El Gobierno de Canarias ha recibido un sonoro varapalo judicial por su protocolo de acogida de menores no acompañados llegados a través de cayucos y Salvamento Marítimo. El primer revés del Ejecutivo de Fernando Clavijo llegó a primera hora de la mañana de este martes a través del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, quien anuló el protocolo con medidas cautelarísimas, mientras que el Tribunal Constitucional suspendió el protocolo por la vulneración de derechos fundamentales.
El TSJC se mostró muy consciente de la situación crítica que se registra en Canarias, la peor crisis migratoria en la historia y que supera con creces los datos de 2006. Los centros de internamiento están desbordados y se han tenido que equipar con carpas las zonas colindantes para albergar a los llegados desde África, especialmente desde la zona de Senegal y Marruecos.
LA PEOR CRISIS MIGRATORIA DE LA HISTORIA EN CANARIAS
«No somos ajenos a la grave crisis migratoria que está sufriendo Canarias, y también comprendemos el interés de la administración autonómica en intentar ordenar la recepción de nuevos menores (…), pero lo que tenemos que valorar en este incidente es si la aplicación de la medida acordada (…) puede hacer perder su finalidad legítima al recurso (…) y consideramos que sí, habida cuenta de que los afectados por la medida son los menores migrantes cuyos derechos fundamentales se tratan de salvaguardar a través del recurso (…)», puntualizan los jueces del TSJC en su fallo, donde señalan que el fin no puede justificar los medios.
El fallo de la justicia de Canarias es una respuesta al recurso presentado por la Fiscalía Superior de la comunidad autónoma el pasado mes de septiembre al señalar las «circunstancias de especial urgencia» por las que debía anularse la normativa del Gobierno de Clavijo, que ordenó a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para evitar acoger de forma automática a los menores no acompañados, sino que tendrían que contar con el expreso consentimiento de las autoridades autonómicas. Este nuevo trámite dejaba en el limbo a los menores, un protocolo que vulnera derechos fundamentales, según ha dictaminado el Tribunal Constitucional.
CANARIAS, OBLIGADA A ACOGER A LOS MENORES INMIGRANTES
El principal problema con los menores no acompañados, así como con la mayoría de los inmigrantes llegados a las costas españolas, es su identificación. Muchos de ellos rompen la documentación y la lanzan al mar para evitar su devolución a los países de origen, y para poder conocer su origen se encarga la Policía Nacional, cuyos efectivos desplegados en la isla de El Hierro trabajan con unas condiciones muy precarias y a contra reloj, al disponer de unos pocos días para realizar las averiguaciones correspondientes.
Otro de los problemas es determinar la edad, especialmente para los jóvenes de trece a dieciocho años. Los agentes de la Policía Nacional, a través de entrevistas personales y comunicados a los posibles países de origen, buscan el nombre y apellido de los llegados irregularmente para después ser derivados a los centros de acogida. No obstante, los espacios están más que cubiertos, desbordados, y expuestos a un hacinamiento más propio de un campo de refugiados. Por ello, el Ejecutivo de Clavijo exigía medidas al Gobierno, como derivar los menores a las Comunidades de la Península y establecer centros de acogida en complejos turísticos hasta culminar los procesos de identificación.
Este protocolo «comporta un serio riesgo de que se produzcan retrasos en el proceso de asistencia de los menores inmigrantes, al verse demorado su ingreso en los centros de acogida, con los consiguientes perjuicios que ello puede causar a un colectivo que, por sus circunstancias, resulta especialmente vulnerable», señala el TSJC en su fallo.
EL CONSTITUCIONAL LLEGA TARDE
No es el único varapalo para el Gobierno de Clavijo. El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad admitir a trámite la Impugnación de Disposición Autonómica (IDA) presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el acuerdo del Gobierno canario. No obstante, el fallo del TC llega una vez que se ha suspendido por el TJSC.
Para el Constitucional, se vulneran derechos fundamentales y se invaden competencias estatales sobre inmigración y especialmente en las referentes a los menores no acompañados. En su recurso, el Ejecutivo central puso de manifiesto las extralimitaciones del Ejecutivo de Clavijo a la hora de exigir a la Policía Nacional y Guardia Civil las obligaciones estipuladas en el protocolo, así como la vulneración de la normativa estatal sobre el reparto de los menores no acompañados.
El Ejecutivo apuntó en su recurso «las dificultades que pudieran existir en la identificación y determinación de edad» de estos inmigrantes, así como «la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos», pese a ello señaló que Canarias no podía oponerse a la recepción de los menores una vez llegados a la Comunidad Autónoma ni tampoco no darles los servicios mínimos que requieren.
