El último informe de la Unidad Central Operativa Delincuencia Económica (UAFAC) entregado el 8 de octubre al juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, en el marco de la instrucción del Caso Koldo de compra de mascarillas puede acabar con varias carreras políticas, entre ellas la de la actual presidenta del Congreso de los Diputados y tercera autoridad del Estado, la mallorquina Francina Armengol. El 17 de agosto de 2020 el ex asesor del ministro Ábalos, Koldo García, escribía a la entonces presidenta de Baleares para agradecerle el contacto de la consejera de salud balear: «Vale cariño, te mantengo informada de todo».
El documento recoge que «paralelamente a las gestiones realizadas con Torres (Canarias) y otros altos cargos de su gobierno, Koldo habría contactado con responsables del gobierno autonómico de las Islas Baleares al objeto de proponer la contratación de Eurofins Megalab y Fertinvest para realizar pruebas PCR a los residentes baleares que viajasen desde la Península».
Durante el registro del teléfono de Koldo García, la Guardia Civil encontró una conversación de whatsapp mantenida el 17 de agosto de 2020 a las 7.19 horas «solicitándole que le llamase. Armengol le comunicaba que tenía un día complicado y que a lo mejor al mediodía podía intentar llamar a Koldo. Mientras tanto Koldo informaba a Aldama que «Canarias quiere la prueba de Megalab» y «Baleares ahora me llama»», escriben los agentes en su informe.
El mismo día por la tarde «Armengol compartía con Koldo el contacto de Patricia Gómez Picard. entonces consejera de Salud de Islas Baleares. Acto seguido, Koldo respondía «Vale cariño, te mantengo informada de todo»», según consta en el citado documento.
El 18 de agosto de 2020 Koldo García, «enviaba el contacto de Patricia Gómez a Tapia (Ignacio Díaz Tapia, propietario de Megalab). El día 21 de agosto Patricia Gómez escribía a Koldo para decirle que a las 9.30 «viene Nacho Díaz»». Gómez actualmente es diputada socialista en el Parlamento Balear.
La Guardia Civil analizó luego el teléfono de Ignacio Díaz Tapia, empresario imputado en la causa, con Patricia Gómez y concluyó que «se ha podido verificar que la reunión se produjo el día 21 de agosto de 2020 en la Consejería de Salud y Consumo de Islas Baleares en Palma. A raíz de su conversación con Patricia Gómez se ha podido observar como Tapia habría conseguido acceso a otros destacados miembros de la Consejería de Sanidad como Ignacio García Pineda, Manuel Palomino Chacón y Juli Fuster Culebras».
El documento añade que «consultada la plataforma de Contratación del Sector Público se ha detectado que Eurofins Megalab resultó adjudicatario de al menos dos contratos con el Servicio de Salud de las Islas Baleares por un total de 1.112.640 euros por la realización de pruebas diagnósticas COVID 19 a los residentes baleares que regresaban a las islas vía aérea procedentes de la Península. Ambos contratos fueron adjudicados por el procedimiento de negociado sin publicidad».
Los contratos a los que se refiere el informe de la UCO de Guardia Civil fueron el expediente SSCC EM 016/21 por 464.064 euros firmado el 14/01/2021 y el segundo, el expediente SSCC EM 218/21 por 660.576 euros acordado el 10/05/2021.
LAS MASCARILLAS DE ARMENGOL NO SERVÍAN
No es el único indicio del Caso Koldo que señala a Francina Armengol. Un informe sobre la gestión de la pandemia realizado por el Consejo Consultivo de Baleares el 28 de junio de 2024 emitió un dictamen para saber si el contrato firmado por el Gobierno de Francina Armengol para la compra de 1,5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, principal investigada en el Caso Koldo, por 3,7 millones euros era válido. Hace unas semanas el Consejo declaró la nulidad de ese contrato y abría una vía legal administrativa para que el actual gobierno balear reclame la devolución de ese dinero.
En su conclusión tercera «el Consejo Consultivo emite dictamen favorable a la declaración de nulidad de la Resolución del Director General del ente público de 4 de mayo de 2020 de adjudicación, por emergencia, del contrato SSCC EM 226/2020 de suministro de material COVID-19: mascarillas 37 FFP2, a la empresa “Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L” (expediente RO SSCC EM 226/2020 ) por incurrir en la causa de nulidad prevista en el art. 39.2a de la LCSP, atendiendo a la falta de capacidad de la empresa para contratar el suministro objeto de dicho contrato y a la falta de solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo, de conformidad con lo expuesto en la consideración jurídica cuarta».
De esta manera los diez juristas del Consejo Consultivo balear dan vía libre al gobierno de Marga Prohens (PP) para reclamar legalmente la devolución de esos 3,7 millones de euros en mascarillas destinadas al personal sanitario, que nunca se pudieron utilizar por su ineficacia para el fin que se adquirieron por el gobierno de Armengol.
Los firmantes del dictamen, con el voto en contra de un solo ponente, aseguran que «la caducidad del género entregado no imposibilita su restitución, que puede articularse de otros modos […], al considerar, resumidamente, que el suministro prestado no se adecuaba al objeto del contrato y que la mercantil ha causado un perjuicio económico al ente público» y que ni mucho menos la empresa adjudicataria del contrato tenía «la solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo».
Este dictamen era necesario para que el Gobierno balear de Armengol pusiera en marcha la reclamación de esa cantidad a Soluciones de Gestión, la empresa en el centro de la Causa Koldo, que vendió casi 53 millones de euros a diferentes organismos públicos como ADIF, Puertos del Estado, Ministerio del Interior y el Gobierno balear entre otros.
El documento recoge los hechos que se han investigado: «En fecha 25 de abril de 2020 el director de la unidad de Gestión y Presupuestos del Servicio de Salud recibe un correo electrónico remitido por el director de proyectos de la empresa “Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.” con el asunto: “Contenido avión 26.04.2020 (KN95)” y por el que textualmente le comunicaba lo siguiente: Te mando la documentación de calidad del avión que está llegando el 26.04.2020 a Barajas mañana a mediodía o principios de la tarde. Este avión se podría escalar en Barajas destino Baleares. Lleva 1.470.600 piezas de los cuales: 500.000 de PUTIAN, 500.000 de HUIZHOU (Haier), 200.000 de FUBIAN, 170.000 de HAOYUN, 100.600 de LEIHUO. Os adjunto los Test Report del estandar ejecutivo GB2626 así como Inspection Report de contaje, empaquetado y fotografías de los productos».
CERTIFICADOS EXTRANJEROS
Según el mismo relato y tras el análisis de los documentos relativos a este contrato, «en los nombres de los ficheros se indica la cantidad del producto inspeccionado que va en el avión. Con su correo acompañaba, como anexos, varios ficheros con fotografías de las mascarillas y de los certificados emitidos en lengua extranjera, sin acompañar traducción. b) En fecha 26 de abril siguiente la misma empresa emite la factura núm.20.035, dirigida al ente público por un importe total de 3.701.500€ correspondiente al «suministro urgente de material gastable para la alarma sanitaria provocada por el virus COVID-19» de “1.480.600” unidades de “MASCARILLA AUTOFILTRANTE KN95 O EN SU CASO FFP2(Unidad)”, a un precio unitario de “2’50€”. Según la ficha técnica que se acompaña, entre sus características principales señala que el producto: “Cumple con los estándares KN95 (GB2626). Origen China», continúa el informe sobre la gestión de Armengol.
Justo un día después de aquello, el 27 de abril de 2020 «la Aduana emite un certificado de control de la mercancía en el que constan los siguientes datos: el exportador —la empresa «Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.»—; el destinatario —el «Servei de Salut de las Illes Balears»—; el declarante/representante —«LANTIMAR ADUANAS Y TRÁNSITOS S.L.»— y la descripción y código de la mercancía —“Mascarilla protectora KN95/FFP2”—. d) El mismo día se extiende un “Acta de recepción” con la conformidad del representante del ente público (“Lantimar”) al suministro de un total de “1.329 cajas”, correspondientes a “1.481.990 mascarillas entregadas”, según el pedido que el Servicio de Salud de las Illes Balears “ha formalizado a Soluciones de Gestión Apoyo a Empresas SL, con fecha 26/4/2020 […]».
Además, todos esos datos fueron reflejados en una aplicación informática de gestión del Gobierno balear de Armengol con el epígrafe «Proveedor: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL. Material: 118618 MASCARILLA PROTECCIÓN FACIAL FFP2 KN95 USO DOMICILIARIO. Cantidad: 1.480.600; precio unitario 2,50€; total: 3.701.500€».
El informe también señala que aunque la contratación se podía hacer bajo la declaración de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez esa compra «no significaba que no resultaran exigibles los requisitos sustantivos y garantías» aplicables al resto de contratos, además Soluciones de Gestión «no tenia capacidad de obrar exigible para realizar la actividad» ni disponía de «la autorización administrativa previa para ejercer dicha actividad», ni cumplía «los requisitos de solvencia técnica» exigibles por Ley.
Con este dictamen a la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francine Armengol, se le complica el futuro político como responsable máximo de la compra de mascarillas a la trama del Caso Koldo, ya que era presidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares cuando sucedieron los hechos, pero ahora lo tiene mucho peor con las revelaciones de las conversaciones mantenidas con Koldo García, ex asesor del ex ministro Ábalos.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya estimó hace unos meses un recurso del abogado que representa al gobierno popular de Islas Baleares para que se tenga por personado como acusación particular al Servicio de Salud de esta comunidad autónoma en la causa. El actual Gobierno balear de Prohens ya explicó al juez que «una vez se tiene conocimiento de la existencia de indicios de fraude, la Dirección General de Fondos Europeos activó el protocolo de lucha contra el fraude y procedió a retirar preventivamente el gasto certificado a la UE. En concreto, se procedió a retirar la cantidad de 3.908.543,85€ con el siguiente desglose:-3.701.500€ por el suministro de mascarillas, -56.715,24€ por los gastos de transporte generados, 150.328,61 en concepto de asistencia técnica del PO por aplicación del 4% de los gastos declarados». Es decir, que Armengol pagó 3.908.543,85 euros por unas mascarillas FPP 2 que en realidad no lo eran y que no pudo distribuir a sus sanitarios en plena pandemia.
ARMENGOL ya PAGÓ 3,7m POR UNAS MASCARILLAS FPP2 QUE NO SERVÍAN
En realidad la personación como perjudicado del actual gobierno balear de Marga Prohens tiene mucha transcendencia procesal, porque solo significa que la Audiencia Nacional considera a esa comunidad autónoma perjudicada por la trama Koldo. Habrá que esperar a la vista del nuevo informe de la UCO qué decide hacer el gobierno de Prohens.
La presidenta del Congreso y ex presidenta balear, Francina Armengol, ya admitió hace semanas que conocía a Koldo García Izaguirre como asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y aunque no recuerda todas sus comunicaciones de hace cuatro años, sí que negó «con total seguridad y rotundidad» que hablara con él de la contratación de ninguna empresa, algo que parece no ser del todo cierto a la vista de los mensajes que entre los dos se cruzaron y que constan en el informe de la UCO.
