El Gobierno de Pedro Sánchez tiene ante sí un nuevo problema, problemón si no llega a solucionarse a tiempo. El sistema Muface, la aseguradora a la que están acogidos el 80% de los funcionarios, está en un serio riesgo a pesar de incrementarse la asignación en un 17%, la más alta de la historia y que comportan 300 millones de euros adicionales para los años 2025 y 2026.
A pesar de la fuerte asignación, la inflación y los graves problemas de financiación de las empresas ante las restricciones bancarias obligan a incrementar aún más la aportación del Estado a este sistema de seguros para los funcionarios. Las aseguradoras exigen un mínimo del 40% y rechazaron el 25% que había propuesto el Gobierno hace un mes, una cantidad que se rebajó al 14% hace una semana y que se ha vuelto a elevar al 17,12% definitivo.
El incremento no llega ni a la mitad de lo pedido por las principales aseguradoras para cubrir los privilegios de los trabajadores públicos. El Gobierno establece los requisitos de la licitación y son las empresas quienes acuden a la misma, como ocurre en todas las licitaciones. No obstante, las condiciones de esta adjudicación son cruciales, más por el número de afectados. En concreto, hay más de 1,5 millones de beneficiarios de este sistema de mutualidad al cubrir también a las familias de los funcionarios adscritos.
CASI 2.700 M€, INSUFICIENTES PARA LAS ASEGURADORAS
La cuantía total del concurso público suma 2.682 millones de euros para el próximo bienio y tan solo quedan dos meses para poder cerrar la licitación. El primer año, el importe alcanza los 1.337 millones frente a los 1.345 para 2026. Las aseguradoras cobrarían así una prima de 1.032 euros para 2025 y de 1.208 euros para 2026 por beneficiario. Hasta ahora, la prima había crecido apenas un 4,4% de media, aunque en 2023 subió un 10% debido a los efectos de la inflación.
El incremento de esta prima tendrá en cuenta los nuevos servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud, como la salud bucodental, vacunaciones o el incremento del gasto hospitalario, junto a los salarios de los médicos.
Cabe destacar que la línea más dura del Gobierno de Pedro Sánchez quería acabar con Muface. Sumar, liderado por Yolanda Díaz, apostó en su programa electoral enterrar este sistema como exigencia de Más País. No obstante, la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno evitó sellar la extinción del sistema de mutualidad en su pacto con el PSOE.
La coalición de Díaz pretende que los funcionarios pasen a engrosar las listas de la Seguridad Social, evitando así nutrir a las aseguradoras privadas y defender «lo público». No obstante, Muface no es una exigencia ni ninguna imposición para los funcionarios, pero son cada vez más quienes optan por esta opción privada al obtener más beneficios sociales.
YOLANDA DÍAZ ABOGA POR LA EXTINCIÓN DE MUFACE
De hecho, los propios funcionarios defienden a Muface, así como a las otras dos mutuas, como MUGEJU e ISFAS, cuyos beneficiarios son los militares y la Guardia Civil. No obstante, estas mutuas no gozarán del incremento. «Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (MUFACE-MUGEJU-ISFAS)».
«Integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público. Asimismo, se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos», apuntaba el programa electoral de Sumar.
«El Gobierno tiene la obligación de sentarse y tiene la obligación de prestar la asistencia sanitaria a ese millón y medio de personas, entre titulares y beneficiarios, que en estos momentos están en el modelo de Muface, aseguradora privada», exigen C-SIF, que critican la exigua subida del 14% propuesta por el Ejecutivo hace una semana.
Los funcionarios temen que las aseguradoras no acudan a la licitación de Muface y obliguen cientos de miles de familias a cambiar sus sitema. Desde Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, esta situación «supondría una grave irresponsabilidad por parte del Ejecutivo», que derivaría en una merma en la calidad asistencial no solo de los funcionarios, sino de todos los españoles al no poder asumir desde el Sistema Público de Salud la prestación de millones de nuevos usuarios.
PREOCUPACIÓN SINDICAL ANTE LA EXTINCIÓN DE MUFACE
Así lo ha expuesto el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, en una carta remitida al ministro Óscar López, a quien trasladan la «preocupación» entre los funcionarios de la Policía Nacional por la tendencia a «la reducción de prestaciones que se ha vivido en los últimos años, así como al aumento de las listas de espera y una menor oferta de especialidades médicas en varias regiones».
Esta situación «genera una creciente inquietud entre los policías, quienes dependen de un acceso rápido y eficiente a una atención sanitaria adecuada, algo esencial para garantizar su bienestar y capacidad para cumplir con las funciones que les son encomendadas en beneficio de la seguridad ciudadana», según ha expresado el sindicato.
Por todo ello, han exigido al Gobierno aumentar el presupuesto destinado a MUFACE en estas negociaciones para mantener, «e incluso mejorar los servicios ofrecidos», garantizando una cobertura sanitaria completa y de calidad para todos los mutualistas que confían en que su salud y la de sus familias estén protegidas por este sistema.
