La diplomacia española está trabajando activamente para proteger a los ciudadanos españoles que han sido detenidos de manera injusta en el extranjero. El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que el Gobierno de Venezuela ha confirmado la identidad y los cargos de los dos ciudadanos vascos detenidos en ese país por supuesto espionaje.
Albares ha explicado que, tras recibir la confirmación oficial de la detención y los cargos, el Gobierno español ejercerá la «protección diplomática y consular» de los ciudadanos, José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, para que puedan regresar a España junto a sus familias.
La Detención de Ciudadanos Españoles en Venezuela
El Ministro de Exteriores ha detallado que los dos ciudadanos vascos detenidos no tienen ninguna relación con organismos públicos españoles, como el CNI. Además, ha evitado responder sobre los cargos específicos que les han sido imputados, alegando que su Ministerio debe «trabajar con tranquilidad» y que los detenidos tienen «derecho a la intimidad».
Albares ha recordado que esta no es la primera vez que se enfrenta a una situación similar, donde ciudadanos españoles son retenidos de manera injusta en el extranjero. Ha mencionado casos como el de la cooperante Juana Ruiz, detenida en Israel, y el de Santiago Sánchez Cogedor y Ana Baneira, retenidos en Irán.
El Compromiso del Gobierno Español
El Ministro de Exteriores ha asegurado que en todos estos casos «todo se resolvió felizmente» y que no va a «escatimar esfuerzos» para que la situación de los ciudadanos vascos detenidos en Venezuela se resuelva «lo antes posible». Esto demuestra el compromiso del Gobierno español con la protección de sus ciudadanos, incluso en situaciones complejas y delicadas a nivel internacional.
La diplomacia española juega un papel fundamental en estos casos, ejerciendo su influencia y utilizando los mecanismos diplomáticos necesarios para garantizar el regreso seguro de los ciudadanos españoles retenidos injustamente en el extranjero. Este esfuerzo forma parte del compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos y la seguridad de los españoles, independientemente de su lugar de residencia.
