Estar al día respecto a las distintas legislaciones que surgen en nuestro país es una importante responsabilidad de los directivos y emprendedores españoles. Esto implica no solo estar pendientes de las normas del sector, sino de las que afectan de manera genérica al mundo de la empresa.
En los últimos años, han aparecido nuevas normas enfocadas, especialmente, a la protección de proveedores, socios y clientes. Una de ellas es la LOPD, que ha hecho que muchas compañías tengan que contactar, por primera vez, con una Empresa de protección de datos y designar a un delegado de protección de datos.
La LOPD: una ley para proteger los datos del usuario
Los datos personales son, hoy en día, más vulnerables que nunca: al trabajar con una empresa o comprar sus productos, una persona ofrece información como su nombre, su teléfono o incluso datos bancarios o sanitarios.
Estos datos son muy interesantes para terceros y, por ello, las empresas que los obtienen han de recabarlos, custodiarlos y destruirlos de la manera correcta. Para ello, el 5 de diciembre de 2018 entra en vigor la llamada Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
Regida por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), esta norma se alinea con las leyes europeas de protección de datos personales.
Más allá de marcar ciertos protocolos y producir una serie de recomendaciones de buenas prácticas, la LOPD obliga a las empresas a designar a la figura de un delegado protección de datos.
Este perfil, que puede ser seleccionado en la propia empresa o representado por un profesional especializado de una empresa de protección de datos, tiene una función principal: garantizar que la normativa se cumple en todo momento.
Para ello, su trabajo comienza con un análisis previo de los hábitos de la empresa en materia de datos, la elaboración de un informe de mejora a través de una auditoria lopd y, posteriormente, la evaluación continua para certificar que sus recomendaciones se cumplen.
La externalización de la protección de datos
Conscientes de la importancia de cuidar al extremo todo lo relativo a protección de datos (las sanciones pueden llegar hasta los 300 000 euros en los casos más graves), muchos empresarios están dejando este protocolo y revisión en manos de empresas externas especializadas.
En opinión de quienes trabajan bajo esta fórmula, es una opción con una doble ventaja. Por un lado, se reduce la presión laboral en el seno de la propia empresa, que no tiene que invertir recursos propios y ponerse al día en la legislación concreta para adaptarse.
Por otro lado, se aseguran de que todo el proceso de adaptación es intachable, se reduce el margen de error y, derivado de ello, se elimina la posibilidad de ser sancionados por no estar custodiando de manera correcta los datos personales de clientes, socios, plantilla o proveedores.
Por todo ello, cada vez son más los emprendedores y las grandes firmas que confían en proyectos especializados en protección de datos para cumplir con una de las leyes más importantes de cuantas han entrado en vigor en los últimos años en el ámbito empresarial español.
