El abogado de David Sánchez Pérez-Castejón, Emilio Cortés, presentó un recurso de súplica el pasado 30 de septiembre ante la juez de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, por los registros ordenados a la UCO de los mails en la Diputación de Badajoz. El abogado de David Azagra pidió a primeros de mes a la juez que destruyese los correos de su cliente incautados por los investigadores de la Guardia Civil, pero la juez lo rechazó por haberlo presentado fuera de plazo, y luego volvió a rechazar otro recurso de reforma por el mismo asunto. Así que al abogado de Sánchez sólo le quedaba el recurso de súplica que interpuso el pasado día 30, pero que tiene aspecto de seguir el mismo camino de los anteriores. Lo curioso del asunto es que en el último escrito el abogado alega su «derecho al ocio y descanso» y por tanto, no había presentado su recurso en agosto por ese motivo.
La juez que instruye la causa contra David Sánchez, el único hermano del presidente Pedro Sánchez, rechazó el penúltimo recurso del abogado Emilio Cortés por considerarlo extemporáneo o haber sido presentado fuera de plazo, al entender la instructora que el mes de agosto es considerado hábil para la práctica de diligencias mientras que el abogado de Sánchez alegaba que se encontraba de vacaciones. En este nuevo recurso de súplica Cortés justifica que «se entiende que el mes de agosto como un periodo inhábil para la interposición de recursos». Por este motivo, no presentó su recurso hasta la vuelta de las vacaciones de verano.
«SE ENTIENDE EL MES DE AGOSTO COMO UN PERIODO INHÁBIL PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS»
El abogado de David Sánchez sostiene que agosto «es un mes sin actividad procesal, por lo que esto del sacerdocio de cualquier profesional que elige dedicarse al Derecho Penal parece que depende de la función que se escoja. Y usamos el término sacerdocio en la acepción académica de consagración activa y celosa al desempeño de una profesión o ministerio elevado y noble, con preterición del derecho al ocio, que es lo que se nos quiere someter por elegir la rama de los delitos y las penas, el del abogado penalista, y el de su familia, por cierto», concluye.
LA JUEZ TRABAJÓ EN AGOSTO
Y alega en su favor y el de su representado, David Sánchez, «la falta de contradicción de las referencias jurisprudenciales propuestas por esta defensa y la representación del Ministerio Fiscal en orden a la consideración del mes de agosto como inhábil a los efectos de formalización de Recursos en causas como el que nos ocupa» y que «agosto es hábil para la práctica de diligencias indagatorias, esto es, para la mencionada investigación judicial, pero no para computar plazos procesales, que es algo no asumible por dicho giro legal».
Hay que recordar, como ya contó MONCLOA, que la juez Beatriz Biedma trabajó la primera quincena del mes de agosto para impulsar procesalmente la causa y no dilatar la misma sin necesidad. De hecho, la juez ya explicó en otro auto de 19 de septiembre que era «lo más beneficioso para la correcta instrucción de la causa» y por eso se tramitó todo «con mayor agilidad desde su incoación, incluido el mes de agosto, proveyéndose todos los escritos y recursos presentados por las diversas partes». La juez no quiere agotar el plazo de doce meses de instrucción antes de llegar a sus conclusiones.
En el mismo escrito la juez explicaba que se ha trabajado durante el verano «en detrimento del derecho al descanso de todos los profesionales intervinientes, y de esta juzgadora también, pero con la única finalidad de no retrasar el procedimiento y de resolver con eficacia para evitar acumulaciones de escritos y traslados de recursos simultáneos que entorpezcan la correcta tramitación y resolución de los mismos».
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bucea entre 44 millones de archivos, según publicó el diario El Debate, para tratar de encontrar entre los documentos incautados las famosas actas de contratación de la mesa de la Diputación Provincial de Badajoz que eligió a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente Pedro Sánchez, para ocupar la plaza de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social en Régimen Laboral de alta Dirección, el 3 de julio de 2017.
Pero los agentes de la Unidad Central Orgánica (UCO) de la Guardia Civil, la juez que instruye la causa en Badajoz y las acusaciones populares con la organización Manos Limpias a la cabeza sospechan que esas actas no existen, ya que la Diputación no las ha entregado todavía a pesar de que se les ha requerido junto con el contrato de Alta Dirección firmado por David Azagra, hermano del presidente del Gobierno.
En este intento de impulsar la causa la juez envió el pasado 24 de septiembre a la Benemérita a registrar un nuevo ordenador, en este caso el del Jefe de Recursos Humanos de la Diputación.
BUSCANDO DATOS DE DAVID SÁNCHEZ
Los agentes de la Guardia Civil ya han intervenido los ordenadores de la Diputación provincial en tres ocasiones y nada les asegura el éxito en encontrar comunicaciones que arrojen luz sobre la causa. El objetivo siempre ha sido el mismo, conocer el intercambio de correos entre los diferentes actores de esta trama, desde el presidente de la Diputación hasta David Sánchez Pérez-Castejón y obtener los documentos legales necesarios que acreditasen la contratación del músico en la Diputación.
El primer registro de la UCO en la Diputación apuntó a Elisa Moriano, directora del área de Cultura. Según se desprende del informe presentado por la Guardia Civil ante la juez fue ella quien habría propuesto la modificación en la Diputación para otorgar el puesto a David Sánchez. A la postre, Moriano fue también parte de la comisión asesora encargada de escoger a la persona para el puesto. La UCO, además, nombra al jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, Félix González; y a Manuel Candalija, jefe de Servicio de Actividades Culturales, además de al presidente de la Diputación pacense, el socialista Miguel Ángel Gallardo.
En la contratación también habrían participado tres diputados socialistas, Francisco Martos, diputado Delgado del área de Cultura y Deportes; Cristina Núñez Fernández, que tenía el cargo de diputada de Cultura; Emilia Parejo Gala, Coordinadora de la Delegación de Área de Igualdad de la Diputación, Félix González Márquez, Jefe de la Sección Gestión Administrativa y Asuntos Generales y Antonio Garrote, diputado delegado de Recursos Humanos. Este último rubricó las bases de la licitación y el contrato de alta dirección para el hermano del presidente del Gobierno. Además, del correo corporativo del propio David Sánchez.
El problema es que la documentación sobre todo lo relativo a la contratación de David Sánchez, no termina de llegar al juzgado. La Diputación Provincial dilata el proceso de entrega y la juez se impacienta, por eso envió a los agentes de la UCO el pasado 24 de septiembre, para intervenir en esta ocasión el ordenador de José Ramón Suárez Arias, jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Diputación. Si entre los documentos incautados aparecen los contratos o las actas de la mesa de contratación significará que al menos, existen, algo de lo que dudan los investigadores.
La UCO ha indagado en todos los correos enviados desde sus cuentas corporativas a partir del año 2016, aunque fue el 19 de mayo de 2017 cuando la convocatoria de empleo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, recogiendo las bases para «la provisión de puesto de trabajo de coordinador/a actividades conservatorios de música del área de cultura, juventud y bienestar social en régimen laboral de alta dirección».
La primera de las funciones recogidas en estas bases hacen referencia a la «coordinación de las actividades de los Conservatorios pertenecientes a la Diputación Provincial de Badajoz, Superior de Música «Bonifacio Gil» y profesional de música «Juan Vázquez»». Así hasta un total de 9 funciones especificadas en la contratación de David Sánchez. La UCO ya se ha dirigido a los responsables de estos centros para que aporten copias de sus comunicaciones con David Sánchez, si es que tienen alguna.
