La salud mental ha emergido como una de las principales preocupaciones de la sociedad contemporánea, y España no es la excepción. Las cifras alarmantes presentadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revelan que un ámbito vital de la atención sanitaria se encuentra en crisis.
En un contexto donde el bienestar psicológico debería ser una prioridad, la realidad es que el número de profesionales en salud mental en la sanidad pública es alarmantemente bajo, lo que genera una satélite de perjuicios que afecta no sólo a los individuos, sino también a la sociedad en su conjunto.
LA OCU REVELA LA FALTA DE RECURSOS ESPECIALIZADOS
Uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis es la escasez de profesionales calificados en el ámbito de la salud mental. España cuenta con una ratio de psicólogos clínicos que es tres veces inferior a la media de la Unión Europea, además de contar con una cantidad de psiquiatras que es la mitad de lo recomendable.
La OCU subraya que es esencial aumentar la inversión en salud mental y ampliar los recursos disponibles en la sanidad pública. Los gastos resultantes de la crisis de salud mental, estimados en un 4,2% del PIB español por la OCDE, son un indicativo claro de que salvar vidas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos debe ser una prioridad estatal.
UN LLAMADO URGENTE A LA ACCIÓN
Es fundamental desterrar tabúes y falsas creencias que impiden que las personas busquen el apoyo que necesitan. El acceso a la terapia psicológica debe ser considerado un derecho fundamental, de acuerdo con la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que manifiesta que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad.
La llamada a la acción de la OCU es clara y contundente: es hora de reconocer el urgente y crítico estado de nuestra atención en salud mental y actuar decididamente para garantizar accesibilidad, calidad y adecuada cobertura en este ámbito. Denunciar esta crisis no es solo responsabilidad de los profesionales del sector, sino también de todos nosotros como ciudadanos comprometidos con el bienestar propio y el de nuestro entorno.
La crisis de salud mental en España no puede ser ignorada. Las alarmantes estadísticas y la falta de recursos indican que es necesario un cambio radical en las políticas sanitarias. La OCU exige que se aumente el número de psicólogos y psiquiatras en el sistema público, algo que debería ser innegociable para garantizar el bienestar psicoemocional de la población. Solo a través de una atención adecuada podemos aspirar a una sociedad más saludable.
