El juez del Caso Koldo ha dado esta semana un impulso a la investigación de la trama de compra de mascarillas por parte del gobierno de Baleares. En esta comunidad autónoma el juez Ismael Moreno ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para intervenir los correos de dos ex altos cargos de Francina Armengol, ex presidenta balear y actual presidenta del Congreso de los Diputados y por tanto, tercera autoridad del Estado. Ismael Moreno ha pedido los mails intercambiados entre Soluciones de Gestión y Apoyo, empresa clave en la trama que importó las mascarillas desde China, y el ex subdirector de compras y logística del Servicio de Salud Balear, Antonio Mascaró, y el ex director general de la Consejería de Salud, Julio Miguel Fuster Culebras.
La intención del juez es que la UCO de la Guardia Civil obtenga «copia de la información que obre en su poder sobre cualquier reclamación formulada a Soluciones de Gestión vinculada o no, al contrato con número de expediente SSCC EM 226/20» del Gobierno balear, así como toda la documentación relacionada con la reclamación que hizo el gobierno de Francina Armengol sobre algunas mascarillas que no cumplían los estándares contratados.
El relato de los hechos que sería fundamental para el juez Moreno arranca el 25 de abril de 2020 cuando el director de la unidad de Gestión y Presupuestos del Servicio de Salud recibía un correo del director de Proyectos de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., con el asunto «Contenido avión 26.04.2020 (KN95)». En el mail se le comunicaba que «te mando la documentación de calidad del avión que está llegando el 26.04.2020 a Barajas mañana a mediodía o principios de la tarde. Este avión se podría escalar en Barajas destino Baleares. Lleva 1.470.600 piezas de los cuales: 500.000 de PUTIAN, 500.000 de HUIZHOU (Haier), 200.000 de FUBIAN, 170.000 de HAOYUN, 100.600 de LEIHUO. Os adjunto los Test Report del estandar ejecutivo GB2626 así como Inspection Report de contaje, empaquetado y fotografías de los productos. En los nombres de los ficheros se indica la cantidad del producto inspeccionado que va en el avión».
El día 26 de abril Soluciones de Gestión emite la factura número 20.035 dirigida al ente público balear por un importe total de 3.701.500€. El 27 de abril la Aduana emite un certificado de control de la mercancía en el que constan como exportador la empresa Soluciones de Gestión, el destinatario el Servei de Salut de las Illes Balears, el declarante/representante Lantimar Aduanas y Tránsitos y como descripción/código de la mercancía «Mascarilla protectora KN95/FFP2″. Ese mismo día se extiende un «Acta de recepción» por la conformidad del representante del ente público, Lantimar, al suministro de un total de 1.329 cajas, correspondientes «a 1.481.990 mascarillas entregadas».
El 27 de abril de 2020 la Subdirección de Presupuestos y Control del Gasto del Servicio de Salud da de alta a la empresa «Soluciones de Gestión y Apoyo a empresas S.L.» en el fichero de proveedores de la CAIB (Comunidad Autónoma Islas Baleares) a petición de su representante legal. Con la petición se adjuntaba una copia de escritura de constitución de la sociedad de fecha 27 de enero de 2017.
El 30 de abril de 2020 se registraba en el ente público la factura número 20.035 emitida por Soluciones de Gestión «debidamente conformada». El 1 de mayo, Antonio Mascaró, subdirector de compras y logística del Servicio de Salud Balear, suscribía un informe justificativo de la necesidad de la declaración por el órgano de contratación de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público): «per al pagament de les despeses de fletament i assegurança de l´avió Madrid-Palma resultants de l´enviament de material sanitari (masqueretas FFP2) per al tractament de pacients del Servei de Salut de les Illes Balears, afectats per la Covid-19, sol-licitar a l´empresa Soluciones de Gestión y Apoyo».
El 4 de mayo de 2020, el Director General del Servicio de Salud, Julio Miguel Fuster, dictaba como órgano de contratación una resolución por la que declara «la emergencia y la tramitación por el procedimiento de emergencia de la compra de material de protección individual a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo SL». El 8 de mayo el Consejo de Gobierno balear, presidido por Francina Armengol, adopta un acuerdo por el que se da por enterado (punto 1º) de las contrataciones de emergencia realizadas por el Servicio de Salud y en el punto 3ª daba su conformidad.
El 12 de mayo de 2020 la Plataforma de Contratos del Sector Público publicaba el contrato de emergencia SSCC EM 226/20 con el objeto de «Suministro material COVID19: mascarillas FFP2». Su presupuesto base de licitación (3.705.500€), la adjudicataria (Soluciones de Gestión) y la fecha del acuerdo de adjudicación (8/5/2020).
TRABAJO ADVIRTIÓ QUE LAS MASCARILLAS NO SERVÍAN
El 8 de junio de 2020 el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emite, a solicitud del Servicio de Salud Balear, un informe sobre los «Resultados de las verificaciones referidas a mascarillas, con motivo de la crisis sanitarias COVID19», relativos a los ensayos practicados. Según sus conclusiones, las mascarillas tipo KN95 suministradas por la adjudicataria del contrato no cumplían con los requisitos de una mascarilla FFP2 («no cumple FFP2»).
A pesar de ello, el 12 de agosto Antonio Mascaró, subdirector de Compras y Logística del ente público emitía un certificado de conformidad con el suministro prestado «de manera satisfactoria durante el año 2020» por la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas con número de CPV: 18143000-3 («indumentaria de protección») y por el importe de 3.701.500€.
El gobierno de Armengol sólo reclamó por este asunto años después. Tuvieron que pasar tres años y unas elecciones autonómicas con el cambio de gobierno para que la sustituta de Armengol, la popular Marga Prohens iniciase el procedimiento de reclamación ¿Por qué? Esa es la pregunta que nadie sabe contestar o al menos, los anteriores gestores no ofrecen una respuesta convincente. Por eso ahora el juez busca entre los correos con Soluciones de Gestión una prueba, al menos, de alguna reclamación.
Todo ello a pesar de que en julio de 2022 la Guardia Civil ya había requerido documentación al Servicio Público Balear de Salud sobre ese contrato al estar investigando las ventas de esa empresa en otras instituciones públicas españolas como el MITMA, Interior o el Gobierno canario.
Ahora el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ha pedido copia «del contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo, desde el 1 de septiembre de 2023 y hasta la fecha de cumplimiento del presente, de los intervinientes en la citada reclamación».
INVESTIGACIÓN INTERNA EN BALEARES
Antes de este auto judicial del pasado 30 de septiembre, el Director General del Servicio de Salud de las Illes Balears pidió al Consejo Consultivo de aquella comunidad autónoma el 28 de junio de 2024 que emitiese un dictamen para saber si el contrato firmado por el Gobierno de Francina Armengol en mayo de 2020 para la compra de 1,5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por 3,7 millones euros se podía resolver o no. Hace unas semanas el Consejo Consultivo declaraba la nulidad de ese contrato y abría una vía legal administrativa para que el actual gobierno balear reclame la devolución de ese dinero, lo que no deja en buen lugar a la actual presidenta de las Cortes Españolas.
A pesar de todo, el Gobierno de Armengol ya plasmó en informes escritos la reclamación formal denunciando el incumplimiento y pidiendo parte del dinero, alegando que las mascarillas no reunían las condiciones técnicas para el uso que debían tener. Concretamente, se le reclamó a la empresa la devolución de 2,6 millones de euros.
Pero, según fuentes del actual Gobierno balear, en realidad la formalización de esa reclamación se plasmó por escrito el 6 de julio de 2023, el mismo día en que la actual presidenta del gobierno regional, Marga Prohens (PP) tomaba posesión de su cargo.
La primera reclamación formal del nuevo Gobierno se produjo tras una Resolución del 24 de agosto de 2023, ya con Marga Prohens como presidenta balear, del «director general del Servicio de Salud de las Illes Balears, por incumplimiento culpable de la contratista y al que se le reclama (…) 2.626.584,40 €, correspondiente a la diferencia de precio entre las mascarillas KN95/FFP2 solicitadas y las mascarillas quirúrgicas entregadas por la contratista», según el informe emitido por el citado Consejo.
Baleares gastó un total de 4.767.866,76 €, fletes aéreos y pagos de aduanas incluidos, para 1.480.600 mascarillas al precio unitario de 2,50 euros, lo que supuso 3.701.500 €. El acuerdo del Consejo de Gobierno balear de 19 de junio de 2020 aprobaba la contratación de emergencia efectuada por el Servicio de Salud de Baleares por la crisis sanitaria del COVID 19.
Por todo esto, el 21 de marzo de 2024 el Director General del Servicio de Salud de Las Illes Balears resolvía, «como órgano de contratación, iniciar un procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad del contrato de emergencia SSCC EM 226/2020 al considerar que su adjudicación a la contratista habría infringido lo dispuesto en los artículos 65.1 y 66.1 de la LCSP», según el mismo informe. Este mismo procedimiento termina con una Resolución para declara la nulidad del contrato.
Tras saltar el escándalo Antonio Mascaró se intentaba defender en rueda de prensa explicando que el certificado que él mismo firmó «no tuvo a efectos prácticos trascendencia» para que la trama Koldo pudiera hacer negocios con otras administraciones. En ese sentido, Mascaró argumentó que ese documento no avalaba a Soluciones de Gestión y defendió que «es un documento estándar, se firman centenares de este tipo durante un año. Se recibe la petición de la empresa para presentarse a otros concursos y se deriva al departamento de planificación de compras, que emite un certificado a partir del número de unidades servidas por ese proveedor y el importe de la compra».
Por su parte, el ex director general de Salud Balear, Julio Miguel Fuster , acabó dimitiendo de su puesto en julio de 2022, pero no por el asunto de las mascarillas, sino después de que el Gobierno balear fuese condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) por intervenir en una oposición para anestesista a la que se presentó su hija.
La presidenta del Congreso y ex presidenta balear, Francina Armengol, ya admitió al comienzo del escándalo de las mascarillas que conocía a Koldo García Izaguirre como asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y aunque no recuerda todas sus comunicaciones de hace cuatro años, sí que negó «con total seguridad y rotundidad» que hablara con él de la contratación de ninguna empresa.
