El Gobierno de España presenta hoy su Plan de Estabilidad y Crecimiento a medio plazo a la Comisión Europea. Este plan de equilibrio fiscal, crucial para el futuro económico del país, detalla la estrategia española para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. En este artículo, analizamos las claves del plan, el contexto económico actual y las implicaciones para las finanzas públicas españolas.
España, ante las nuevas reglas fiscales de la UE
El Plan de Estabilidad, presentado ante la Comisión Europea, se enmarca en el compromiso de España con la estabilidad presupuestaria y el crecimiento sostenible. El documento incluye medidas de responsabilidad en el gasto público y un plan de inversiones estratégicas para impulsar el crecimiento económico a medio plazo, evitando recortes que puedan perjudicar la recuperación económica. El presidente del Gobierno ha destacado el compromiso del país con la sostenibilidad de las cuentas públicas, recordando que la presión fiscal en España se sitúa por debajo de la media europea.
Este plan de ajuste fiscal, demandado por Bruselas, se adapta a la situación específica de cada país, considerando sus niveles de deuda pública y sus desafíos económicos particulares. La deuda pública española, aunque se mantiene por encima del 100% del PIB, ha experimentado una mejora gracias a la revisión al alza del crecimiento económico por parte del INE. Este contexto favorable, junto con la decisión de la Comisión Europea de no abrir un procedimiento de déficit excesivo contra España en 2023, ofrece un escenario positivo para la implementación del plan.
El Plan de Estabilidad se formula con un horizonte plurianual de cuatro años, extensible a siete en caso de que España implemente reformas e inversiones que fortalezcan la resiliencia económica, el potencial de crecimiento y la sostenibilidad fiscal. Estas reformas deben estar alineadas con las prioridades comunes de la UE, como la transición ecológica y digital, la seguridad energética y el refuerzo de la resiliencia social y económica. El objetivo principal es situar la deuda pública en una trayectoria descendente plausible, manteniéndola en niveles prudentes por debajo del 60% del PIB a medio plazo, y asegurando que el déficit no supere el 3% del PIB.
A diferencia de enfoques anteriores, el nuevo marco fiscal se centra en el crecimiento del gasto primario neto, un indicador que excluye los gastos por intereses, las medidas discrecionales sobre ingresos y otros componentes cíclicos. El Banco de España ha detallado la metodología de cálculo de este indicador, que será clave para el seguimiento del cumplimiento del plan. Se establecerá una cuenta de control para cada Estado miembro que registrará la desviación anual del gasto neto respecto a los compromisos adquiridos.
Implicaciones para los Presupuestos Generales del Estado
La reactivación de las reglas fiscales europeas, con el 60% del PIB como límite para la deuda y el 3% para el déficit, añade complejidad a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. El Gobierno ya está trabajando en su elaboración, aunque todavía no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para su aprobación. Se prevé un retraso en la presentación del plan presupuestario a la Comisión Europea, que deberá complementar el plan fiscal estructural a medio plazo.
La Comisión Europea ha enfatizado la importancia de respetar los plazos para la presentación del borrador presupuestario para 2025, recordando los límites a la flexibilidad en este proceso. Previamente a la presentación del plan de ajuste, España ha mantenido un diálogo técnico con la Comisión Europea sobre la senda de gasto neto plurianual. Bruselas proporcionó una trayectoria de referencia para los países con deuda pública superior al 60% del PIB o déficit público por encima del 3%, sirviendo como punto de partida para la elaboración del plan.
Tras la recepción de los planes de ajuste fiscal, la Comisión Europea los evaluará y publicará sus conclusiones en un plazo de seis semanas, con el 30 de noviembre como fecha límite. Instituciones como la AIReF y el Banco de España han realizado sus propias estimaciones sobre el ajuste necesario para cumplir con las nuevas reglas fiscales. Ambas instituciones han instado al Gobierno a hacer pública la trayectoria de referencia proporcionada por la Comisión Europea.
La AIReF calcula un ajuste de algo más de cuatro décimas de PIB en los próximos siete años (unos 6.000 millones anuales), lo que limitaría el crecimiento del gasto al 3%. Si el plan de ajuste se limita a cuatro años, el ajuste anual sería mayor, alcanzando el 0,63% del PIB, equivalente a unos 9.000 millones de euros. El Banco de España estima un ajuste presupuestario de alrededor de 0,5 puntos porcentuales del PIB al año durante siete años, aunque este escenario podría implicar un menor dinamismo de la actividad económica.
