jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 da traslado al Ministerio Público del oficio de la UCO fechado a 8 de octubre «para su conocimiento» y para que «informe lo que estime procedente en Derecho».
A su vez, el juez -a través de la Presidencia de la Audiencia Nacional- solicitaba a la Presidencia del Congreso de los Diputados «que expida certificación acreditativa, en su caso, de la condición de diputado de José Luis Ábalos Meco en la actualidad».
El informe al que hace referencia el juez recoge que Koldo García, el ex asesor de Ábalos, preguntó al agente de la Guardia Civil asociado a la trama e investigado por la Audiencia Nacional antes del estallido de la operación si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el entonces titular de Fomento tenían los teléfonos «pinchados».
Los agentes detallan que Koldo García realizaba solicitudes a Rubén Villalba -el agente investigado- que «revestían un carácter de alta sensibilidad, como pretender conocer si el teléfono» del jefe del Ejecutivo o del que fuera ministro de Fomento «estuvieran intervenidos».
El citado informe, que se centra en la presunta participación de Villalba en el caso, revela que el agente de la Guardia Civil se encargaba de asegurar que los supuestos integrantes de la trama pudieran «comunicarse de manera segura y al margen de una eventual acción judicial o policial».
La seguridad era, según los investigadores, «uno de los aspectos más importantes» para el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, aunque Koldo García «también habría sido dotado» de móviles seguros para sus intereses.
Según el Instituto Armado, el que fuera asesor de Ábalos, utilizó esos dispositivos «sobre todo durante su periodo desempeñando labores profesionales para el Ministerio». El agente que suministró los teléfonos sostiene, además, que Ábalos también utilizó algunos.
«Durante su periodo en el Gobierno y muy raramente fuera de esta posición siempre nos ha pedido telefonía básica, no smartphone, para hacer sus llamadas. En alguna ocasión llegué a ver al exministro Ábalos con alguno de los dispositivos proporcionados por nosotros», aseguró Villalba en una de las comunicaciones intervenidas por los agentes.
Este informe ha sido aportado esta misma semana al procedimiento en el que se investiga a la trama que presuntamente habría percibido comisiones por la venta de mascarillas en plena epidemia de COVID-19.
