La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia condenatoria a diez personas por diversos delitos relacionados con la prostitución y la drogadicción de una menor tutelada por la Comunidad de Madrid. La joven, que en el momento de los hechos tenía entre 12 y 13 años, fue explotada sexualmente y obligada a consumir drogas por parte de esta red criminal.
El caso revela la vulnerabilidad de los menores bajo tutela del sistema de protección y la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia y control para evitar este tipo de situaciones aberrantes. Las penas impuestas, de entre 6 y 27 años de cárcel, reflejan la gravedad de los delitos cometidos y la firme voluntad de la justicia de erradicar este tipo de redes de explotación de menores
EXPLOTACIÓN SEXUAL Y CONSUMO DE DROGAS DE UNA MENOR TUTELADA
La menor, que en el momento de los hechos se encontraba tutelada por la Comunidad de Madrid en un piso en régimen abierto, fue captada por su tía materna para ser prostituida y drogada por una red de delincuentes. La tía, con el fin de satisfacer su propia adicción a las drogas, «movió a la menor a acercarse a varones mayores de edad del vecindario» para que mantuvieran relaciones sexuales con ella a cambio de dinero o drogas.
Así, la joven, que tenía entre 12 y 13 años en ese momento, acudía frecuentemente al domicilio de su tía y de los amigos de ésta, donde era obligada a consumir drogas, principalmente cocaína, e inducida a prostituirse con los conocidos de su tía.
LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA, PRUEBA CLAVE
En el juicio, todos los acusados negaron todo contacto sexual, corrupción, producción pornográfica, exhibicionismo o prostitución de la menor, así como haber favorecido su consumo de sustancias estupefacientes. Solo uno de los acusados reconoció haber mantenido con ella relaciones sexuales con penetración en una ocasión, alegando, eso sí, desconocer que fuera menor.
Sin embargo, el tribunal consideró acreditados los hechos conforme a las manifestaciones de la menor, aplicando la doctrina reiterada tanto en sede constitucional como casacional, que otorga a la declaración de la víctima, «especialmente en aquellos casos de delitos que se cometen en la intimidad», el valor de prueba testifical de cargo.
Condenas de entre 6 y 27 años de cárcel
SENTENCIAS CONDENATORIAS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN DE MENORES, AGRESIÓN SEXUAL Y CONTRA LA SALUD PÚBLICA
En consecuencia, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de entre 6 y 27 años de cárcel a diez personas por delitos de corrupción de menores, agresión sexual y contra la salud pública.
Estas severas condenas reflejan la gravedad de los hechos y la firme determinación de la justicia de erradicar este tipo de redes de explotación de menores, que vulneran de forma flagrante los derechos fundamentales de los más vulnerables.
El caso pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia y control en el sistema de protección de menores, con el fin de evitar que situaciones como ésta vuelvan a producirse y garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y jóvenes bajo tutela.
