Así es la nueva okupación que ha aparecido en España

En España la okupación es un fenómeno en auge que mantiene en vilo a los propietarios de las viviendas. En España los números de okupación son alarmantes y las cifras de esta tendencia aumentaron durante el último año. De acuerdo a los números registrados por el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior, en el año 2023 se registraron un total de 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles por lo que el fenómeno no se queda quieto en el país.

Este delito se desarrolla de diferentes maneras de acuerdo a las regiones y las zonas. Según los distintos registros, Madrid y Barcelona están en la cabecera de los sitios donde más se desarrolla este fenómeno. Las usurpaciones o allanamientos de inmuebles fueron de 1.516 casos en la capital española y 4.610 casos en el enclave catalán mientras que en Valencia se contabilizaron alrededor de 828.

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La inquiokupación, un nuevo fenómeno en España que supera a la okupación

A la preocupante tendencia de la okupación en España se suma un nuevo concepto que preocupa de igual manera a los dueños y propietarios de residencias y pisos: la inquiokupación. Este concepto es considerado informalmente como una «okupación legal» y se refiere a la persona que renta una vivienda pero no paga la mensualidad correspondiente. La diferencia entre este concepto y la okupación radica en los derechos de cada una de las personas que la lleva a cabo. Esto significa que una persona que es okupa puede ser desalojado de inmediato y el delito tiene el nombre de «allanamiento de morada».

Aunque esta situación puede ser penada por morosidad, el marco legal no es tan contundente como en los casos de okupación y existen algunos derechos que garantizan que la persona que comete este delito no pueda ser fácilmente desalojada del hogar. Por ende, el sistema judicial deja en vilo al dueño de la casa y lo somete a un proceso lento y engorroso que puede traer problemas económicos. En el caso de la okupación, los inquilinos entran en la propiedad sin ningún tipo de consentimiento ni contrato por lo que el Código Penal Español puede implementar penas de prisión para el que lo lleve a cabo.

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